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Del Cid: “Las sentencias de los despidos dan un varapalo al Equipo de Gobierno porque se produjeron sin causa motivada, vía decreto de la concejala de Personal, que carecía de competencias, y han supuesto la obligación de indemnizarles por más del doble de la que pretendía el Ayuntamiento sumando un global próximo a los 160.000 euros con cargo a las arcas municipales”
Una de los trabajadores despedidos estaba de baja tras padecer un cáncer
(PP Torremolinos) “El equipo de Gobierno sigue en su línea de la política de despilfarros mientras recorta personal”, denuncia la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Margarita del Cid, haciéndose eco de las tres sentencias de los juzgados de lo Social números 6 y 1 de Málaga, publicadas ayer por el Diario Sur, en las que se declara como improcedentes los despidos de tres empleados del Ayuntamiento de Torremolinos, adscritos al Palacio de Congresos llevados a cabo el pasado 11 de marzo, sin previo aviso y vía decreto de la concejala de Administración Pública, Carmen García Bernal, cuando carecía de tales atribuciones. Se da la paradoja que una de los trabajadores despedidos se encontraba en situación de baja desde finales de agosto de 2019 por una enfermedad grave e incapacitante tras realizarle una mastectomía por padecer un cáncer de mama.
Como explica la portavoz de los populares, “Las formas en las que fueron despedidos el 11 de marzo fue “con nocturnidad y alevosía”, en plena primera ola de la pandemia y solo tres días antes de decretarse el Estado de Alarma y confinamiento domiciliario de la población. Cuando estaban en sus puestos de trabajo recibieron una llamada para que se presentaran en la delegación de Personal del Ayuntamiento para comunicarles sus ceses fulminantes”.
En opinión de Del Cid, “Las sentencias no vienen más que a confirmar lo que denunciamos hace más de 11 meses desde el grupo municipal del PP. Dan un varapalo al procedimiento seguido por el Equipo de Gobierno municipal para llevar a cabo los despidos vulnerando la normativa procedimental vigente y el Estatuto de los Trabajadores. Los decretos de los despidos los firma la concejal de Administración Pública sin que dicha actuación haya sido acordada por el alcalde con carácter previo a su efectividad y único con competencias para tal fin, como señalan las resoluciones judiciales”, recalca la política local.
El alcalde, el socialista José Ortiz, “incurrió además en falta de diligencia porque no dictó hasta el 21 de septiembre, más de seis meses después de los despidos y sólo un día antes de la celebración de los primeros juicios, distintos decretos para tapar la ilegalidad cometida por la edil de Personal y convalidar los ceses realizados por su concejala sin competencias, acto cuya eficacia se limitó al terreno del procedimiento administrativo pero sin capacidad para tener validez ya en lo judicial”, explica del Cid.
“Que el equipo de Gobierno no haya querido reubicar a los tres trabajadores en otras áreas, una práctica que es muy habitual, nos da que pensar que querían prescindir de sus servicios ya que los tres formaban parte de una lista sindical y han querido “deshacerse” del personal adscrito al Palacio, cuya pésima gestión de los socialistas y sus socios de gobierno al frente ha quedado más que manifiesta. Lo que en la práctica ha supuesto indemnizarles por más del doble de lo que pretendía el Ayuntamiento aplicándoles un despido objetivo -que le han tumbado los juzgados-, y han sumado los tres un global próximo a los 160.000 euros con cargo a las arcas municipales”, lamenta la portavoz de los populares en Torremolinos.
La coalición de gobierno entre el PSOE y Adelante Torremolinos -suma electoral de Podemos e Izquierda Unida- justificó los despidos, en supuestas “causas objetivas” por vaciamiento de funciones y considerar que sus tareas “hacía tiempo que dejaron de ser necesarias” y por no ser un personal contratado por el consistorio, “argumentos que se caen por su peso porque presentan al Palacio de Congresos como una entidad externa cuando la plantilla ya estaba incorporada a la del Ayuntamiento”, subraya la portavoz popular.
“En cuanto a la justificación de falta de trabajo tampoco es cierta ya que los empleados continuaban realizando sus funciones encomendadas en la captación de patrocinios y eventos, entre otras tareas; otro de ellos estaba asignado al área de prensa municipal y como editor de las Redes Sociales de Turismo de Torremolinos y la tercera trabajadora, una comercial, estaba de baja”, recalca Del Cid.
Los tres empleados, con antigüedades laborales entre 11 y casi de 17 años, primero en plantilla del Palacio de Congresos de Torremolinos y los últimos tres años -desde el 31 de marzo de 2017- en la del Ayuntamiento mediante subrogación, formularon demanda contra sus despidos el 8 de abril. En ellas expusieron las ilegalidades señaladas, acreditadas ahora en las sentencias judiciales, e interesaron la nulidad de los despidos y su readmisión a sus puestos de trabajo pero el equipo de Gobierno optó por prescindir de sus servicios sin plantearles otra opción.
Margarita del Cid concluye recalcando que “Por desgracia en Torremolinos seguimos siendo noticia por las actuaciones bochornosas de un Equipo de Gobierno que se gasta cerca de 600.000 euros anuales en cargos de confianza, que derroche el dinero en la compra de la casa en ruinas de María Barrabino por más de un millón de euros y usa el Ayuntamiento como agencia de recolocación de ex cargos socialistas y certificaciones de acreditaciones turísticas medio inventadas que entre todo suman un valor que supera los 59.000 euros anuales mientras se recorta al personal municipal”.
