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La consejera Rocío Ruiz ha destacado que el Gobierno andaluz cumple así otro de sus compromisos con estas transferencias a los ayuntamientos y Diputación de la provincia
La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha destinado más de 1,1 millones de euros (1.144.467,02 euros) para el refuerzo de los servicios sociales comunitarios de la provincia de Málaga con 62 nuevos profesionales (26 trabajadores y trabajadoras sociales y 36 efectivos para personal administrativo), con el objetivo de agilizar la tramitación de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía.
En concreto, las localidades de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Antequera, Benalmádena, Cártama, Coín, Estepona, Fuengirola, Mijas, Nerja y Rincón de la Victoria contarán con un trabajador o trabajadora social más, que serán 3 en Marbella, 7 en Málaga capital y 5 en el caso de la Diputación Provincial.
Por otra parte, los ayuntamientos de la provincia que contarán con un nuevo efectivo de personal administrativo para la tramitación de la Renta Mínima serán: Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Antequera, Benalmádena, Cártama, Coín, Estepona, Fuengirola, Mijas, Nerja, Rincón de la Victoria, Ronda, Torremolinos y Vélez-Málaga. Estos serán 4 para Marbella, 12 para Málaga capital y 6 para la Diputación Provincial.
En total para toda Andalucía, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha destinado más de 7,7 millones de euros (7.771.376,00 euros) para el refuerzo de los servicios sociales comunitarios con 422 efectivos. Estos nuevos profesionales se unen a los 935 que se están contratando por las entidades locales a través de la Estrategia Regional de Intervención en Zonas Desfavorecidas (ERACIS) en el presente año, por lo que la suma total será de 1.357 profesionales.
Según la Orden publicada en el BOJA, se van a transferir créditos a las entidades locales por valor de 4.112.474,17 euros a fin de reforzar dichos servicios en personal administrativo en todos los centros (249) y un total de 3.658.901,83 euros para un trabajador o trabajadora social en cada uno de los centros de los servicios sociales comunitarios (173) que no coinciden con Zonas Desfavorecidas.
La consejera Rocío Ruiz ha resaltado que esta medida se justifica “en las importantes funciones que las entidades locales desarrollan en el acceso a esta prestación, entre otras, la elaboración de los planes de inclusión sociolaboral de las unidades familiares perceptoras de la Renta Mínima”.
El objetivo no es otro que “fortalecer la plantilla de estos servicios de forma permanente para que sean realmente la puerta de entrada del Sistema Público de Servicios Sociales y pueda acabarse con las listas de espera que hay en algunos centros de servicios sociales”, ha destacado.
Ruiz ha denunciado que el anterior Gobierno socialista dejó de invertir en 2018 más de 141 millones de euros de los 198 que estaban presupuestados, ejecutando, por tanto, solo 56,9 millones de euros. “Es un problema derivado de la manifiesta incapacidad de gestión del Gobierno socialista en esta materia, ya que aprobó el Decreto Ley de la Renta Mínima sin haber realizado una labor previa de información, planificación y adecuación de medios técnicos y de personal”, ha subrayado.
“Frente a esta dejadez e incompetencia del anterior Gobierno, nosotros cumplimos nuestros compromisos mediante una inversión presupuestaria importante y un refuerzo de personal fundamental para que la Renta Mínima llegue a una población especialmente vulnerable”, ha puntualizado la consejera. De hecho, en el año 2019 el grado de ejecución se elevó hasta los 122 millones de euros.
La nómina del mes de junio de la Renta Mínima alcanzó la cifra de 17,3 millones de euros, lo que supone un máximo histórico desde la implantación de esta prestación en el año 2018. En concreto, esta ayuda benefició en junio a 20.019 familias andaluzas, es decir, 5.404 más que en el mes de mayo cuando llegó a alcanzar a 14.615 núcleos familiares.
