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Los 21 colectivos que forman parte de UPM, que representan a más de 45.000 profesionales colegiados de la provincia, exigen una mayor planificación y previsión normativa para casos de emergencia
Gabinete de Prensa del Colegio de Abogados de Málaga La Unión Profesional de Málaga (UPM), colectivo que engloba a 19 colectivos que representan a su vez a más de 45.000 profesionales colegiados de la provincia, ha elaborado un manifiesto dirigido al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía, según las competencias propias de cada administración, con motivo de la gestión realizada durante el estado de alarma y el confinamiento de la ciudadanía, personas autónomas y empresas, con objeto de aprender de los errores y evitar que se vuelvan a cometer en el futuro.
Exigir una mayor planificación y previsión normativa para casos de emergencia como el provocado por la crisis del coronavirus es una de las principales demandas de UPM, que también critica la profusión legal y el exceso normativo que se ha sufrido desde el mes de marzo, con continuas correcciones, modificaciones e incluso rectificaciones, en cuestión de horas, sobre asuntos de los que dependía la actividad económica de buena parte del país.
Además, los colegios profesionales lamentan que, a la hora de legislar, el Gobierno no ha contado con estos colectivos, que podrían haber aportado su visión y experiencia sobre el terreno, evitando decisiones erróneas fruto de la improvisación y el desconocimiento de la realidad de las empresas y personas autónomas.
“Exigimos, pues, ser interlocutores en la toma de decisiones y que se escuche la voz de los profesionales colegiados mediante la creación de una mesa de trabajo que reúna de manera periódica a representantes del Gobierno y de los colegios profesionales”, señala el manifiesto de UPM, colectivo que preside Francisco Javier Lara, decano del Colegio de Abogados de Málaga.
En el escrito, UPM apunta que el estado de alarma ha puesto de manifiesto la necesidad de poner en marcha cuanto antes inversiones importantes para afrontar con mayor solvencia situaciones inesperadas y de gran incertidumbre, como es el caso de las relacionadas con la salud pública y la sanidad, el medio ambiente, la educación, la protección social, el Servicio Público de Empleo Estatal o la Justicia, que ha dejado ver sin pudor todas sus carencias en este periodo.
Relacionado con este asunto, esta crisis ha aumentado la necesidad de que tanto el sector público como el privado avancen de manera decidida hacia una verdadera y eficaz digitalización en todos los sentidos, lo que incrementaría su utilidad, su productividad, su competitividad y su fortaleza.
Partiendo de la base de que garantizar la vida y la salud de la ciudadanía debe ser la prioridad de cualquier Gobierno, es preciso hacerlo compatible con el trabajo y la producción de bienes y servicios para evitar daños a la economía de un país.
Para ello, UPM considera “imprescindible” dotar a las empresas de medidas y protocolos de seguridad claros y eficaces para evitar la propagación de la COVID-19, garantizando la salud de toda la ciudadanía por igual.
De cara a un funcionamiento económico y social adecuado para el país, resulta fundamental establecer políticas que faciliten la conciliación personal y laboral de todas las personas, así como alcanzar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, eliminando todo rastro de discriminación o de acoso.
Los colegios profesionales también reivindican que se reconozca el trabajo y el esfuerzo que realizan los empresarios y autónomos, hombres y mujeres, para contribuir a mejorar la situación de España. En este punto, es preciso dotarles de mecanismos de ayuda para que puedan mantener la actividad económica y el empleo, con especial atención a los jóvenes y a los mayores de 55 años.
Asimismo, se insta al Gobierno a que muestre su compromiso y apoyo sin fisuras a sectores económicos vitales para España, como el turismo o la construcción, siempre en el marco de un modelo de desarrollo sostenible que apueste por el progreso social, el equilibrio medioambiental y el crecimiento económico, acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados en la Agenda 2030, de modo que ningún ciudadano se quede atrás. A la vez, debe crear las condiciones propicias para generar nuevas oportunidades de negocio en sectores relacionados con las TICs, las energías renovables, la agroindustria o la salud. “Además, se debe trabajar para retener el talento, aumentar las exportaciones y captar inversiones del extranjero, mostrando al mundo que España es un lugar excelente para vivir, para visitar y para invertir, para lo cual es fundamental ofrecer seguridad jurídica”, recoge el manifiesto.
