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El Consejo de Gobierno aprueba esta medida extraordinaria con el objetivo de garantizar la prestación de servicios y los empleos
(Prensa Junta Andalucía) El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto ley en el que se contempla una medida económica extraordinaria y urgente destinada a las entidades prestadoras de los servicios de atención residencial, centros de día y de noche y centros de día con terapia ocupacional para personas en situación de dependencia con el objetivo de que puedan hacer frente a los gastos ocasionados por la pandemia de Covid-19. En concreto, se ha previsto un presupuesto de 13,5 millones de euros (13.513.534,78) para dotar a estos centros de una cuantía fija mensual por plaza concertada y ocupada, que se materializará con la última liquidación presentada y validada con el objetivo de garantizar la prestación del servicio a las personas dependientes y sus familias, así como el sostenimiento del sector social y los puestos de trabajo vinculados.
En la actualidad, Andalucía cuenta con 1.415 centros con vinculación jurídica con la Agencia de servicios sociales y dependencia de Andalucía (ASSDA), entidad adscrita a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Mediante estos centros, el número de personas beneficiarias que tienen prescrito en el Programa individual de atención, el servicio de atención residencial o el de centro de día, asciende a 37.886.
La actividad de los centros de atención a personas mayores y con discapacidad se ha visto alterada directamente por la situación de crisis sanitaria. De esta manera, las medidas preventivas de salud pública afectan sensiblemente a la gestión habitual de estos recursos mediante la exigencia de planes de contingencia y actuación para la prevención de la epidemia por Covid-19. Unas medidas que conllevan un incremento en los gastos, lo que provoca un perjuicio notable a la capacidad económica de las entidades prestadoras del servicio. Este riesgo para la continuidad del sector supondría un importante impacto para las personas en situación de dependencia y sus familias, de gran repercusión social.
Mediante el pago adicional que ha dispuesto la Consejería de Igualdad, Políti- cas Sociales y Conciliación, los centros podrán reducir los efectos económicos ocasionados por la compra de equipos de protección individual y material higiénico-sanitario, los gastos de contratación de personal, la adecuación de espacios para garantizar el distanciamiento social, el incremento de rutas en el transporte y su desinfección y otras medidas adicionales de higiene y protección realizadas durante el segundo semestre de 2020 para frenar y reducir el contagio por Covid-19.
Esta cuantía fija mensual se determinará en función de diferentes requisitos como el número de plazas concertadas y ocupadas los días 1 de cada mes durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2020, haber prestado los servicios concertados, no haber cesado en la actividad y haber afrontado los gastos extraordinarios a que se ha hecho referencia. Las entidades beneficiarias deberán destinar las prestaciones a la finalidad prevista, garantizando la continuidad de los servicios.
En el caso de los servicios de atención residencial, las cantidades a percibir por plaza oscilan entre los 66,30 euros de las plazas para mayores dependientes y los 147,60 euros de las residencias para personas gravemente afectadas con daño cerebral sobrevenido. Para el servicio de centros de día y noche y terapia ocupacional, el pago adicional por mes va de los 17,21 euros en los casos de terapia ocupacional para personas adultas en régimen de internado y los 63,84 para personas con daño cerebral sobrevenido.
El Gobierno andaluz ha valorado que esta situación requiere de una actuación inmediata, con un regulación necesaria y eficaz por cuanto es preciso introducir en este momento la medida económica extraordinaria para paliar una situación de urgente necesidad.
Adaptación de la Ley de Cambio Climático
Asimismo, se aborda la modificación del artículo 37 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de Medidas frente al cambio climático y para la transición energética en Andalucía. El objetivo es que los proyectos de compensación puedan hacerse en terrenos de titularidad tanto pública, como hasta ahora, como privada. La Junta plantea fomentar un mercado de proyectos de compensación para que las empresas del sector inviertan en reforestar Andalucía y contribuir al desarrollo rural, como han demandado.
Del mismo modo, el decreto ley también pretende resolver la incertidumbre jurídica generada por distintas resoluciones judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contrarias al procedimiento de aprobación definitiva de los planteamientos urbanísticos por la evaluación ambiental estratégica y que se venían aplicando conforme a los criterios de la Ley de 3/2015 de Medidas en Materia de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, de Aguas, Tributaria y de Sanidad Animal.
