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La medida extraordinaria y urgente tiene el objetivo de garantizar la prestación del servicio, el sostenimiento del sector social y los puestos de trabajo vinculados
(Prensa Junta Andalucía) La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, ha anunciado la ayuda económica extraordinaria y urgente que va a destinar a las entidades prestadoras de los servicios de atención residencial, centros de día y de noche y centros de día con terapia ocupacional para personas en situación de dependencia con el objetivo de que puedan hacer frente a los gastos ocasionados por la pandemia de Covid-19.
La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, ha detallado que se ha previsto un presupuesto de 13,5 millones de euros (13.513.534,78) en Andalucía para dotar a estos centros de una cuantía fija mensual por plaza concertada y ocupada, que se materializará con la última liquidación presentada y validada con el objetivo de garantizar la prestación del servicio a las personas dependientes y sus familias, así como el sostenimiento del sector social y los puestos de trabajo vinculados. De esta cantidad, se destinará a Málaga casi dos millones de euros (1.910.966,32 euros) para sus 192 centros.
La consejera ha insistido en que los centros residenciales y de atención a la dependencia “han realizado y están realizando un gran esfuerzo para hacer frente a la pandemia, desde el primer momento, para adaptarse a las nuevas exigencias sanitarias y ofrecer una atención de calidad a las personas mayores y personas con discapacidad que, no olvidemos, son los más vulnerables al coronavirus”. En este sentido, ha recordado que la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, adoptó desde el principio medidas para ayudar al sector como en los centros de día, donde “hemos garantizado el abono del 80% del precio de las plazas ocupadas, vinculado al compromiso de mantener el empleo y las mismas condiciones laborales, así como realizar tareas de seguimiento proactivo”. En los centros residenciales, por su parte, también se tomaron medidas con el fin de paliar la pérdida de ingresos como consecuencia de las salidas voluntarias y las bajas, y se mantuvieron los pagos al sector.
Para esta segunda ola, la Consejería ha previsto este pago adicional mediante el que los centros podrán reducir los efectos económicos ocasionados por la compra de equipos de protección individual y material higiénico-sanitario, los gastos de contratación de personal, la adecuación de espacios para garantizar el distanciamiento social, el incremento de rutas en el transporte y su desinfección, y otras medidas adicionales de higiene y protección realizadas durante el segundo semestre de 2020 para frenar y reducir el contagio por Covid-19.
La actividad de los centros de atención a personas mayores y con discapacidad se ha visto alterada directamente por la situación de crisis sanitaria. De esta manera, las medidas preventivas de salud pública afectan sensiblemente a la gestión habitual de estos recursos mediante la exigencia de planes de contingencia y actuación para la prevención de la epidemia por Covid-19. Unas medidas que conllevan un incremento en los gastos, lo que está suponiendo un perjuicio notable a la capacidad económica de las entidades prestadoras del servicio. Este riesgo para la continuidad del sector supondría un importante impacto para las personas en situación de dependencia y sus familias de gran repercusión social.
Mediante el pago adicional que ha dispuesto la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, los centros podrán reducir los efectos económicos ocasionados por la compra de equipos de protección individual y material higiénico-sanitario, los gastos de contratación de personal, la adecuación de espacios para garantizar el distanciamiento social, el incremento de rutas en el transporte y su desinfección y otras medidas adicionales de higiene y protección realizadas durante el segundo semestre de 2020 para frenar y reducir el contagio por Covid-19.
Esta cuantía fija mensual se determinará en función de diferentes requisitos como el número de plazas concertadas y ocupadas los días 1 de cada mes durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2020, haber prestado los servicios concertados, no haber cesado en la actividad y haber afrontado los gastos extraordinarios a que se ha hecho referencia. Las entidades beneficiarias deberán destinar las prestaciones a la finalidad prevista, garantizando la continuidad de los servicios.
En el caso de los servicios de atención residencial, las cantidades a percibir por plaza oscilan entre los 66,30 euros de las plazas para mayores dependientes y los 147,60 euros de las residencias para personas gravemente afectadas con daño cerebral sobrevenido. Para el servicio de centros de día y noche y terapia ocupacional, el pago adicional por mes va de los 17,21 euros en los casos de terapia ocupacional para personas adultas en régimen de internado y los 63,84 para personas con daño cerebral sobrevenido.
La consejera ha valorado que esta situación requiere de una actuación inmediata, con un regulación necesaria y eficaz por cuanto es preciso introducir en este momento la medida económica extraordinaria para paliar una situación de urgente necesidad.
