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La secretaria general de Regeneración presenta el Proyecto de Ley a los responsables del Ministerio Público y las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado en Málaga
(Prensa Junta Andalucía) La secretaria general de Regeneración, Racionalización y Transparencia, Nuria Gómez, junto a la delegada territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local, Mónica Alejo, han presentado hoy en el Proyecto de Ley contra el fraude, la corrupción y protección de la persona denunciante a los representantes de la Fiscalía y la Policía Judicial en Málaga, en aras de la colaboración necesaria entre la Administración y los investigadores y órganos judiciales para erradicar la corrupción de las instituciones.
En la reunión han participado los fiscales jefe y Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero y Francisco Jiménez Villarejo respectivamente; el comisario jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial, José Luis Molina, y el jefe de sección de la UDEF, Marcos Romarís; y los tenientes de la la Guardia Civil Miguel Ángel Ruiz (Jefe de Policía Judicial) y Pedro Luis Gemar (jefe del Seprona), que han podido conocer de primera mano un texto impulsado por la Consejería que dirige Juan Marín y que prevé crear una Oficina contra el fraude para investigar, prevenir y sancionar este tipo de conductas en las administraciones. Un organismo independiente, ya que estará adscrito al Parlamento y que servirá de “enlace” para detectar malas prácticas y hacer saltar las alarmas.
Para la secretaria general de Regeneración, ha sido una reunión “tremendamente productiva” en la que las responsables de la Junta han podido intercambiar impresiones con los fiscales y los investigadores de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sobre un texto normativo que se encuentra actualmente en trámite parlamentario tras superar el debate a la totalidad sin que ningún grupo presentara una enmienda total al Proyecto de Ley.
Gómez ha destacado que tanto los representantes del Ministerio Público como los de la Policía Nacional y la Guardia Civil han visto en la futura Oficina contra el fraude “un medio de conexión entre sus investigaciones y lo que la Administración puede detectar” por lo que será una “herramienta clave”.
La Comisión parlamentaria ha decretado de urgencia la tramitación del texto por lo que, según ha anunciado la responsable de Regeneración de la Junta, “la previsión es que la ley pueda ser aprobada después del verano y la voluntad de poner en marcha la Oficina este año es firme, por lo que la Consejería ha reservado en el Presupuesto de 2021 una partida para ello de más de 200.000 euros”.
Para la secretaria de Regeneración, la adscripción de la Oficina contra al fraude al Parlamento garantiza que será “totalmente independiente del Gobierno de turno”, ya que su director será elegido por la Cámara entre personas de reconocido prestigio y estará formada por funcionarios de carrera que tendrán la consideración de autoridad pública.
Uno de los aspectos clave de la ley es que contempla proteger a quienes denuncian ya que “muchas personas no han actuado por miedo a represalias y aquellos que lo han hecho han sufrido situaciones bastante críticas”.
Además de investigar, prevenir y tramitar las denuncias, la Oficina tendrá potestad sancionadora, con multas de entre 300 y 100.000 euros para infracciones, como incumplir el deber de colaboración con su labor, cualquier coacción a su personal o las denuncias falsas o tergiversadas. Su ámbito de actuación no se limitará a la Junta y sus entes instrumentales sino que se extenderá a las entidades locales y universidades públicas, así como a personas y entidades privadas cuando hayan sido adjudicatarias de contratos públicos o subvenciones.
Todo ello sin perjuicio de que en caso de detectar indicios de delitos penales inmediatamente ponga los hechos en conocimiento de la Fiscalía y los órganos judiciales correspondientes, como se ha trasladado en la reunión.
Modifica el régimen de incompatibilidades de los altos cargos
Además, el texto incluye una modificación de la Ley de Incompatibilidades de los altos cargos para “impedir que sean titulares o autorizados de cuentas en paraísos fiscales y legislar algo que este Gobierno ya está aplicando de facto como es apartar a cualquier encausado o condenado de su puesto en la Administración andaluza. La Oficina asumirá también las sanciones en estos casos, algo que hasta ahora hacía el Consejo de Gobierno”.
Por su parte, la delegada territorial ha recordado que este Proyecto de Ley “es una iniciativa que ya impulsó Cs desde la anterior legislatura, sin que el PSOE la llevara a cabo y que ahora desde el Gobierno hemos puesto en marcha”.
“El objetivo es recuperar la confianza perdida por el ciudadano en las instituciones tras años en los que Andalucía ha sido noticia de portada por la corrupción”, ha defendido Alejo.
El próximo lunes 19 de abril la Comisión parlamentaria recibirá las aportaciones al texto de los agentes sociales, económicos y jurídicos ya que comparecerán los responsables de los sindicatos, los empresarios, la Fiscalía, el TSJA, la Oficina Europea contra el fraude, la Intervención de la Junta, colectivos de denunciantes, la FAMP, el CES, el Consejo de Transparencia y el Defensor del Pueblo andaluz.
