Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 16 segundos
Montesinos destaca que el GPP ha presentado dos PNL en el Congreso en este sentido y propone elevar la tasa de reposición al 100% para los consistorios que cumplen las reglas fiscales y disponen de remanentes para una eficaz prestación de los servicios públicos
(Nota PP Málaga) El vicesecretario de Comunicación del PP y diputado nacional por Málaga, Pablo Montesinos, ha instado hoy al Gobierno a que permita el uso del cien por cien del superávit a los ayuntamientos malagueños para la lucha contra el coronavirus.
El dirigente popular ha informado de que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado dos proposiciones no de ley (PNL) en el Congreso en este sentido, reclamando al Ejecutivo de Sánchez que «flexibilice la Regla de Gasto para que los consistorios dispongan de la totalidad del superávit generado en 2019 y puedan tomar medidas extraordinarias que permitan actuar contra los efectos sanitarios, sociales y económicos derivados de esta pandemia, siempre que no supongan gastos estructurales», ha explicado.
Del mismo modo, Montesinos ha propuesto «elevar la tasa de reposición al cien por cien de la plantilla para esos ayuntamientos que han cumplido las reglas fiscales y que disponen de remanentes para una prestación eficaz de los servicios públicos».
«Desde el Partido Popular ya hemos presentado más de mil iniciativas parlamentarias centradas en la gestión del coronavirus, si bien con estas dos PNL nos hacemos eco, además, de la reclamación de muchos municipios que han pedido el uso de ese superávit para una mejor gestión de esta crisis sanitaria», ha manifestado el diputado popular.
En este sentido, Montesinos ha reivindicado que «el compromiso de los diputados del Partido Popular por Málaga, más en estos tiempos de crisis, es trabajar siempre en defensa del interés general y, por eso, como siempre hemos hecho, emplazamos al resto de fuerzas políticas a sumarse a nuestras iniciativas».
Sobre las medidas solicitadas, ha especificado que dichas iniciativas «plantean que el superávit pueda destinarse a gasto corriente o inversión sin computar en la regla de gasto ni en la estabilidad presupuestaria, no siendo necesaria la aprobación de un Plan Económico-Financiero por el uso de dicho remanente de Tesorería».
Además, proponen «autorizar a los ayuntamientos a realizar gastos no estructurales en áreas de las que estrictamente no son competentes, como empleo o educación, a fin de impulsar iniciativas o ayudas propias y atender de manera rápida, coordinada y eficaz a los vecinos afectados por la crisis del coronavirus, logrando así que la recuperación económica y del empleo se produzca a la mayor brevedad».
En esta línea, ha instado al Ejecutivo a «prorrogar los plazos para que las Inversiones Financieramente Sostenibles, financiadas con cargo al superávit de 2019, puedan ejecutarse en 2021, dado que la suspensión de plazos administrativos como consecuencia del estado de alarma conllevará que muchas de ellas no puedan acabarse en este ejercicio».
El GPP también exige que se permita levantar la suspensión de los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del Sector Público decretada por el estado de alarma en lo relativo a la contratación pública, «para no interrumpir los procesos de contratación de las entidades locales y agilizar la recuperación económica y del empleo tras la finalización del confinamiento», ha expresado.
Montesinos ha pedido igualmente al Gobierno que «considere la pandemia como una situación de grave peligro, al objeto de que las Entidades Locales puedan adquirir bienes y contratar los servicios y suministros necesarios para hacer frente a sus efectos».
Finalmente, el dirigente popular ha reclamado al Ejecutivo de Sánchez que «pague los 700 millones que el Estado adeuda al conjunto de las entidades locales del IVA correspondiente a diciembre de 2017 y que ponga en marcha medidas extraordinarias de liquidez, especialmente para que aquellos consistorios que no hayan tenido superávit puedan poner en marcha medidas y ayudas frente a la pandemia», al tiempo que ha reclamado que «designe a los ayuntamientos los fondos de impulso prioritario de políticas sociales y de reconstrucción social y económica dirigidos a las comunidades autónomas, además de crear fondos específicos para dichas entidades locales», ha concluido.
