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El abogado de la familia de Lucia Vivar, anuncia que la Audiencia Nacional tomará declaración de diez testigos a partir de septiembre
García Montes apunta a que tres criminólogos coinciden en que la niña no murió por accidente sino debido a muerte violenta
Un juzgado contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha abierto un procedimiento en torno a la muerte de Lucía Vivar ocurrida hace cuatro años en Pizarra y ha citado para el mes de septiembre a varias personas como testigos.
Así lo ha asegurado el letrado de la familia, Marcos García Montes que ha ofrecido una rueda de prensa con los padres, Almudena y Antonio, quienes han dicho que con esta decisión del juzgado de abrir una línea dentro de una reclamación presentada contra Adif esperan saber, como siempre han reclamado, lo que ocurrió aquella noche y «descansar en paz».
La investigación de la Guardia Civil apuntó desde el principio que la muerte se habría producido accidentalmente, sosteniendo que la niña se habría ido andando por las vías y se podría haber quedado dormida y habría sido golpeada por un tren. Sin embargo, la familia siempre ha cuestionado esta versión oficial y nunca ha creído que Lucía pudiera haber recorrido sola cuatro kilómetros por las vías.
El Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga archivó en varias ocasiones el procedimiento penal, lo que fue ratificado por la Audiencia malagueña. El letrado ha apuntado que la última vez que se sobreseyó fue hace unos meses cuando se pidió la reapertura, instando a que se practicaran una serie de diligencias.
El abogado ha explicado que actualmente hay una reclamación patrimonial contra el Ministerio del Interior y la Guardia Civil «reclamando la indemnización correspondiente, que está recurrida» y un recurso contencioso, que está en el número 4 de la Audiencia Nacional, que es el que ha abierto una causa y el que ha citado a declarar a diez personas, entre familiares, el maquinista, vigilantes de seguridad y agentes de la Guardia Civil.
Ha indicado que se trata de «una reclamación contra Adif porque salió un tren sorprendentemente después de saber que había desaparecido una niña» y ha indicado que «lo que no se ha querido investigar por la vía penal se va a investigar por la vía contenciosa», apuntando que «si de este proceso sacamos material probatorio voy a pedir la reapertura penal de nuevo, quiera o no quiera la jueza».
No obstante, ha indicado que los informes periciales con los que cuentan «concluyen todos que fue una muerte violenta». «Descartamos radicalmente un accidente», ha dicho el abogado, quien ha aseverado que no se entiende que en la vía penal «ni siquiera se haya tomado declaración a los padres» y ha destacado que han recibido informaciones de vecinos e, incluso, «agentes de la Guardia Civil que cuestionaron la labor investigadora».
Al respecto, García Montes ha afirmado que también se ha iniciado una vía de vulneración de derechos fundamentales ante el Constitucional por no poder solicitar todas las diligencias oportunas en la vía penal y «si nos ampara, el juzgado de instrucción tiene que empezar a investigar», ha dicho, apuntando que a ese tribunal también ya ha informado de la apertura de un proceso contencioso.
Manifiesto de agradecimiento por los padres de Lucía
Los padres siempre han reclamado saber la verdad. En este sentido, Almudena ha asegurado en la rueda de prensa que estos nuevos pasos judiciales «no son un logro, pero necesitamos descansar en paz, no queremos que nos den la razón como a los locos sino buscar la verdad». Ha destacado la colaboración de muchas personas en este tiempo.
Así, tras la rueda de prensa, los padres han leído un manifiesto ante numerosos vecinos de Pizarra, en el que han agradecido el apoyo que están recibiendo en estos cuatro años y han expresado el dolor por la perdida y por «las negativas a querer investigar el motivo de la desaparición y de la muerte» de la pequeña que, han dicho, «se ha convertido en la Lucía de todos».
Los padres consideran que hubo «una nefasta investigación». En este sentido, como también ha señalado el letrado en la rueda de prensa, apuntando que el capitán de la Guardia Civil encargado del caso «no lo hizo de mala fe, pero se le metió una cosa en la cabeza y por ahí tiró».
Almudena y Antonio se cuestionan por qué desde el primer momento «se obsesionaron con una absurda versión que nadie entendía ni compartía» y apuntan que hubo «excesiva prisa» por cerrar el caso como «lo que nunca pudo ser», un accidente.
