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El vicepresidente ha detallado en el Parlamento el incremento de personal funcionario para los juzgados y la Fiscalía
(Prensa Junta Andalucía) La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local va a dotar de un sistema de gestión de turnos y cita previa a 24 Registros Civiles en Andalucía, que podrá estar en funcionamiento en seis meses y que tiene como “objetivo evitar que los ciudadanos tengan que realizar largas colas a la hora de hacer algún trámite”.
Así lo ha explicado el vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, en Comisión parlamentaria donde ha comparecido a petición propia para explicar los proyectos y medidas que se están poniendo en práctica en el área de Justicia.
De esta forma, Marín ha destacado la puesta en marcha de este nuevo sistema, cuyo expediente está ya en tramitación, por lo que “se estima un plazo de seis meses para su puesta en funcionamiento”. Este nuevo modelo “se va a llevar a cabo en aquellos 24 partidos judiciales que más demandan tienen”, ya que “el objetivo del mismo no es más que acabar con esas largas colas de espera”.
Otro de los aspectos que ha destacado el responsable de Justicia en Andalucía es el incremento de personal para los juzgados y la Fiscalía, así como el mantenimiento de los 247 interinos que en la actualidad prestan tareas de refuerzo. En 2020, se va a dotar a los órganos judiciales de 146 funcionarios más (23 de ellos destinados al Ministerio Público) a los que hay que sumar otras 142 plazas gracias “a un plan de estabilización de los puestos ocupados por interinos durante más de tres años”, con lo que esas plazas pasarán a ser estructurales en los órganos judiciales afectados.
Las nuevas plazas de funcionarios creadas en 2020 incluyen 16 funcionarios para juzgados de Paz de poblaciones con más de 7.000 habitantes, cuyos jueces van a recibir formación por parte de la Consejería gracias al nuevo Convenio de Colaboración que se va a firmar con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la finalidad de organizar actividades de formación continua y perfeccionamiento para jueces y magistrados. En esta edición, según ha indicado el vicepresidente “incluirá formación para jueces de Paz, ya que desde 2016 no se contemplaba”.
En cuanto a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF), Marín ha anunciado “la elaboración de un nuevo protocolo de actuación médico forense para determinar la edad de menores extranjeros no acompañados, por la necesidad de marcar pautas y actuaciones comunes en todas las provincias”.
Otra de las actuaciones que ha destacado el vicepresidente es la creación de nuevas salas Gesell (un espacio que permite la grabación de las declaraciones de víctimas vulnerables para evitar que tengan que volver a repetir la experiencia traumática), de tal forma que en toda Andalucía se van a poner en marcha 28 a lo largo del año. Todas ellas están ya terminadas y puestas a disposición del Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía (SAVA) de cada una de las provincias, “lo único que está pendiente es la instalación de los sistemas de grabación”.
No obstante, estos espacios ya pueden ser utilizados “para exploración de menores o víctimas, ya que se trata de un espacio más agradable en el que atenderlos y en un ambiente más relajado”.
Precisamente, estas salas Gesell han sido una de las inversiones llevadas a cabo durante 2019 a cargo de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. “En 2019 tuvimos que ejecutar las cantidades de dos Pactos de Estados (2018 y 2019), ya que a nuestra llegada la misma se encontraba ejecutada en un 0%. En 10 meses hemos ejecutado más de 6,2 millones de euros”, ha destacado Marín.
Por último, el vicepresidente ha incidido en que con los presupuestos correspondientes al Pacto de Estado de Violencia de Género de 2020 y, “dado los resultados positivos de las actuaciones llevadas a cabo en el 2019, se han mantenido los refuerzos asignados a órganos judiciales, Fiscalía e IMLCF, y así continuar con la labor de asistencia a la víctima, y de mejora de los procedimientos de atención y valoración que se llevan a cabo”.
Esto supone que “hemos mantenido un total de 149 personas reforzando la atención a la mujer durante todo el procedimiento judicial”, ha concluido.
