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- Un total de 13.042 menores residen en los hogares malagueños a los que se ha reconocido la prestación, que está teniendo especial incidencia en la lucha contra la pobreza infantil
- En España, 203.838 familias en las que viven 565.195 personas reciben esta prestación, 245.175 menores
(Comunicación Subdelegación Gobierno de España en Málaga) El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llega ya a 11.271 hogares malagueños en los que viven 30.673 personas, de las que 13.042 son menores, el 42,5% del total de beneficiarios. En toda España son 203.838 las familias a las que se les ha reconocido esta prestación, que suman 565.195 personas, donde más del 43% son menores (245.175).
El subdelegado del Gobierno en Málaga, Teófilo Ruiz, ha destacado la importancia que el IMV está teniendo para los hogares malagueños más vulnerables y ha resaltado que “el Gobierno ha respondido a la pandemia con la puesta en marcha un derecho social nuevo que está siendo especialmente eficaz en la lucha contra la pobreza infantil, una materia para la que el Gobierno ha destinado más recursos que cualquier administración autonómica con estas competencias en un año normal”.
La cuantía media de esta prestación por hogar en la provincia de Málaga asciende a 458,51 euros al mes. El Ingreso Mínimo Vital cubre la diferencia hasta un umbral de renta garantizado que varía en función del tipo de hogar contabilizando las rentas preexistentes, si existen, con excepción de las rentas mínimas de las comunidades autónomas. El umbral de renta garantizada oscila entre los 470 euros al mes (el equivalente a una pensión no contributiva) para un hogar unipersonal y los 1.033 euros al mes para unidades de convivencia formadas por dos adultos y tres o más menores o tres adultos y dos o más menores o por cuatro adultos y un menor.
El abono de unos 152 millones de euros correspondientes a la nómina de marzo eleva a más de 920 millones el total desembolsado por la Seguridad Social en estos nueves meses a nivel nacional.
En su mayoría, las denegaciones se han producido por no cumplir el criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta y patrimonio), aunque un 10% de las denegaciones se deben a la falta de acreditación de la unidad de convivencia, para lo que en enero se realizó una modificación normativa para que los trabajadores sociales y entidades colaboradoras del Ingreso Mínimo Vital puedan realizar la acreditación y facilitar el reconocimiento de situaciones de convivencia no convencionales.
