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Más de 2.000 productores de Andalucía se benefician de estos primeros abonos que está realizando la Consejería de Agricultura
Carmen Crespo resalta el papel de la Junta en el proceso de articulación de unas ayudas inéditas en el marco del PDR y la rapidez del Gobierno andaluz en la tramitación de las subvenciones
(Prensa Junta Andalucía) La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha iniciado el primer abono de 3,4 millones de euros de las ayudas concedidas a agricultores andaluces dedicados al viñedo (2,1 millones de euros) y a profesionales del sector equino de Andalucía (1,3 millones de euros) afectados especialmente por las restricciones derivadas de la pandemia de Covid-19. En total, en los próximos días recibirán estas subvenciones más de 2.000 productores entre viticultores (casi 1.800) y ganaderos (más de 230).
Estos incentivos se suman a las ayudas puestas a disposición del sector en 2020 a través de la Medida 21 del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020 y que ya ha abonado el Gobierno andaluz. En total, estos incentivos han rozado los 33 millones de euros repartidos entre cerca de 11.150 agricultores y ganaderos y más de 300 pymes agroalimentarias como bodegas de vino, secaderos de jamones, paletas y embutidos, y centros de manipulación de flores y plantas ornamentales.
La consejera Carmen Crespo ha recordado el carácter «pionero» de la Junta de Andalucía en el proceso de articulación de estas subvenciones europeas de las que «se han podido beneficiar todas las regiones comunitarias gracias a la iniciativa del Gobierno andaluz, de quien partió inicialmente la propuesta de modificación del reglamento que finalmente aprobó Bruselas». «Teníamos claro que el sector agroalimentario necesitaba un apoyo urgente y propusimos un cambio en el PDR para poder ofrecérselo», ha explicado la titular del ramo en referencia a la puesta en marcha de un tipo de subvenciones que nunca antes había contemplado este programa de ayudas.
Crespo ha recordado la «agilidad de la Consejería de Agricultura a la hora de identificar los sectores agrícolas, ganaderos y agroindustriales que estaban padeciendo, en mayor medida, las graves consecuencias económicas que han acompañado a la crisis sanitaria» y que, por tanto, «eran potenciales beneficiarios de estas subvenciones dirigidas a darles liquidez en un momento especialmente complejo». Asimismo, la consejera ha puesto en valor «el esfuerzo de los técnicos del Gobierno andaluz para resolver y comenzar a abonar estas ayudas que se convocaron hace tan solo tres meses y cuyos recursos económicos ya están empezando a llegar a los agricultores y ganaderos».
Apoyo al ganado bravo andaluz
De forma paralela a la resolución de incidencias de las ayudas a viticultores y ganaderos de equino, la Consejería de Ganadería trabaja actualmente en el análisis de las solicitudes de explotaciones de ganado bravo de Andalucía afectadas por la Covid-19 para, como ha comentado la consejera, «poder publicar la resolución lo antes posible».
El pasado mes de junio se abrió esta vía de respaldo público a un sector que también ha sufrido grandes pérdidas económicas como consecuencia de la pandemia y al que se destina una línea específica dotada con 4 millones de euros. Según las previsiones, podrían beneficiarse de estas ayudas unas 150 explotaciones ganaderas de más de 130 municipios andaluces.
Además, los ganaderos que cumplían con los requisitos establecidos en las bases reguladoras de las subvenciones ofertadas con anterioridad también han podido acceder a los incentivos convocados en 2020. A través de esta vía, el Gobierno andaluz ha respaldado ya a la ganadería de lidia con más de un millón de euros en subvenciones, por lo que el montante final que podría percibir este sector entre ambas líneas ronda los 5 millones de euros.
La consejera ha explicado que este «claro apoyo de la Junta a las explotaciones de ganado bravo de Andalucía» responde a las complicaciones que han experimentado las fincas, donde se ha incrementado notablemente el número de animales como consecuencia de la suspensión de la celebración de fiestas populares. «Por un lado, los ganaderos han visto cómo se reducían sus ingresos ante la imposibilidad de dar salida a los toros y, por otro lado, han tenido que hacer frente a un aumento de los costes de alimentación que normalmente suelen registrar», ha apuntado.
Carmen Crespo ha resaltado que «era preciso respaldar a unos profesionales cuya actividad incide directamente en la conservación de un valioso patrimonio genético» y ha comentado que estas fincas, además, tienen también un «importante carácter ambiental y social», ya que esta ganadería lleva aparejado un considerable tejido rural.