Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 15 segundos
‘Más País Andalucía’ ha denunciado la “inacción de la administración autonómica ante la gravísima situación social que viven miles de familias andaluzas que por temor a la subida de la luz están sufriendo una precariedad energética extrema”, según su coordinadora general Esperanza Gómez, quién también exige se urja al Gobierno a intervenir
(Nota de prensa Más País) Según la máxima responsable de la formación andaluza, “son decenas de miles las familias andaluzas que viven con incertidumbre y miedo la actual subida de la tarifa eléctrica, temiendo utilizar la energía eléctrica que necesitan para vivir en condiciones dignas, justo cuando atravesamos las peores condiciones climáticas que hemos vivido en años”.
Gómez cree que es “urgente la puesta en marcha de líneas específicas y excepcionales de ayudas sociales por parte de la Junta de Andalucía que palien la situación de empobrecimiento y precariedad energéticas que sufren, precisamente, las familias con menos recursos económicos, para quiénes una subida del 10% al 30% mensual en su factura de la luz puede suponer un verdadero drama”.
La Coordinadora General andaluza recuerda que “ya existen líneas de este tipo vehiculadas a través de los Ayuntamientos” y que estas pueden repercutir “directamente en que nuestros niños, niñas, mayores y personas vulnerables, no tengan miedo a la hora de calentar sus hogares y puedan vivir en condiciones dignas durante esta ola de frío, a lo que se suma que también son las familias más azotadas por la crisis económica del Covid19”.
Del mismo modo, ha añadido la portavoz de la formación progresista, “sabiendo la hiperactividad del Gobierno autonómico a la hora de exigirle al Central responsabilidades y toma de medidas por casi todo, nos extraña que, en esta ocasión, no se urja a intervenir el mercado eléctrico con medidas de control del precio de la electricidad mayorista”.
Esta posibilidad, concluye Esperanza Gómez, “es algo perfectamente viable apelando a situaciones de emergencia e interés público y no exigirlo muestra la connivencia con las grandes corporaciones del sector y con ese modelo de producción y consumo eléctricos tanto del Gobierno de la Junta de Andalucía como del Gobierno de España”.
