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El PP quiere atajar el fenómeno de la “Okupación Ilegal” en Torremolinos con un plan de medidas que contempla la creación de un Servicio de Atención Ciudadana, el control de empadronamientos, un registro municipal de viviendas desocupadas, un Plan especial de Servicios Sociales y una Comisión Interdisciplinar de Actuación y seguimiento de “inmuebles okupados”, coordinado por la Junta Local de Seguridad
(Grupo Municipal PP Torremolinos. Con el objetivo de hacer un diagnóstico ante la preocupante problemática de la “okupación ilegal” en Torremolinos, durante los últimos dos meses la viceportavoz adjunta Gloria Manoja, junto a miembros del Grupo Municipal del PP se han reunido con afectados y asociaciones de vecinos para conocer de primera mano cuál es la situación en el municipio: “Creemos que el Ayuntamiento no puede mantenerse ajeno a los episodios de ocupaciones ilegales que afectan a nuestra ciudad lo que se traduce en delincuencia, venta de drogas, reyertas, peleas y altercados del orden público que provocan malestar y miedo entre los vecinos y residentes”, ha explicado.
Por ello, el PP local llevará un ruego al próximo Pleno Ordinario del 24 de septiembre en el que plantean 6 medidas que, como ha anunciado Manoja, “deben coordinarse entre las distintas concejalías, administraciones y agentes sociales afectados para buscar soluciones globales a esta problemática”.
Las actuaciones que propone el PP dentro del Plan son la creación de una Oficina de Atención Ciudadana que atienda los casos de “okupación ilegal” habilitando un espacio en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso; en segundo lugar que se establezcan mecanismos de control y fiscalización del empadronamiento más estrictos que permita al propietario comunicar al Padrón una inscripción de una vivienda ocupada sin consentimiento para que se inicie un expediente para anularla en caso de que se acreditara la falsedad del contrato aportado por el ocupante.
En cuanto al tercer punto, la edil del PP ha adelantado que se trata de “un Plan Especial de Servicios Sociales para realizar un seguimiento sobre la vulnerabilidad de las familias que acuden para ser atendidas ante la imposibilidad de acceder a un alquiler o vivienda por carecer de recursos económicos”.
Así mismo Manoja explica que “pedimos la creación de un Registro de Viviendas Desocupadas en el Ayuntamiento para facilitar al propietario, en caso de ocupación ilegal, tres documentos que son necesarios para la tramitación del atestado policial y de la instrucción judicial que son el título que acredite la propiedad, la no autorización a la ocupación de su vivienda y, en tercer lugar, vista las últimas instrucciones de la Fiscalía General del Estado, solicitar la medida cautelar de expulsión del “okupa” para que el propietario del inmueble vacío pueda inscribirlo acreditando su titularidad y su voluntad favorable a pedir el desalojo”.
La edil popular ha informado que, “también solicitamos la convocatoria urgente de la Junta Local de Seguridad para potenciar la coordinación y cooperación institucional y reforzar la eficacia ante la lucha contra este fenómeno y, por último, la creación de una Comisión Interdisciplinar de Actuación y Seguimiento de Inmuebles Ocupados en Torremolinos que establezca un protocolo de actuación y comunicación que incluya la intervención rápida de los agentes, el aviso a propietarios para que denuncien y la colaboración ciudadana y de comunidades de propietarios en comunicación directa con el Servicio de Atención Ciudadana y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”.
Manoja ha recordado que el Partido Popular presentó en enero de 2019 una Proposición de Ley para agilizar el desahucio de los “okupas” de viviendas en un plazo entre 12 a 24 horas introduciendo penas para los infractores que oscilaban entre 1 a 3 años de cárcel, en función del daño causado al inmueble, que fue rechazado por todos los partidos con representación en el Congreso de los Diputados, “No podemos permitirnos, como ha explicado Pablo Casado, que en nuestro país se produzcan 40 ocupaciones ilegales diarias, lo que se traduce que durante 2020 llevamos más de 3.700 y 7.450 denuncias relacionadas con este delito sólo en el primer semestre del año. Es un problema que debemos abordar coordinadamente con políticas sociales de atención a los más vulnerables, policiales y, sobre todo, de protección para la tranquilidad de nuestros vecinos y residentes en Torremolinos”, concluye.
