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La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación se ha reunido con el Defensor del Pueblo Andaluz, a quien ha trasladado las medidas adoptadas por su departamento para hacer frente a la crisis social por la pandemia de Covid-19
(Prensa Junta Andalucía) La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha informado al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, en reunión celebrada a través de videoconferencia, que la atención a los menores extranjeros no acompañados está plenamente garantizada en nuestra Comunidad por la Junta de Andalucía.
Ruiz ha concretado que la Consejería ha alcanzado un acuerdo con las entidades colaboradoras que gestionan los dispositivos destinados a estos menores migrantes para el mantenimiento de 650 plazas en centros de protección en toda Andalucía. “El presupuesto para la financiación de todas estas plazas será aportado totalmente por la Junta de Andalucía, ya que el Gobierno central nos ha negado la subvención para mantener los dispositivos específicos para menores extranjeros no acompañados en el año 2020 que fue de 26 millones de euros en 2019”, ha señalado.
Por otra parte, Ruiz se ha referido al esfuerzo realizado desde la Consejería de Igualdad Políticas Sociales y Conciliación para dar cobertura a los jóvenes que cumplen la mayoría de edad, ya que se han incrementado notablemente los recursos de alta intensidad para ellos. De este modo, de las 215 plazas disponibles en el 2018 se ha pasado a disponer de 484 plazas en el 2020.
Así ha garantizado, igualmente, la atención a los menores que cumplen la mayoría de edad, a través de los programas desarrollados por la Dirección General de Infancia y que implican acciones como la realización de itinerarios formativo-laborales individualizados, basados en la tutorización y seguimiento personalizado, tareas de asesoramiento y acompañamiento para facilitar el proceso de cualificación profesional de cada joven o el establecimiento de una red de recursos formativos y empresariales (convenios con empresas) que posibilite la inserción en el mercado laboral.
La máxima responsable de las Políticas Sociales en Andalucía ha destacado el compromiso de su Consejería y del Gobierno andaluz para mantener el servicio público de protección de menores junto con la colaboración de las entidades.
“A pesar de que la situación de pandemia y crisis social derivada nos obliga a hacer una reorganización de todo el presupuesto de la Junta de Andalucía, todos los menores seguirán perfectamente atendidos en la red de centros de protección, tanto públicos como privados, y en los dispositivos específicos para niños y niñas migrantes”, ha subrayado Ruiz.
La consejera ha destacado que los propios datos del Gobierno central reconocen que Andalucía asume un flujo migratorio mucho mayor que el resto de Comunidades autónomas, con un 37 por ciento del total de los menores extranjeros no acompañados tutelados por el Estado. Por este motivo, “Andalucía seguirá solicitando la ayuda para la financiación de las actuaciones y el reparto responsable entre todas las Comunidades”.
Estos menores que llegan a Andalucía se encuentran, técnicamente, en situación de desprotección según la legislación vigente en materia de menores y es obligación de la Junta de Andalucía asumir la responsabilidad de atender a todos aquellos que se localicen en territorio andaluz, prestándoles la debida atención a sus necesidades básicas de alojamiento, alimentación, salud, educación e integración social.
Con el objetivo de evitar la sobre ocupación de años anteriores que afectaba, fundamentalmente, a los centros de titularidad pública, la Consejería de Igualdad puso en marcha tres modalidades de dispositivos específicos terminando así con la provisionalidad en la atención que reflejaban los recursos de emergencia: programas de Recepción, programas de Evaluación y Diagnóstico y programas de Inserción Social y Laboral.
Como ya se advirtió desde la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, el anuncio del Gobierno central de hacerse cargo del reparto de los menores extranjeros no acompañados entre las distintas Comunidades Autónomas y la instalación de nuevos recursos para su atención en los primeros días desde su llegada, no era una alternativa a corto/medio plazo al no contar con el respaldo legal y necesitar de diferentes modificaciones normativas, incluso la propia Ley de Andalucía de Protección del Menor.
Medidas sociales frente al Covid-19
Durante su reunión, la consejera también ha trasladado al Defensor del Pueblo Andaluz la planificación que ha realizado su departamento en cuanto a medidas para paliar la crisis social derivada de la pandemia por coronavirus. En este sentido, ha destacado los cuatro importantes instrumentos en torno a los cuales se ha trabajado y que han supuesto la movilización de 72 millones de euros.
El refuerzo, agilización y ampliación de cobertura de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía; el apoyo decidido a los Servicios Sociales Comunitarios de los ayuntamientos y diputaciones; los proyectos de garantía alimentaria entre el que se encuentra las tarjetas monedero para la compra de productos de primera necesidad por parte de familias vulnerables; y el incremento de las Ayudas Económicas Familiares.
