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Con este proyecto, unido a la Iniciativa AIRE, la comunidad habrá destinado ya cerca de 300 millones de euros a la creación de puestos de trabajo para paliar los efectos de la pandemia
Confía en que el presidente Sánchez responda a las dos cartas remitidas por Hacienda para modificar la “Ley de la tasa de descuento” con el fin de impulsar la colaboración público-privada
También insta al Gobierno de la Nación a actuar ante el crecimiento del fenómeno “okupa” y ha adelantado que mañana propondrá al presidente del TSJA la creación en la Fiscalía de una figura específica encargada de los asuntos de ocupación
(Prensa Junta Andalucía) El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha confirmado este jueves que su Gobierno está trabajando en una nueva iniciativa para la creación de empleo, con una inversión de 140 millones de euros. Se trata, según ha dicho, de un “proyecto ambicioso” para el que espera contar el mayor respaldo posible, puesto que sigue ahondando en la necesaria colaboración directa con los propios ayuntamientos andaluces para amortiguar los efectos de la Covid-19. Un anuncio que ya reveló el pasado día 18 en Tomares durante la entrega de acreditaciones del Plan AIRE –para la Activación, Impulso y Recuperación del Empleo– y que hoy ha concretado.
La unión de estos dos proyectos, además de otras iniciativas del Ejecutivo andaluz durante la pandemia, implicará una dotación total de cerca 300 millones de euros. “La Consejería de Empleo está trabajando con los grupos parlamentarios y también con agentes sociales y económicos, intentando moldear una nueva actuación dirigida a promover el empleo en nuestra tierra”. Un trabajo que se está llevando a cabo, ha agregado, “dialogando y llegando a acuerdos productivos. Todos los recursos que pongamos a disposición de esos ayuntamientos serán satisfactorios”.
Estas iniciativas para la creación de nuevos puestos de trabajo, la reactivación de la economía y la modernización de las infraestructuras y servicios en todas las provincias andaluzas son las metas que persigue el plan “Andalucía en Marcha”, con una dotación presupuestaria de alrededor de 3.500 millones de euros para el periodo 2020-2023, liderando la colaboración público-privada. “Se trata de que ningún andaluz vea que no estamos haciendo las cosas bien. Mientras llegan los fondos del Estado y los europeos, que no sabemos todavía cuándo, ni conocemos la letra pequeña ni si tienen unas condiciones inviables en 2021 y 2022, el Gobierno andaluz seguirá haciendo los deberes, poniendo todos los recursos a nuestro alcance”, ha añadido.
Al hilo de ese impulso de la colaboración público-privada por parte del Ejecutivo andaluz, Moreno ha incidido en que muchos de los proyectos que se van a levantar en Andalucía en todos los ámbitos van a venir de la mano de este tipo de colaboración. Obras, ha destacado, que serán una realidad y potenciarán los servicios públicos, al tiempo que dinamizarán la economía y generarán empleo. En relación con esto último, ha lamentado que España esté lastrada por leyes que desincentivan la participación privada y sólo se justifican en “prejuicios ideológicos trasnochados”, como la norma de desindexación (la denominada “ley de la tasa de descuento”) vinculada a la Ley de Contratos del Sector Público. Una norma que, a su juicio, es urgente modificar para impulsar, desarrollar y ejecutar los contratos de concesión en un momento tan importante.
En la sesión de control al Gobierno celebrada en el Parlamento andaluz, ha declarado que el presidente del Gobierno de la Nación, Pedro Sánchez, abrió la puerta a estudiar este asunto de forma conjunta (Ministerio de Hacienda y Consejería de Hacienda) en la Conferencia de Presidentes del pasado 4 de septiembre. “Confío en que la respuesta, cuando llegue (y ojalá llegue pronto), sea la que la sociedad necesita para salir adelante”, ha continuado. Y es que, para el presidente andaluz, es imprescindible que lo público y lo privado se den la mano para la recuperación de la comunidad, que tendría un “efecto multiplicador por cuatro” en proyectos para Salud, Educación o Infraestructuras, entre otras áreas.
Todo ello, según ha detallado, después de conocer ayer que el PIB español ha caído un 17,8% en el segundo trimestre, acumulando dos trimestres negativos. “Esto significa que estamos en recesión y que, por ende, Andalucía también lo está. El Gobierno de España tiene un grave problema económico y social y debe trabajar con el único objetivo de recuperar el Estado del Bienestar. El Gobierno tiene que empujar en esta dirección, pero también los ayuntamientos, las comunidades autónomas y la colaboración público-privada”, ha apuntado.
Medidas en marcha contra el fenómeno “okupa”
Durante su intervención, Moreno también ha subrayado las actuaciones que está realizando su Ejecutivo ante el crecimiento del fenómeno “okupa”, que en Andalucía tiene registrados 1.183 casos. En este sentido, ha señalado que la Junta finalizará el próximo mes la elaboración de una guía para responder a las dudas y orientar legalmente a las personas y comunidades afectadas. También para el mes de octubre, el Gobierno andaluz pondrá en marcha un sistema de información integral a los propietarios de estas viviendas a través de las oficinas de las delegaciones territoriales de Fomento.
Además, ha informado de que va a promover la creación de un Grupo de Trabajo o un Acuerdo de Colaboración entre las Consejerías de Justicia, Interior y Fomento para avanzar en el tema dentro sus competencias, y ha anunciado que mañana viernes trasladará al presidente del TSJA, Lorenzo del Río, la propuesta para la creación dentro de la Fiscalía de una figura específica encargada de los asuntos de ocupación, algo que ve “necesario”.
Dentro de este ámbito, Moreno ve urgente que el Gobierno de la Nación actúe, “porque tiene competencias para hacerlo”. En este punto, ha apostado por dotar de más recursos a las comunidades autónomas, en el caso de Andalucía, con más plantilla para la Unidad de la Policía Nacional Adscrita que contribuye en las funciones de acompañamiento judicial. Igualmente, ha planteado la modificación de la normativa estatal que afecta a estas situaciones (penal, civil, etcétera) y ha abogado por actuaciones que afronten el problema de forma integral, como la elaboración de un Plan “anti-ocupación” de viviendas que contemple medidas para el conjunto del país. “El Gobierno de España tiene que actuar porque se trata de defender el derecho a la vivienda y a la propiedad privada, nos jugamos la credibilidad y la confianza en nuestro sistema”, ha concluido.
