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Para Fuensanta Lima, España se sitúa a la vanguardia europea con la regulación del teletrabajo con medidas garantistas y con perspectiva de género, «destacan la garantía de estabilidad, el derecho a la desconexión o la protección en el contrato de trabajo», ha explicado
El senador Josele Aguilar ha afirmado que el gobierno está centrado en dar una solución al problema por los allanamientos y usurpaciones de viviendas y pide que no se sobredimensione esta realidad ni se entre en el alarmismo, al tiempo que recuerda que el gobierno ha reaccionado con la instrucción a la Fiscalía General del Estado para que se pida como medida cautelar el desalojo de la vivienda ocupadas ante una denuncia por estos delitos
(PSOE Málaga) La vicesecretaria general del PSOE de Málaga, Fuensanta Lima, ha afirmado esta mañana en rueda de prensa que las medidas impulsadas por el gobierno de Pedro Sánchez respecto al teletrabajo son garantistas y con perspectiva de género, «además, destacan la garantía de estabilidad, el derecho a la desconexión o la protección en el contrato de trabajo», ha dicho. «Esta regulación es una de las más avanzadas a nivel europeo, 3 millones de personas están utilizando el teletrabajo tanto en la administración pública como en la empresa privada», ha dicho.
Además, se ha referido al impulso a la ciencia con la inversión de 109 millones para crear 1.100 contratos a jóvenes investigadores, «el apoyo laboral a estos profesionales es el camino más claro para incentivar la investigación en nuestro país». En este sentido, se ha referido también la ampliación hasta diciembre del plazo para solicitar el Ingreso Mínimo Vital para cobrarlo de forma retroactiva a partir del 1 de junio así como la flexibilización en la presentación de documentación, «y se hace compatible con los ingresos que están contemplados en las Comunidades Autónomas», ha señalado.
«El gobierno está centrado en no dejar a nadie atrás, al igual que estamos apoyando el emprendimiento en un foro económico celebrado en Málaga capital, estamos cerca de las empresas», ha concluido.
Por su parte, el senador José Aurelio Aguilar, ha centrado su intervención en el tratamiento penal del allanamiento de morada y de la usurpación de la vivienda. «Estamos ante una realidad que se ha sobredimensionado e incluso se ha utilizado como desgaste al gobierno o publicitario para algunas empresas, no es una situación que se dan con habitualidad como reflejan los datos del Consejo General del Poder Judicial», ha explicado.
Así, ha recordado que «estamos ante dos tipos de delitos, en el caso del allanamiento es un delito grave que incluye tanto a viviendas habituales como a segundas residencias, es una figura jurídica que recoge el Código Penal para proteger ese bien, mientras que la usurpación es un delito leve», ha dicho, al tiempo que ha recordado que el 80% de las denuncias corresponden a casos de usurpación vinculados a viviendas desocupadas propiedad de inmobiliarias o entidades bancarias. «El gobierno está centrado en dar una solución ante este problema», ha expresado.
«Es una situación que tiene relevancia pero que debe dimensionarse a su realidad, el total de denuncias en el que se incluyen todo este tipo de delitos refleja que no hay un exceso para el alarmismo que se está creando entorno a este tema. Los ciudadanos están percibiendo que hay un problema y el gobierno ha reaccionado con la instrucción a la Fiscalía General del Estado para que se pida como medida cautelar el desalojo de la vivienda ocupadas ante una denuncia por estos delitos», ha manifestado. «Los fiscales siempre van a pedir el desalojo inmediato del ocupante, esto también ocurre con las viviendas propiedad de empresas siempre que se acredite que le puede producir un perjuicio», ha añadido.
«Esta medida contempla también circunstancias en los que hay casos de vulnerabilidad pidiendo que se prevean por parte de las autoridades una solución habitacional», ha concluido.