La Unión Profesional de Málaga hace hincapié en las “terribles consecuencias” que esta crisis está teniendo sobre los colectivos más vulnerables, sobre aquellas personas que ya se encontraban o se han visto inmersas por la actual situación en procesos de empobrecimiento y de exclusión social. En este sentido, se ha evidenciado en estos meses la falta de coordinación entre organismos al no existir protocolos específicos y se ha podido observar una tendencia, por parte de las administraciones competentes, a la implantación de medidas de carácter benéfico-asistencial, relegando al sistema de Servicios Sociales a un papel asistencialista, en vez de consolidarlo como un pilar del Estado de Bienestar.
Dado que podrían producirse situaciones delicadas y similares en el futuro próximo, UPM propone la creación de un observatorio para la gestión administrativa de crisis o emergencias, mediante la cual, al igual que ocurre en otros sectores, se vayan revisando los protocolos, proponiendo mejoras de la normativa conforme la sociedad evolucione, evitando que los procedimientos se queden obsoletos, así como que puedan buscar maneras de optimizar la coordinación entre administraciones y los distintos colectivos implicados. Este observatorio tendría carácter permanente y estaría integrado por representantes de las distintas administraciones y de los colegios profesionales.
En el caso de producirse una nueva situación de alarma, este observatorio podría convertirse en el órgano coordinador de las medidas que se tomen por parte de las administraciones y tengan que ver con la labor de los profesionales; así como vehículo de información y propuestas desde los colegios a la Administración, consiguiendo mejoras en la gestión de la crisis con mayor grado de acierto y de rapidez en su puesta en marcha.
Miembros de la Unión Profesional de Málaga:
Colegio de Abogados de Málaga, Colegio de Administradores de Fincas, Colegio de Agentes Comerciales, Colegio de Aparejadores, Institutos de Censores Jurados de Cuentas, Colegio de Economistas, Colegio de Enfermería, Colegio de Farmacéuticos, Colegio de Fisioterapeutas, Colegio de Gestores Administrativos, Colegio de Graduados Sociales, Colegio de Ingenieros Industriales, Colegio de Ingeniería Geomática y Topográfica, Colegio de Médicos, Colegio de Periodistas, Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales, Colegio de Procuradores, Colegio Oficial de Psicología y Colegio de Trabajo Social.
MANIFIESTO
La Unión Profesional de Málaga (UPM), colectivo que representa a más de 45.000
profesionales colegiados de la provincia, realiza al Gobierno de España y a la Junta de
Andalucía, según las competencias propias de cada administración, las siguientes
reclamaciones tras la gestión realizada durante el estado de alarma y el confinamiento
de la ciudadanía, personas autónomas y empresas, con objeto de aprender de los
errores y evitar que se vuelvan a cometer en el futuro:
– UPM exige una planificación y previsión normativa para casos de emergencia como
el provocado por la crisis del coronavirus. No es de recibo que se aprueben leyes y
normas improvisadas, sobre la marcha, sobre asuntos tan sensibles como el hecho de
que un sector laboral pudiera ejercer su trabajo o no. Esta realidad ha provocado
situaciones tan surrealistas como tener que esperar a la publicación de un Boletín
Oficial del Estado un domingo por la tarde-noche para que una empresa o actividad
económica supiera si podía ponerse en marcha al día siguiente, con la consiguiente
inquietud para el tejido empresarial (empresarios y trabajadores).
