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Con un mes de retraso sobre los planes previstos el gobierno da los últimos retoques al plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que presentará a Bruselas antes del 30 de abril. Un plan que es clave para que Europa conceda los 72.000 millones de euros en subvenciones no reembolsables hasta 2023, pero también los 68.000 en préstamos que irán a engrosar la deuda pública (que ya supera el 120% del PIB) y que tarde o temprano se traducirán en “disciplina fiscal” es decir en recortes.
Bruselas nunca concede dinero a cambio de nada. Los 140.000 millones de los Fondos Next Generation EU vienen cargados de condiciones macroeconómicas que tienen y tendrán un impacto directo sobre las condiciones de vida y trabajo de las clases populares. Y la oligarquía española, junto al gobierno, ya han diseñado que el destino principal de esos fondos será para favorecer los planes y negocios de las grandes empresas del Ibex35 y del capital extranjero.
Primero porque Bruselas concede los 140.000 millones con dos condiciones. La primera de ellas hace referencia a las pensiones. La segunda, a la reforma laboral.
Hace tiempo que la UE exige una nueva reforma de las pensiones públicas, que considera “insostenibles”. Una reforma laboral que el vicepresidente de la Comisión europea exigía en declaraciones a El País: “ha de ser una reforma integral y ambiciosa” sobre la base de “mantener los logros del pasado”, es decir sin derogar la reforma laboral vigente. Y una reforma del sistema fiscal regresiva.
Desde hace varios meses (en 70 reuniones) el gobierno está negociando con la UE estas reformas. Según el diario El País, “Moncloa ha incluido ya muchas de las ‘sugerencias’ de la Comisión Europea”, como reducir la tasa de temporalidad de la Administración. Aunque se han congelado o postergado otras como la subida del IVA que pide Bruselas, o introducir la “mochila austriaca” en la reforma laboral. Unas negociaciones que se han llevado entre bambalinas, sin transparencia incluso para los agentes sociales como los sindicatos con los que negocia el gobierno en España; y sobre las que es más la letra pequeña que se oculta que lo que conocemos.
Segundo porque van a ser gestionados al servicio del Ibex-35.
El dinero que tiene que llegar de Bruselas se está repartiendo entre los proyectos presentados por los monopolios y grandes empresas de la oligarquía y el capital extranjero. Son grandes proyectos de infraestructuras, de transición verde o reformas como las de la vivienda acaparadas por empresas como Endesa e Iberdrola, petroleras como Repsol, gasistas como Naturgy, automovilísticas como Volkswagen y de infraestructuras como ACS, que se llevarán miles de millones de dinero público. Así, en el plan presentado por Pedro Sánchez en el Congreso, 10 proyectos de inversión absorberán el 70% de los fondos europeos.
Lo que relega el reforzamiento de la capacidad pública y el acceso a estos fondos de los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, los sectores productivos que más los necesitan en estos momentos. Y diseña una gestión de estos fondos que va a estar en manos de la banca. Unas entidades financieras que ya piden una “módica cantidad” de 4.000 millones de euros por su intermediación.
Lo llaman “transición verde” y nuevo modelo económico pero su rasgo más esencial es que se sigue manteniendo el control de los oligopolios y la banca sobre la economía y los sectores estratégicos como la energía. El dinero que tiene que llegar de Bruselas se está repartiendo entre los proyectos presentados por los oligopolios y grandes empresas de la oligarquía y el capital extranjero.
Y tercero porque este trágala viene por etapas.
Bruselas habría aceptado una estrategia por etapas para imponer las reformas que reclama para España porque “son más ambiciosas que las de otros socios”, y esos cambios tienen una enorme carga político económica que hay que consensuar con los agentes sociales (sindicatos y patronal), el Pacto de Toledo y la comisión de expertos fiscales”.
No se trata de que Bruselas renuncie a que España lleve hasta el final las reformas que exige, sino una estrategia para imponerlas por etapas bajo el chantaje de que son condiciones ineludibles para acceder al dinero de los 140.000 millones. Hay tres meses a partir del día 30 para que España supere el examen de la Comisión que da acceso a un anticipo del 13%, unos 10.000 millones. La tercera parte de lo presupuestado por el gobierno. Ya que hasta después de seis meses no habría otro desembolso, siempre que se supere el examen semestral.
Por tanto, estamos ante una estrategia consensuada entre Bruselas y Moncloa para ganar más tiempo en la negociación de las reformas, la de las pensiones y la reforma laboral, que más rechazo provocan por la influencia del viento popular que recorre de abajo arriba la sociedad española y que tiene su reflejo en el gobierno, en los sindicatos y en las fuerzas políticas. La Comisión Europea ha logrado imponer tres de sus principales exigencias: limitar la subida de las pensiones con el IPC e imponer los planes privados de empresa. Y frenar la derogación de la reforma laboral.
El mejor ejemplo de este trágala por etapas lo tenemos en las pensiones.
En una primera etapa, el gobierno presentará a la Comisión un nuevo índice de revalorización de las pensiones que ha elaborado el ministro de la Seguridad Social y antiguo presidente de la Autoridad Fiscal, José Luis Escrivá, “basado en el IPC”. El nuevo índice (que sustituye al de Rajoy que provocaba subidas anuales del 0,25%) revaloriza las pensiones con el IPC del año anterior, y no con el IPC previsto y cláusula de revisión como se venía haciendo. Y en caso de un IPC negativo, se ajustaría la ganancia de poder adquisitivo en los 3 años siguientes, es decir un ajuste que restaría esa ganancia en los 3 años siguientes hasta recuperar lo que el ministro Escrivá llama “ganancias de poder adquisitivo injustificadas”.
En definitiva, un recorte del poder adquisitivo de las pensiones respecto a como se hacía con el IPC. Con este sistema las pensiones no se podrían haber subido este año ni siquiera el 0,9%, ya que en 2020 la inflación fue del -0,3%. La propuesta de Escrivá subvierte lo que nos dijeron cuando prometieron recuperar el IPC como índice de referencia para subir las pensiones. Además, se propone acercar la edad de jubilación real (ahora ya en 64,6 años) a la edad legal, 66 años en 2021 hasta llegar a los 70 en 2027. Incentivando con hasta 12.000 euros. Y con el aumento de la penalización para la jubilación anticipada.
Y se da por hecho que también que en esta etapa se incluirían los planes privados de pensiones de empresa a través de la negociación colectiva. Un modelo que beneficia a los trabajadores con sueldos más altos y empleo estable, pero es difícilmente aplicable a una mayoría de trabajadores con empleo precario e inestable, con salarios bajos.
Para una segunda etapa, coincidiendo con el momento decisivo para disponer del dinero, quedan pendientes la aplicación del factor de sostenibilidad que vincula las pensiones con la esperanza de vida. Y la ampliación de 25 a 35 años cotizados el cálculo de la pensión, que busca recortar la pensión inicial de los nuevos pensionistas.
