PSOE pide una moratoria para los magaparques fotovoltaicos de Sierra de las Nieves y comarca del Guadalhorce

Foto archivo grupo PSOE Diputación Málaga

Los socialistas llevan la proliferación de proyectos para implantar estos parques al pleno de la Diputación de Málaga

(PSOE Málaga) El grupo del PSOE en la Diputación de Málaga ha pedido una moratoria para los magaparques fotovoltaicos de Sierra de las Nieves y la comarca del Guadalhorce. Según ha anunciado la diputada provincial, Desirée Cortés, el PSOE ha presentado una moción al pleno de la institución provincial que se celebra el miércoles instando a la Junta de Andalucía a que de forma inmediata establezca una moratoria para poder analizar todos los megaparques fotovoltaicos en su conjunto y planificar cuáles son las zonas óptimas para este tipo de instalaciones, entendiendo que es especialmente urgente la moratoria de los parques de Sierra de las Nieves y la comarca del Guadalhorce, por el avanzado estado de tramitación de los mismos. Asimismo, los socialistas plantean la puesta en marcha  de una mesa de trabajo con los ayuntamientos de Álora, Alozaina, Almogía, Ardales, Cártama, Casarabonela, Coín, Yunquera, Monda, Tolox, Ojén, Pizarra, Valle de Abdalajís y Carratraca y la Junta de Andalucía, para buscar soluciones rápidas que eviten la implantación sin control y masiva de parques fotovoltaicos en trámite y apuesten por una implantación ordenada, eficiente y consensuada con los municipios implicados.

Cortés ha recordado que en nuestra provincia se están tramitando cuatro megaplantas fotovoltaicas en la comarca del Guadalhorce y Sierra de las Nieves. Estas megaplantas ocuparían la superficie de 750 hectáreas, lo que equivale a 1.125 campos de fútbol. Su tramitación está avanzada y se encuentra en la Junta de Andalucía. «De no pararla cambiará nuestro paisaje y forma de vida de forma irreparable. Las cuatro plantas comparten una impactante infraestructura de evacuación común, que pese a no ser la solución de evacuación más razonable, es la más económica para estas grandes empresas. Los proyectos afectan a los pueblos de Álora, Alozaina, Almogía, Cártama, Casarabonela, Coín y Pizarra. Entendemos que todos los proyectos forman parte de un plan estratégico por lo que debieran de ser sometidos a evaluación especial estratégica de planes y programas y no a la evaluación simplificada y ordinaria que se encuentra en curso. Además, no son los únicos proyectos que se encuentran en tramitación en esta zona y en otros municipios colindantes, como son Almogía, Yunquera, Monda, Tolox, Ojén, Valle de Abdalajís, Carratraca o Cañete la Real», ha explicado.

La diputada provincial ha explicado que la política medioambiental de la Diputación de Málaga en la zona y la forma de vida de los vecinos de estos pueblos «choca por completo con este tipo de macroproyectos de tanto impacto». «El turismo rural está consolidándose en la zona como una forma de vida, que atrae a ciudadanos de todos los lugares del mundo, muchos no sólo visitan la zona, si no que acaban afincándose en estos pueblos. Estos municipios llevan años trabajando alrededor del sector turístico y son muchas las empresas que se han consolidado en torno a dicho sector, que genera gran cantidad de puestos de trabajo estables, directos e indirectos», ha expuesto. Al mismo tiempo, ha señalado que la industria agroalimentaria es otra que crece con fuerza: «esta zona está repleta de huertas y olivares con productos tan reconocidos como el tomate huevo de toro o la aceituna aloreña». «El modelo energético que se plantea con estos enormes parques fotovoltaicos inunda a los territorios con proyectos de renovables a gran escala y líneas de alta tensión, resultando devastador para el paisaje y la biodiversidad. Nuestra apuesta es por una transición energética justa, basada en la generación renovable distribuida, el ahorro energético y el autoconsumo, una transición que ponga la defensa del territorio y su biodiversidad en el centro», ha argumentado.

Cortés ha apuntado que la llegada de los fondos europeos «ha abierto el apetito de grandes grupos de inversión que nada tienen que ver con el sector de las renovables y que están construyendo megaparques fotovoltaicos por toda España». Así, ha explicado que grandes empresas y grupos inversores plantean a la Junta de Andalucía proyectos troceados para escapar de los controles del Gobierno y pasar a tener solo el filtro de la Comunidad Autónoma. De esta forma, los proyectos con capacidad para generar más de 50 MW deben ser autorizados por el Gobierno, «pero es habitual que proyectos enormes se troceen para burlar el control estatal». En esos casos, es la Junta de Andalucía quién pasa a tener las competencias. «La Junta de Andalucía está evaluando proyecto por proyecto, con lo cual es muy difícil observar el impacto acumulativo de todo este despliegue. La evaluación de una planta puede ignorar un proyecto colindante o cercano. A ello se suma que uno de los últimos decreto-ley de la Junta de Andalucía para agilizar trámites administrativos permite prescindir de autorizaciones recogidas en la Ley del Sector Eléctrico, y declarar de interés estratégico algunos proyectos de huertos solares, con una evaluación de impacto ambiental simplificada», ha advertido. «Es urgente que la Junta de Andalucía establezca una moratoria para poder analizar todos estos macroparques en su conjunto y planificar cuáles son las zonas óptimas para este tipo de instalaciones», ha concluido.