– La profusión legal y el exceso normativo han incluido continuas correcciones,
modificaciones e incluso rectificaciones, en cuestión de horas, sobre asuntos de los que
dependía la actividad económica de buena parte del país. Esta situación se ha visto
agravada con el cierre de administraciones públicas, algo que no puede volver a
ocurrir. Oficinas cerradas, teléfonos sin atender, correos electrónicos que se bloquean
por el excesivo volumen y que obligan a crear un nuevo email. Lamentablemente, lo
que parecía que iba a desaparecer con la finalización del estado de alarma, sigue
siendo una realidad, ya que la nueva normalidad sólo ha llegado para empresas,
trabajadores y profesionales; la Administración sigue estando bajo mínimos.
– A la hora de legislar, el Gobierno de España no ha contado ni ha tenido en cuenta la
opinión de los colegios profesionales, que podrían haber aportado su visión y
experiencia sobre el terreno, evitando decisiones erróneas fruto de la improvisación y
el desconocimiento de la realidad de las empresas y personas autónomas. Exigimos,
pues, ser interlocutores en la toma de decisiones y que se escuche la voz de los
profesionales colegiados mediante la creación de una mesa de trabajo que reúna de
manera periódica a representantes del Gobierno y de los colegios profesionales.
Esta circunstancia ha provocado que, al contrario de lo que se buscaba desde el
Gobierno con la simplificación de los procedimientos de los ERTE, la realidad que han
padecido los profesionales dedicados al asesoramiento laboral ha sido otra:
procedimientos más complejos, como por ejemplo exigir en las comisiones
negociadoras la presencia de representantes sindicales, cuando todo el país se
encontraba en estado de confinamiento y estaba prohibido salir a la calle.
Para el caso de que la situación vuelva a repetirse (ojalá no sea así), desde el Ministerio
de Trabajo deben flexibilizarse -esta vez sí- los procedimientos, ayudando a empresas y
facilitando el trabajo de los profesionales que les asesoran. En este sentido, una
situación tan excepcional como la vivida no debe exigir la tramitación de un ERTE ante
la Autoridad Laboral por fuerza mayor, toda vez que con la declaración del estado de
alarma bastaría con la publicación en el BOE de aquellas actividades que deben cesar
en su actividad para considerarlas en situación de suspensión por fuerza mayor. No
debe ser necesario por tanto la tramitación de un ERTE ante la AL, y limitar las
tramitaciones a la solicitud de desempleo de las personas trabajadoras ante el SEPE, así
como a las comunicaciones necesarias ante la TGSS.
– El estado de alarma ha puesto de manifiesto la necesidad de poner en marcha cuanto
antes inversiones importantes para afrontar con mayor solvencia situaciones
inesperadas y de gran incertidumbre, como es el caso de las relacionadas con la salud
pública y la sanidad, el medio ambiente, la educación, la protección social, el Servicio
Público de Empleo Estatal o la Justicia, que ha dejado ver sin pudor todas sus carencias
en este periodo.
– Relacionado con el punto anterior, esta crisis ha aumentado la necesidad de que tanto
el sector público como el privado avancen de manera decidida hacia una verdadera y
eficaz digitalización en todos los sentidos, lo que incrementaría su utilidad, su
productividad, su competitividad y su fortaleza. Las pymes requieren una estrategia
global que les permita y facilite tener éxito en este recorrido. La formación y regulación
en este campo debe ser una línea de trabajo prioritaria. La situación vivida por los
profesionales dedicados al asesoramiento laboral y de seguridad social ha sido
lamentable como consecuencia de la continua paralización de las plataformas y
registros telemáticos, obligando a los profesionales a trabajar a altas horas de la noche
para evitar colapsos y caídas de los sistemas informáticos.
– Partiendo de la base de que garantizar la vida y la salud de la ciudadanía debe ser la
prioridad de cualquier Gobierno, es preciso hacerlo compatible con el trabajo y la
producción de bienes y servicios para evitar daños a la economía de un país.
– Es imprescindible dotar a las empresas de medidas y protocolos de seguridad claros
y eficaces para evitar la propagación de la COVID-19, garantizando la salud de toda la
ciudadanía por igual.
