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La pugna entre subir o no el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) -y los salarios en general- es un pulso permanente que recorre este gobierno de coalición. El aumento del SMI es una demanda largamente defendida por la gran mayoría de la sociedad, así como por los sindicatos y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Pero a ella se oponen, por ejemplo, la ministra de Economía, Nadia Calviño, y el Banco de España, representando en ambos casos los intereses minoritarios de la oligarquía y el capital extranjero.
Sin embargo, los datos demuestran -a través de la última Encuesta de Condiciones de Vida- que con la subida del SMI en 2019 se redujo la desigualdad social y la pobreza laboral en un 22,3%, creándose así condiciones favorables para el aumento del consumo, para el desarrollo del mercado interno, y por tanto para el crecimiento de las pequeñas y medianas (pymes) y de los autónomos, y que conjuntamente suponen el 80% de los puestos de trabajo.
Pese a ello, el Banco de España ha lanzado un ataque venenoso -profusamente divulgado por los grandes medios de comunicación- afirmando que “la subida del SMI de 2019 costó hasta 180.000 empleos”, para hacer creer a la inmensa mayoría de la población que la subida del SMI ha sido mala porque destruyó empleo. Sin embargo -según la Encuesta de Población Activa (EPA)- durante 2019 la población ocupada en España aumentó en 402.300 personas, de entre 16 y 19 años creció en 10.400 personas, entre 20 y 24 años en 46.700, entre 25 y 29 años en 23.000 y de más de 65 años en 19.600 personas. Por tanto, es mentira que el aumento del SMI haya destruido empleo en España en 2019, ni siquiera entre los más jóvenes y los de mayor edad.
Las últimas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) han ayudado a reducir la desigualdad y la pobreza laboral. Y han contribuido a que la renta mediana por persona alcance la cifra más elevada de la serie histórica situándose en 16.043 euros. Nunca antes este indicador se había incrementado en más de 1.000 euros respecto al año anterior. La renta mediana indica la renta del ciudadano que se encuentra en la mitad de la distribución, que está justo entre el 50% que tiene más ingresos y el otro 50% con menos ingresos.
Desde la crisis de 2008, la renta mediana ha ido cayendo hasta 2014, donde se situó en 13.352 euros, creciendo mínimamente los años posteriores -entre 300 y 500 euros anualmente-, y ha sido solamente con la subida del SMI de 2019 cuando se produjo un aumento del 6,8%, alcanzando la cifra más alta de la historia con 16.043 euros.
Y países como los europeos -nada sospechosos de tener gobiernos revolucionarios-, la gran mayoría de la Unión Europea, tienen el objetivo de elevar los salarios bajos y paliar así que tales trabajadores sufran una pérdida de poder adquisitivo con el aumento de la inflación real.
Recordemos que, según datos de Eurostat, Luxemburgo tiene un SMI de 1.887 euros mensuales, seguido de Irlanda (1.478), Países Bajos (1.441), Bélgica (1.394), Alemania (1.384) y Francia (1.333). Muy por detrás estarían Portugal (665) y Grecia (650), siendo los más bajos los de Bulgaria, Hungría, Rumanía y Letonia, donde no llega a los 500 euros.
Alcanzar un SMI en España de entre 1.011 y 1.049 euros al mes supondría cumplir con la recomendación europea, alcanzando el 60% del salario medio -a lo que se habría comprometido el Gobierno a alcanzar el año 2023, en adecuación a la propuesta de la Unión Europea.
Subir el SMI dentro de la redistribución de la riqueza
El aumento del consumo nacional es bueno para las pymes -donde fundamentalmente van sus ventas-, mientras que las grandes empresas monopolistas, españolas y extranjeras solo buscan maximizar sus beneficios, ya que venden más fuera.
Pero es necesaria una verdadera reforma fiscal progresiva que empiece por mejorar el impuesto de sociedades, aplicando un 50% de impuestos a las grandes empresas sobre sus ingentes beneficios, eliminando los privilegios y trucos fiscales. Lo que permitiría algunas mejoras fiscales a las pymes. Y el posible impacto negativo a corto plazo por la subida del SMI -que generaría en algunas pymes- se compensaría integrando la medida dentro del conjunto de una política de redistribución de la riqueza.
Los seis grandes bancos ganaron el pasado año, en plena pandemia, cerca de 9.000 millones de euros. Y las empresas del Ibex 35 han obtenido entre enero y marzo de este año unas ganancias de 12.750 millones de euros, de las que 7.800 millones, el 61% del total, eran del sector bancario. Y para ello gozan de enormes privilegios y bonificaciones fiscales, pagando por el impuesto de sociedades menos del 5%, mientras la pequeña y mediana empresa paga más del 15%.
También es necesaria una redistribución salarial que reforme el sistema de salarios y retribuciones para que los sobresueldos de los 40.000 ultra privilegiados de las grandes empresas monopolistas y la banca permitan, entre otras medidas, elevar el salario de los millones de trabajadores con sueldos muy bajos.
Banco de España, sucursal extranjera
Ya hemos visto anteriormente que la afirmación del Banco de España de que la subida del SMI de 2019 habría costado hasta 180.000 empleos es flagrantemente falsa. Pablo Hernández de Cos -gobernador del Banco de España- lleva años lanzando ataques contra el 90% de los españoles. Desde acusar a los “trabajadores pobres” -los que no ganan suficiente para satisfacer sus necesidades básicas- de “vivir por encima de sus posibilidades”; pasando por exigir al gobierno que haga una “reforma de calado” de las pensiones -bajando su cuantía actual y futura-; hasta defender la no limitación del precio de los alquileres.
El Banco de España ya “predijo” -apoyando el ataque simultáneo del FMI- que con la subida del SMI se destruirían más de 150.000 empleos. ¿A quién sirve? ¿Defiende los intereses de potencias extranjeras? ¿Defiende los intereses de los fondos privados de pensiones, dominantemente estadounidenses? ¿Defiende los intereses de los fondos de inversión extranjeros? Es inaceptable que España no tenga un Banco de España, sino una sucursal extranjera.
