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Patricia Navarro se ha reunido hoy con la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga, que destaca la seguridad jurídica que aportará esta ley
El sector pide al Gobierno andaluz agilizar también los tramites ambientales e informes sectoriales
La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, se ha reunido hoy, junto a la delegada territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Carmen Casero, con los representantes de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga.
El principal contenido del encuentro ha sido la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (Lista), una vez que la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, haya empezado ya una nueva ronda de contactos con todos los grupos políticos para sacar adelante este proyecto y volverlo a llevar al Parlamento antes del próximo mes de agosto.
Para la delegada del Gobierno andaluz es un proyecto de Ley esencial “en la recuperación económica y la vertebración de nuestra provincia y no podemos retrasar más su entrada en vigor”, ya que pondrá fin al caos de la planificación urbana, garantizando la viabilidad social, ambiental y económica de las actuaciones, aumentando la protección de los recursos naturales, del litoral, del paisaje y del patrimonio histórico.
Además “simplifica y aclara la normativa para que aporte seguridad jurídica, ya que con la LISTA se derogarán dos leyes, dos decretos ley y dos decretos, y parte del articulado y disposiciones de otras normas”, ha explicado Navarro.
En este punto han mostrado su acuerdo desde la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga, que consideran que esta norma dará seguridad jurídica al sector, y confían en contar con los reglamentos que confirmen esta misma agilidad con la que el Gobierno ha impregnado la Ley. Al mismo tiempo piden agilizar también los tramites ambientales e informes sectoriales.
Ahora mismo, un promotor que quiera iniciar un proyecto que genere empleo y riqueza tiene que sortear 235 textos legales que afectan al urbanismo, lo que dificulta enormemente el trabajo de ciudadanos, promotores e inversores. La aprobación de un PGOU tarda de media 10 años; con la nueva Norma, se pasaría de 10 a 2 años de media.
La LISTA cuenta con instrumentos contra la despoblación en zonas rurales, con un sistema de planeamiento adecuado al tamaño de los pequeños municipios que, en ningún caso pueden ser tratados como las grandes ciudades.
También incluye el Decreto Ley de viviendas irregulares, que ayudará a la lucha contra la proliferación de este tipo de edificaciones que llevan décadas en un limbo jurídico.
La Asociación Provincial de Promotores y Constructores de Málaga ha solicitado a la delegada “un tratamiento específico desde el punto de vista normativo” para el turismo residencial, liderado exitosamente por Málaga y que podría ser exportado al resto de Andalucía, como fórmula para atraer a trabajadores internacionales para teletrabajar desde nuestra región.
Por otro lado, aplauden las reformas fiscales emprendidas por la Junta y esperan que la acción de gobierno siga en esa misma línea.
También han pedido incluir en las políticas de vivienda al colectivo de jóvenes que pertenecen a un tramo cuyos ingresos no les permite el acceso a la VPP o VPO, pero tampoco tienen suficiente poder adquisitivo para acceder a las de renta libre.
