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Las ayudas beneficiarán a 92 entidades locales en toda Andalucía y se prevé atender a más de 6.000 familias y 12.000 menores
(Prensa Junta Andalucía) La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha destinado más de 13,7 millones de euros (13.720.602 euros) entre las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes para la financiación de los equipos de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección.
Esta cuantía cubrirá el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022, según establece la Orden que ha publica el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado 12 de febrero y que se puede consultar en https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/29/BOJA21-029-00003-2109-01_00186038.pdf
Estas ayudas beneficiarán a 92 entidades locales en toda Andalucía y para este periodo se prevé atender a más de 6.000 familias y 12.000 menores. Por provincias, Almería recibirá 1.129.112 euros; Cádiz, 2.055.246 euros; Córdoba, 1.332.090 euros; Granada, 1.719.034 euros; Huelva, 1.214.741 euros; Jaén, 1.157.655 euros; Málaga, 2.470.733 euros; y Sevilla, 2.641.991 euros.
Este programa tiene como objetivo proporcionar a las familias con menores en situación de riesgo o desprotección, un tratamiento específico e integrador que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras que compensen la situación que pueda afectar directa o indirectamente al bienestar de los menores.
Se trata de preservar los derechos de los niños y niñas, promoviendo su desarrollo integral en su medio familiar; y posibilitar su retorno a la familia de origen en aquellos casos en los que, tras la adopción de una medida de protección, se contemple la reunificación familiar como la alternativa prioritaria y más adecuada para los y las menores.
En la actualidad, estos equipos para el tratamiento a familias están integrados por 462 técnicos y 92 coordinadoras que actúan en 84 municipios de más de 20.000 habitantes y en las 8 diputaciones provinciales con el objetivo de mejorar las condiciones de las familias en situación de riesgo social, de manera que puedan ejercer adecuadamente sus funciones parentales y evitar la separación de padres, madres, hijos e hijas.
