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Este lunes, en una entrevista en RTVE, el jefe de ejecutivo anunciaba los ejes del plan de choque. “Hay empresas energéticas que ahora mismo están teniendo beneficios extraordinarios. A mí eso no me parece aceptable, porque son beneficios que le vienen por la evolución del precio energético”. Por eso, aseguró Sánchez, el Gobierno va a “detraer beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, que se lo pueden permitir, para topar el recibo del gas”, para rebajar la factura.
El Plan de Choque del gobierno pasa por cuatro ejes: reformas estructurales para impulsar energías más limpias y baratas, medidas para proteger a los consumidores más vulnerables, reducción de algunos impuestos y detraer los beneficios extraordinarios que tienen algunas empresas energéticas para trasladarlos a la factura eléctrica.
Se limitan parcialmente los beneficios de las eléctricas
Lo más novedoso es esto último. El Plan de Choque impone una aminoración temporal del exceso de retribución que tienen las centrales energéticas que no emiten gases de efecto invernadero, como las nucleares o hidroeléctricas. Disminuyendo las “retribuciones por el CO2 no emitido” se detraerán 650 millones de euros a las empresas del mercado eléctrico “que van a ir a los beneficios de los consumidores finales”, ha asegurado Sánchez.
Lo que hasta ahora ocurría es que las centrales eléctricas, propiedad en su gran mayoría de las 5 gigantes energéticas -Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Repsol- estaban sometidas, por la legislación ambiental europea, a un sistema de “primas e impuestos”. Las centrales emisoras de CO2 -las que usan petróleo o gas- deben pagar fuertes impuestos ambientales, tasas que las grandes empresas eléctricas repercuten íntegramente en la factura del consumidor. Pero las que no emiten CO2 recibían retribuciones, primas por no contaminar. Este sistema de retribuciones a las centrales ‘no-CO2’ supone una doble recompensa para las eléctricas.
Un pellizco a los super beneficios de las eléctricas
Pero los gigantes energéticos ya se benefician enormemente de estas centrales hidroeléctricas o nucleares, que producen electricidad a un coste de producción bajo, pero que -mediante un sistema de subastas mayoristas que les permite vender “la sardina a precio de lubina”- venden la luz a Red Eléctrica al precio de la fuente energética más cara -la del gas- logrando márgenes de beneficios extraordinarios.
Inmediatamente, Foro Nuclear -que aglutina Naturgy, EDP, Endesa e Iberdrola- ha amenazado con dejar de producir energía nuclear si siguen adelante los planes del Ejecutivo.
Porque, por un lado, se pone un tope máximo al precio del gas, que es lo que más encarece el resto de la factura. Por otro lado, se limita temporalmente la fuente descarada de “beneficios caídos del cielo” de las “retribuciones por no contaminar”, limitando así el precio de la electricidad para millones de consumidores.
Se reducen más impuestos
El Plan de Choque también incluye la reducción del impuesto de la electricidad que se carga sobre la tarifa de la luz, del 5,11% actual al 0,5%, el mínimo permitido por la legislación comunitaria. Este es un impuesto cedido a las CCAA, por lo que el Gobierno Central deberá compensar a las autonomías por los ingresos perdidos.
Esta rebaja del impuesto de la electricidad se añade a la bajada del IVA del 21% al 10% para todos los consumidores con potencia contratada hasta 10 kilovatios (kW), y a de la supresión del impuesto de generación (del 7%) que pagan las eléctricas y que ellas repercuten en los consumidores.
Un paso en la buena dirección
Los partidos y los medios de comunicación más descaradamente a favor de la oligarquía financiera y el oligopolio eléctrico han proferido todo tipo de alaridos, poniendo el grito en el cielo. Titulares como “hachazo a las eléctricas” y declaraciones como las de Pablo Casado -que compara estas medidas con el famoso “exprópiese” del gobierno bolivariano de Hugo Chávez- demuestran hasta qué punto los gigantes monopolistas y sus voceros políticos no soportan limitación alguna -por mínima que sea- a su capacidad para saquear al 90% de la población española.
Ambas medidas -la de topar el precio del gas y limitar los beneficios monopolistas, y esta nueva rebaja de impuestos- supondrán una pérdida de recaudación para el Estado de 1.400 millones de euros este año, pero servirán para abaratar el recibo de la luz. Pero no es posible atajar el atraco monopolista que las grandes empresas eléctricas están perpetrando contra la población sin cuestionar de verdad sus intereses, sin políticas de redistribución de la riqueza que pongan coto a sus gigantescos beneficios.
Medidas de redistribución de la riqueza
Es necesario acabar con el sistema de subastas mayoristas que les permite vender luz barata al precio de la más cara, obteniendo más de 5.000 millones de euros de beneficios. Es necesario compensar la merma en la recaudación de las arcas públicas que la -desde luego necesaria y positiva- bajada de impuestos produce, con que el Estado entre en el accionariado de estas grandes empresas energéticas y equilibre, vía dividendos, lo que deja de percibir vía impuestos. Obteniendo además una posición de influencia dentro de estas empresas.
Es necesario desmontar todo el sistema de tarifas y tasas abusivas e innecesarias para el consumidor, como el de los contadores de la luz, y eliminar el pago por déficit de tarifa. Es necesario impulsar leyes antimonopolistas que promuevan las pequeñas empresas y cooperativas de producción y distribución de energía eléctrica. Y es imprescindible la creación de una gran empresa pública de electricidad, ligado a fuentes de energía limpias y renovables -hidroeléctrica, eólica- que impacte en el mercado de la electricidad, obligando a bajar los precios.
