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(Adelante Alhaurín de la Torre) En relación a las declaraciones realizadas recientemente a la prensa por el director general de Infraestructuras del Agua de la Consejería de Agricultura, Sergio Arjona, relativas a la prevista construcción de la Depuradora Málaga Norte en la Vega de Mestanza, el Grupo Municipal de Adelante Alhaurín de la Torre (AAT) desea puntualizar lo siguiente:
Los motivos aducidos por la Junta para seguir adelante con la obra prevista se resumen en el siguiente comentario literal: La demora en la depuración de las aguas «… conlleva 634.000 euros de sanciones al semestre. Un cambio de ubicación de la EDAR Norte, como solicitan los afectados de la Vega de Mestanza en Alhaurín de la Torre, supondría un retraso de unos siete años, por lo que no estaría en marcha hasta 2028. Esto obligaría pagar otros 8,8 millones de multa…»
Aunque analizaremos a continuación estas excusas con algo más de detalle, la Junta de Andalucía ignora olímpicamente el principal motivo por el que es desaconsejable perseverar en la ubicación elegida: el modelo elegido de desarrollo. La Junta habla de «…aquí estamos para velar por el interés general y el interés mediambiental». Pero resulta que no son sólo los vecinos afectados, como parece que la Junta engañosamente pretende que creamos, sino una sociedad en general que, a través de sus representantes políticos, manifiesta mayoritariamente que sepultar una vega agrícola en producción bajo 4 metros de hormigón es un sinsentido desde cualquier punto de vista, a saber:
– Agrícola: Porque prioriza la construcción de infraestructuras al mantenimiento de una producción agrícola que es estratégica desde el punto de vista de la autonomía y soberanía alimentaria.
– Ambiental: Porque agrava el cambio climático, al destruir zonas en producción acabando con miles de árboles que «secuestran» carbono activamente, y contribuye a destruir biodiversidad, al disminuir zonas agrícolas que están asociadas al mantenimiento una importante riqueza biológica asociada.
– Social: Porque destruye la forma de vida de muchas familias directamente afectadas.
– Hidrológico: Porque construye en una zona, no ya inundable esporádicamente, sino que forma parte del área de desbordamiento natural del Guadalhorce, lo que ocurre casi todos los años y a veces más de una vez. Todo esto en un entorno futuro previsto, en que el cambio climático, (al que esta obra contribuye como ya hemos visto), prevé que provoque inundaciones cada vez más intensas y frecuentes, generará alteraciones en la dinámica hidrológica de la zona con consecuencias imprevisibles.
– Económico: Por el sobrecoste de una obra en la que hay que prever las seguras avenidas del río, (elevación de 4 metros del terreno, escollera, etc.), será mucho mayor que los 8,8 millones de euros que la Junta prevé en multas a raíz de la demora que supondría el cambio de ubicación.
Cada uno de estos motivos, ninguno de los cuales se darían en la ubicación alternativa más sensata que se plantea con la ampliación de la depuradora del Guadalhorce, es más que suficiente para desestimar el proyecto.
Pero es que, además, afirma la Junta que el proyecto «..ha sido sometido a información pública dos veces…» Y es verdad, (la segunda vez se debió a las manifiestas irregularidades cometidas, descubiertas y aducidas por los alegantes, por cierto), pero aún no han recibido respuesta las numerosas alegaciones presentadas por los vecinos, ciudadanos, asociaciones y grupos políticos a nivel municipal y autonómico. Se da además, la sospechosa circunstancia de que sale a licitación pública la obra paralelamente al periodo de exposición pública, dejando en evidencia la clara intención de la Junta de ignorar las alegaciones antes siquiera de leerlas.
Por último, y a pesar de que la ciudadanía ha exigido a través de sus representantes políticos en diversas ocasiones conocer el informe técnico que supuestamente desaconsejaba ubicar la depuradora en los terrenos anejos a la actual del Guadalhorce, (como pidió, por ejemplo, el pleno municipal de Alhaurín de la Torre por unanimidad en 2017 y de nuevo en 2020), nos tenemos que enterar «por la prensa» de esos motivos que analizamos a continuación:
“Primero, porque nunca ha estado contemplada por la Junta de Andalucía, no se podría utilizar el canon de la Ley de Aguas ni el proyecto allí estaría declarado de interés de la comunidad autónoma como es el caso de la EDAR Norte”.
Este primer argumento es realmente inconsistente, más bien una excusa.
«Segundo: Es un terreno inestable»
La zona de Mestanza es, no ya inestable e inundable en caso de grandes avenidas, sino que es zona de desbordamiento habitual y cotidiano del río.
«Tercera excusa: Sólo cinco hectáreas de la parcela anexa tendrían disposición inmediata; para hacer el resto no basta con expropiar, porque no es compatible con el urbanismo, habría que cambiar el PGOU».
Nuestra respuesta es irrebatible: la ubicación en Mestanza requiere una expropiación de la totalidad de los terrenos que, por lo demás, son agrícolas. La excusa de que habría que cambiar el PGOU es también inconsistente y desde luego no es técnica: cámbiese.
La única justificación realmente técnica es que «habría que hacer otro emisario», lo cual nos pone de nuevo sobre la mesa que el modelo de desarrollo defendido por la Junta a base de grandes depuradoras es poco ecológico, ya que dificulta enormemente la utilización local de las aguas residuales generadas por los municipios. Izquierda Unida y Podemos siempre han defendido construir pequeñas depuradoras locales basadas en fitorremediación, más ecológicas, que permiten el uso del agua para riego en el mismo lugar en el que se genera y que contribuyen a mantener un caudal ecológico en los ríos, (aunque en este caso ya es tarde y apostamos por el mal menor).
Finalmente, la Junta defiende que son 131 los millones que se van a invertir en la EDAR Norte supondrán “la inversión más grande en depuración que se hace en España”. AAT entiende que este gasto es un derroche por los motivos expuestos y no algo de lo que sacar precisamente pecho.
Sostenemos, por tanto, que perseverar en la ubicación elegida es empecinarse en llevar a cabo una decisión manifiestamente perjudicial para los vecinos, para el interés general y para el medio ambiente, además de ir en contra de la mayoría social, como la Proposición No de Ley que presentará en breve Adelante Andalucía en el Parlamento Autonómico, pretende demostrar.