– De cara a un funcionamiento económico y social adecuado para el país, resulta
fundamental establecer políticas que faciliten la conciliación personal y laboral de
todas las personas, especialmente de aquellas familias en las que trabajan los dos
progenitores y tienen a su cargo a hijos menores de edad o personas dependientes.
– Del mismo modo se plantea como objetivo irrenunciable alcanzar la igualdad real y
efectiva entre hombres y mujeres, eliminando todo rastro de discriminación o de
acoso.
– Es necesario reconocer el trabajo y el esfuerzo que realizan los empresarios y
autónomos, hombres y mujeres, para contribuir a mejorar la situación de España. En
este punto, es preciso dotarles de mecanismos de ayuda para que puedan mantener la
actividad económica y el empleo, con especial atención a los jóvenes y a los mayores
de 55 años.
– El Gobierno debe mostrar su compromiso y apoyo sin fisuras a sectores económicos
vitales para España, como el turismo o la construcción, siempre en el marco de un
modelo de desarrollo sostenible que apueste por el progreso social, el equilibrio
medioambiental y el crecimiento económico, acorde con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible marcados en la Agenda 2030, de modo que ningún ciudadano se quede
atrás. A la vez, debe crear las condiciones propicias para generar nuevas oportunidades
de negocio en sectores relacionados con las TICs, las energías renovables, la
agroindustria o la salud. Además, se debe trabajar para retener el talento, aumentar las
exportaciones y captar inversiones del extranjero, mostrando al mundo que España es
un lugar excelente para vivir, para visitar y para invertir, para lo cual es fundamental
ofrecer seguridad jurídica.
– Los profesionales necesitamos, a través de los colegios profesionales, ser
interlocutores válidos a nivel de todas las administraciones, estatales, autonómicas y
locales, que atiendan nuestras necesidades y reconozcan la importancia que para la
sociedad han realizado las profesiones esenciales. Es importante no dejar
desamparados a los profesionales en situaciones como las vividas y sin recursos para
solventar las problemáticas que se le han ido presentando en los diferentes
procedimientos administrativos (laboral, fiscal, judicial…).
– Tras el estado de alarma, las administraciones públicas no atienden a los
profesionales de manera personal, la atención presencial ha quedado sólo para el
ciudadano. Sin embargo los mecanismos telemáticos recién implantados no siempre
son suficientes para relacionarse con la administración, habiendo todavía algunos
procedimientos cuya tramitación telemática adolece de errores y no son suficientes.
Incluso, en determinados trámites se ha dado un paso atrás, no pudiendo realizarse
ninguna gestión, ni telemática ni presencialmente.
– No se pueden olvidar las terribles consecuencias que esta crisis está teniendo sobre
los colectivos más vulnerables, sobre aquellas personas que ya se encontraban o se
han visto inmersas por la actual situación en procesos de empobrecimiento y de
exclusión social. Esta crisis también ha puesto de manifiesto la debilidad de un
sistema (servicios sociales, dependencia, etc.) que ha sufrido desde hace años
continuos recortes económicos, y en el que se puede constatar, entre otras carencias,
insuficiencia de personal, abuso de las contrataciones temporales, ausencia de
protocolos y criterios unificados de intervención ante situaciones de emergencia, una
excesiva burocratización de los procedimientos…, carencias que, unidas a la brecha
digital y de género, dificultan el acceso de la población más vulnerable a los sistemas
de protección, todo ello sin contar con una legislación estatal que unifique la atención
que se desarrolla en todo el territorio, así como una dotación presupuestaria
suficiente.
– Se ha evidenciado en estos meses la falta de coordinación entre organismos al no
existir protocolos específicos y se ha podido observar una tendencia, por parte de las
administraciones competentes, a la implantación de medidas de carácter benéficoasistencial, relegando al sistema de Servicios Sociales a un papel asistencialista, en
vez de consolidarlo como el IV pilar del Estado de Bienestar.
