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El PP se ha abstenido a la aprobación inicial de una nueva ordenanza de la Zona Azul condicionado al compromiso del Ayuntamiento con la Asociación de Minusválidos Físicos de Torremolinos, A.M.I.F.T.O., para que continúe con la gestión del control de aparcamiento de superficie y que se apliquen a los autónomos que residan en Torremolinos, tarifas similares de la zona verde para residentes
(PP Torremolinos) Maratoniana sesión ordinaria la vivida esta mañana en el salón de plenos mientras que ante las puertas del Ayuntamiento se volvían a concentrar trabajadores municipales convocados por los sindicatos. Exigen que se les informe de cuáles son las dificultades reales de Tesorería tras los retrasos en el abono de la paga extra mientras desmienten que el recorte del 10% en salarios y la eliminación de prestaciones del convenio que plantea el equipo de Gobierno de forma unilateral “es para aumentar las ayudas sobre los vecinos más necesitados”. Por su parte, la concejala de personal, Carmen García Bernal, ha afirmado que las negociaciones no han comenzado “a la espera de la redacción de un plan de ajustes”.
Dentro de la sesión plenaria, la corporación ha aprobado una moción del PP para que se inste a la Junta de Andalucía a que continúe desarrollando Planes de Empleo Local. Tal y como replicó la edil del PP Marta Huete a Josefina Serdio (Adelante Torremolinos): “Reclamen al Gobierno Central los 201 millones de euros destinados a Planes de Empleo para que podamos aumentar las partidas de la iniciativa AIRE. A Torremolinos le corresponderá la cantidad de 1.007.811,33 de euros, lo que permitirá la contratación de 98 personas a partir de septiembre durante de 6 a 8 meses con el anticipo del 100% de los fondos a cargo de la Junta y tendrán prioridad los desempleados residentes en el municipio que estén especialmente afectados por la crisis sanitaria con tres franjas de edades de contratación y mediante oferta en el SAE”, manifestaba Huete.
Por otro lado, el PP se ha abstenido a la aprobación inicial de una nueva ordenanza fiscal nº 85 reguladora de la tasa correspondiente por el estacionamiento regulado de Vehículos Turismos de Tracción Mecánica en Vías y Espacios Públicos (Zona Azul), y lo condiciona al compromiso del Ayuntamiento a que mantenga el acuerdo que se inició en 1996 con la Asociación de Minusválidos Físicos de Torremolinos, A.M.I.F.T.O., tal y como ha expuesto el concejal José Manuel Ruiz: “Para que no peligren los puestos de medio centenar de personas con diversidad funcional que trabajaban en el control de aparcamientos en superficie. Hemos sabido que se encomienda a la empresa municipal SAMSET el servicio asumiendo los costes de gestión con sus propios recursos de personal”.
También se ha rechazado la enmienda del PP que recogía las opiniones de los ciudadanos a través de la consulta pública previa sobre la Zona Azul para que se apliquen a los autónomos que residan en Torremolinos, tarifas similares de la zona verde para residentes. Como explica Rivas: “Lo habíamos pedido condicionado a que estén al corriente del pago de impuestos, dados de alta del IAE con domicilio en las vías o sectores sometidos al servicio de estacionamiento regulado con limitación horaria y estén dado de alta como profesionales relacionados con el comercio y la hostelería, la construcción, transporte y comunicaciones y profesionales relacionados con las actividades financieras, jurídicas, de seguros y alquileres y que beneficie a un sólo un vehículo por domicilio fiscal”.
Mientras que ha salido adelante la enmienda de los populares que propone que queden exentos de pagar la tasa: los vehículos de auto-taxi en maniobras de carga y descarga de pasajeros, los destinados a la asistencia sanitaria y de instituciones declaradas benéficas y los vehículos de Policía y Protección Civil.
El edil del PP, Luis Rodríguez, ha defendido una enmienda que ha sido denegada para instar al Gobierno de España a la tramitación de la Proposición de Ley Orgánica de la Ley Antiokupación, presentada por el PP, para que se recupere el delito de usurpación que lleve aparejada condenas de uno a tres años de cárcel, que el desalojo por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se pueda hacer un máximo de 48 horas, así como que se prohíba a los Ayuntamientos la posibilidad de empadronar a los okupas en las viviendas ilegales en las que se encuentran con dos objetivos, que los okupas no reciban ayudas sociales y la imposibilidad de desahucio y que las comunidades de vecinos y los propietarios de viviendas, ante comportamientos violentos de los okupas, puedan actuar directamente ante los tribunales.
En el apartado de ruegos y preguntas el edil del PP, Francisco García, ha solicitado que en la próxima sesión de la Junta de Gobierno local se apruebe un Plan Estratégico Covid-19 para que los centros escolares incluya dotación de material de protección, la señalización de los flujos de circulación e indicaciones de distancia de seguridad, pulsadores de pie para las fuentes de agua e instalación de grifos para que los alumnos se puedan lavar las manos en el recreo, la creación de un plan de limpieza y desinfección para que a las clases se actué también en las salas comunes, comedores y aulas matinales y la delimitación de las aceras mediante bolardos y la habilitación de varias vías de entrada y salida en el colegio de La Paz. También ha solicitado que se lleve a cabo la desinfección y desratización de centros escolares, que se poden los árboles que rodean el CEIP Mar Argentea, se hagan trabajos de reparación y pintura en el CEIP La Paz y se repare el muro del colegio Benyamina.
Por su parte la edil popular, Gloria Manoja, ha preguntado al equipo de Gobierno sobre la situación real del macro proyecto del Centro Comercial y de Ocio de INTU: “Tras 7 meses de la aprobación del PGOU, Intu debía abonar 389.000 euros pero las últimas noticias que tenemos es que la compañía británica ha entrado en concurso de acreedores por una deuda de 5.000 millones, según publica la prensa. Desde el 11 de marzo venimos solicitando que nos informen de la marcha del proyecto a través de tres escritos y aún no hemos recibido una respuesta clara”, se quejaba la concejala.
En este apartado no resolutivo, el grupo Municipal del PP también ha hecho un ruego para que se deje sin efecto la iniciativa del proyecto del Centro de Interpretación Turística en los actuales presupuestos y los traslade al ejercicio 2021 “ya que supondría un desembolso de 200.000 euros de recursos propios que puede utilizarse para otros fines sociales frente a la Covid-19”, han argumentado. También se ha solicitado el desbrozado de parcelas municipales y particulares que supongan un riesgo de incendio para el patrimonio verde y para los vecinos; se ha preguntado por los horarios y reapertura de piscinas municipales y se ha pedido que se elabore una campaña informativa para ayudar a los vecinos de Torremolinos a tramitar sus certificados digitales, “se les podía explicar cómo realizar este trámite en el centro cultural, bibliotecas, centros de convivencia, ya que las citas presenciales se demoran más de un mes y hay pocos teléfonos habilitados, o bien que se refuerce el personal de padrón y del registro para la validación de este certificado”, según ha explicado la edil Gema Pérez.
