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Ortiz ha pedido, por tanto, que Andalucía se incorpore como sí han hecho otras CC.AA. al proceso para la certificación sanitaria por normas UNE-ISO para el mercado internacional, «si la Junta confunde una declaración responsable con lo que tiene que ser una norma ISO de garantía internacional, estamos confundiendo al sector y nos estamos equivocando a la hora de trasladar esa seguridad a los mercados con los que tenemos que competir. Así se lo hemos trasladado directamente por carta al consejero y la respuesta sigue siendo la misma», ha añadido.
«Los ayuntamientos tenemos que hacer frente a esta situación con recursos escasos, hemos hecho un esfuerzo enorme con la campaña de playas pero ahora que prima la seguridad de bañistas, visitantes y ciudadanos, debemos tener más recursos y no ha sido así. De los 10,5 millones de euros que la Junta anunció, 5 millones se han repartido de forma cuestionable por municipios y nos queda un sobrante de otros 5 millones que no es amplio pero que tampoco aparece, no sabemos en qué lo vamos a invertir», ha manifestado.
«Estamos ante un ataque a la autonomía municipal, a nuestra estabilidad económica al no darnos los recursos que necesitamos y que tendrían que ir a los servicios sociales como ha pasado con la tarjeta monedero o a futuros planes de empleo, mientras que los agentes de playas no están gestionados por los ayuntamientos», ha concluido.
«Hoy abren las playas y ni están los vigilantes ni están los fondos que los ayuntamientos necesitan», ha asegurado Ruiz Espejo. En este sentido, ha explicado que los vigilantes no han llegado aún «y ya han sufrido un recorte».
«Nos prometieron que iban a venir 1.000 vigilantes a las playas de nuestra provincia y la delegada del Gobierno anunció el otro día que iban a ser 900. A ver cuántos son finalmente cuando lleguen», ha dicho. En cuanto los fondos, ha afirmado que los anunciados hasta el momento por la Junta «son claramente insuficientes». «No se conocen los criterios para su reparto. Y, obviamente, no han llegado a tiempo», ha añadido.
«Volvemos a pedirle a la Junta de Andalucía un plan riguroso para que las playas de nuestra provincia abran con total garantía sanitaria. La Junta debe certificar la seguridad de nuestras costas. Tiene que dar garantía y seguridad sanitaria en las playas, ya que es competencia exclusiva de la administración autonómica. Y tiene que destinar a los ayuntamientos los fondos necesarios para su acondicionamiento y control. La Junta ha dejado caer la responsabilidad de la apertura de las playas sobre los hombros de los alcaldes. Esperemos que rectifique y asuma sus propias responsabilidades porque nos jugamos mucho este verano», ha manifestado.
Los socialistas han destacado el esfuerzo del sector y los municipios para que el destino turístico Costal esté ya preparado de cara a la temporada de verano. Ruiz Espejo ha insistido en que la apertura de las playas en óptimas condiciones sanitarias es clave para nuestra economía y nuestro empleo. «Nuestra provincia tiene 14 municipios con playas, una planta hotelera renovada y un prestigio ganado a pulso gracias al trabajo de empresarios, trabajadores e instituciones», ha resaltado.
En este sentido, ha denunciado el reparto «indiscriminado» del personal de vigilancia de playas o el dinero de las ayudas regionales para los municipios, «estamos discriminados, no sabemos los parámetros para saber por qué vienen solo 82 personas con funciones que ya estaban incluidos en nuestro plan de contingencia y tampoco sabemos ni el material que tendremos que comprar para acceder a las ayudas», ha expresado. Además, ha pedido a la Diputación de Málaga que destine los remanentes positivos que, año tras año, los ayuntamientos destinan de la aportación de parte de los impuestos de los ciudadanos, «con ese dinero podríamos invertir en los vecinos para paliar muchas de las necesidades que estamos atendiendo para no perder la cohesión local y para que el comercio local pueda seguir reactivándose», ha concluido.
Por último el regidor de Benalmádena, Víctor Navas, ha afirmado que «es una buena señal» que el 10% de las reservas turísticas internacionales que está recibiendo nuestro país se concentre en Andalucía, «Torremolinos y Benalmádena estamos tirando de la demanda y esperamos que pueda repercutir en generar más empleo y riqueza», ha dicho.
Sin embargo, ha criticado «el ataque a la autonomía de los ayuntamientos de la Junta de Andalucía, que tendría que tener una sensibilidad con los consistorios, que somos los que conocemos la realidad de los territorios y los que tenemos la cercanía ante los ciudadanos. No sabemos cómo se van a gestionar los agentes de playas o como se van a gestionar los servicios sociales comunitarios, eso nos supone mucho desasosiego».
«Existe un afán centralizador de los gobiernos de derecha de quitarnos cualquier tipo de autonomía, lo hicieron en 2014 con la ley de estabilización presupuestaria y lo hacen ahora en la Junta en aspectos tan importantes como la gestión de las playas. Pido a la Junta que respete la autonomía de los ayuntamientos, somos los que trabajamos en primera línea para garantizar los servicios y para dar calidad al sector turístico, pedimos que se nos respete y que se nos deje trabajar», ha concluido.