– Por todo ello, es necesaria una normativa estatal que garantice el Sistema de
Servicios Sociales, un incremento de la plantilla del personal de Servicios Sociales,
completando los equipos con las diferentes profesiones implicadas según la legislación
vigente, y que se haga con contratos dignos, de carácter indefinido, según ratios de
población adecuadas. También es preciso agilizar y simplificar los procedimientos y
trámites burocráticos con el cumplimiento de los plazos en tiempo y en forma,
manteniendo todas las garantías y apostando por la prescripción técnica profesional.
– Es imprescindible agilizar la tramitación de los expedientes de las personas en
situación de Dependencia, Pensiones no Contributivas, Renta Mínima de Inserción,
etc., y completar la puesta en marcha de la Ley de Servicios Sociales en Andalucía.
– Por otra parte es incalificable que, viviendo el 80% de la población española en
edificios conformados como comunidades de propietarios, el Gobierno no haya
dedicado ni una sola de sus innumerables normas a regular qué uso podían o no
hacerse de los elementos comunes, dejando al libre albedrío de cada comunidad el
considerar si las normas establecidas para los espacios públicos podían aplicarse
analógicamente para estos espacios privados de uso comunal, con los consiguientes
conflictos que las diferencias de criterio han generado entre determinados vecinos y las
comunidades o directamente entre los propios vecinos.
– Igualmente, llama poderosamente la atención y demuestra a las claras el profundo
desprecio que nuestros gobernantes dispensan a los colegios profesionales y que,
concretamente en el ámbito de la administración de fincas, se haya dejado a las
comunidades de propietarios sin la posibilidad de celebrar reuniones por
videoconferencia o conferencia telefónica múltiple, al no haberse incluido a las mismas
dentro de las entidades reguladas en los artículos 40 y 41 del Real Decreto-Ley 8/2020,
sin que tampoco se hubiera enmendado el error en las posteriores revisiones y
modificaciones de esta norma, disponiendo que únicamente podrían contar con dicha
posibilidad de adopción de acuerdos, las asociaciones, sociedades civiles y mercantiles,
cooperativas y patronatos. Sin embargo, las comunidades de propietarios, en su
condición de entidades que aglutinan al 80% de la población española, se las deja
fuera, sin posibilidad de reunirse físicamente ni por videoconferencia, privándoselas
totalmente de la posibilidad de adoptar acuerdos absolutamente necesarios para su
normal funcionamiento y mantenimiento de la calidad de vida de sus habitantes.
– Dado que podrían producirse situaciones delicadas y similares en el futuro próximo,
tendría sentido que se creara un observatorio para la gestión administrativa de crisis
o emergencias, mediante la cual, al igual que ocurre en otros sectores, se vayan
revisando los protocolos, proponiendo mejoras de la normativa conforme la sociedad
evolucione, evitando que los procedimientos se queden obsoletos, así como que
puedan buscar maneras de optimizar la coordinación entre administraciones y los
distintos colectivos implicados. Dicho observatorio tendría carácter permanente y
estaría integrado por representantes de las distintas administraciones y de los colegios
profesionales.
En el caso de producirse una nueva situación de alarma, este observatorio podría
convertirse en el órgano coordinador de las medidas que se tomen por parte de las
administraciones y tengan que ver con la labor de los profesionales; así como vehículo
de información y propuestas desde los colegios a la Administración, consiguiendo
mejoras en la gestión de la crisis con mayor grado de acierto y de rapidez en su puesta
en marcha.
También podría asumir una labor divulgativa sobre los procedimientos a seguir en el
caso de una eventual situación de emergencia sanitaria y que tenga efectos en los
sectores profesionales.
– A nivel SEPE, sería necesario disponer de una plataforma para la gestión de
prestaciones colectivas, que permita actuar al profesional desde su solicitud hasta su
finalización con sencillez, claridad y total seguridad jurídica, ofreciendo certidumbre a
los profesionales y a la ciudadanía en general.
