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El ministerio destina 1,3 millones de euros provenientes de fondos europeos a la modernización e interconexión del Sistema Arbitral de Consumo
(Comunicación Subdelegación del Gobierno de España en Málaga) El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha firmado hoy la renovación de los convenios de colaboración de su ministerio con el Ayuntamiento y la Diputación de Málaga y con la Junta de Andalucía. Con esta rúbrica, se renuevan las respectivas Juntas Arbitrales de Consumo que, según ha explicado el ministro, “ayudarán a que más consumidores luchen y ejerzan sus derechos”.
El Sistema Arbitral de Consumo, que se compone de una Junta Nacional y 71 Juntas de Arbitraje, es un servicio público universal y gratuito a disposición de las personas consumidoras. Permite resolver conflictos entre clientes y empresas sin recurrir a la vía judicial, de manera ágil, rápida, con efectos vinculantes y de obligado cumplimiento.
Para el funcionamiento y modernización de este sistema arbitral, el Ministerio de Consumo destinará este año 1,3 millones de euros provenientes de fondos europeos. Según ha explicado Garzón, la inversión permitirá modernizar las juntas arbitrales, mejorar sus servicios online y la interconexión de todo el sistema.
El ministro ha defendido que la amplia extensión territorial del Sistema Arbitral guarda relación con “la necesaria cercanía y aproximación al ciudadano” y, por ello, ha agradecido a las instituciones firmantes el compromiso con sus respectivos organismos de arbitraje. “Necesitamos acercar a la ciudadanía su derecho a una defensa accesible y gratuita”, ha expresado Garzón.
En el acto de firma celebrado hoy en el Ayuntamiento de Málaga, además del ministro, han participado el alcalde, Francisco de la Torre; el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre; y la vicepresidenta cuarta de la Diputación de Málaga, Natacha Rivas.
El Sistema Arbitral de Consumo
El Sistema Arbitral de Consumo es una red institucional que evita que los conflictos entre consumidores y empresas se sustancien ante los tribunales de justicia. Por ello, el sistema mantiene las mismas garantías y principios de audiencia, contradicción, igualdad entre las partes y gratuidad que un procedimiento judicial. Además, es necesario que los árbitros únicos o el colegio arbitral tengan un conocimiento pleno del conflicto, en particular a través de las audiencias en las que participan las partes, los árbitros y las propias Juntas Arbitrales.
El número de solicitudes de arbitraje que tramitan las Juntas Arbitrales de Consumo es cada vez mayor. Solamente entre los años 2019 y 2020 recibieron cerca de 120.000 solicitudes. Para el Ministerio de Consumo el crecimiento del arbitraje está relacionado con una mayor conflictividad en las relaciones de consumo, pero también a un mayor conocimiento de los mecanismos de protección que tienen los consumidores.
