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Marín reitera el compromiso de la Junta para garantizar la seguridad de los profesionales y los ciudadanos que acuden a los juzgados
La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local va a realizar una segunda ronda de test rápidos de COVID-19 a los funcionarios de los órganos judiciales, a los fiscales, a los letrados de la de la Administración de Justicia y a los jueces sustitutos.
Las pruebas son test rápidos, cuyos resultados se conocen en algunos minutos. Los casos que dieran un posible positivo serán derivados al Servicio Andaluz de Salud (SAS) para que a partir de ese momento sigan todos los protocolos que marcan las autoridades en este sentido.
Estas pruebas forman parte del conjunto de medidas que ha puesto en marcha la Consejería de Justicia para garantizar la protección de todo el personal de la Administración de Justicia y los ciudadanos. Las pruebas se realizarán en las sedes de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de todas las provincias andaluzas y se harán de forma voluntaria a todo el personal.
“Andalucía ya fue pionera en el mes de julio al ser la primera comunidad al someter no sólo a los funcionarios de los juzgados a estos test. Nuestro compromiso fue garantizar la salud de estos trabajadores y lo reiteramos con esta segunda ronda de pruebas. Estamos poniendo todos los medios personales y materiales para recuperar la Justicia y para garantizar la seguridad de todo el personal y de los ciudadanos que acuden a los juzgados”, ha resaltado el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín.
En la primera tanda se realizaron 8.808 test rápidos en los juzgados andaluces y los resultados de las mismas arrojaron un porcentaje del 1,55% de seroprevalencia, mientras que todos casos detectados como IGM positiva dieron negativo en las pruebas PCR.
Estas pruebas se van a poner en marcha gracias a la colaboración con la Consejería de Salud, que ha suministrado los test. Para su elaboración, la Consejería elaboró un protocolo con los IMLCF para poder llevarlos a cabo con todas las medidas de seguridad por parte de los médicos forenses que, de forma voluntaria, van a acometerlos.
