Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 3 segundos
La secretaria general de Regeneración pone en valor que la Oficina creada en el Parlamento ofrece un canal para que salten las alertas
La secretaria general de Regeneración, Racionalización y Transparencia de la Junta, Nuria Gómez, ha destacado hoy las “garantías” que la Ley contra el fraude ya en vigor ofrece al denunciante, “al asegurar en todo momento su confidencialidad y establecer mecanismos de protección, especialmente en el caso de los empleados públicos, incluida la sanción de cualquier tipo de práctica intimidatoria”.
Gómez ha participado hoy en el Curso de Implantación y Gestión de Canales de Denuncia, organizado por el Colegio de Abogados de Málaga, donde ha disertado sobre la creación, gracias a esta ley, de la Oficina contra el fraude, la corrupción y protección de la persona denunciante, dentro de una mesa redonda sobre “Experiencias prácticas de la implantación y gestión en organizaciones privadas y públicas de los canales éticos o de denuncias”. Junto a la Junta de Andalucía, en el curso también han presentado sus instrumentos para canalizar las denuncias de posibles irregularidades representantes de entidades privadas como la Liga de fútbol y multinacionales como Leroy Merlín o Global Suite Solutions.
La responsable de Regeneración en la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, liderada por Juan Marín, ha puesto en valor “la voluntad política” del actual Gobierno andaluz para poner en marcha esta Oficina, adscrita al Parlamento “para garantizar su independencia”, que ofrece a los andaluces un canal en el que dar la voz de alarma ante malas prácticas “no solo en la Administración autonómica sino también en las administraciones locales, las universidades públicas y cualquier entidad pública o privada en lo que se refiere a su relación con la Junta porque haya recibido subvenciones o sido adjudicataria de contratos públicos”.
Para Gómez, una de las claves de la norma es la importancia que concede a la protección del denunciante, que puede ser cualquier persona física o jurídica, a la que “la ley reconoce expresamente unos derechos”, entre ellos el asesoramiento legal y la asistencia psicológica gratuitos, y sanciona cualquier tipo de presión o represalia hacia quien denuncia con multas de hasta 100.000 euros. En el caso de que se trate de empleados públicos, además, prevé que puedan solicitar un traslado provisional de puesto de trabajo manteniendo reservado su puesto de origen.
Con esta protección del denunciante de fraude o corrupción, Andalucía se ha adelantado al cumplimiento de la Directiva europea aprobada en 2019 para legislar sobre este tema y que “precisamente daba de plazo hasta mañana 17 de diciembre de 2021 para su transposición por parte de los Estados miembros sin que en España se haya hecho”.
Asimismo, la Ley andaluza también protege al personal de la Oficina contra el fraude, que deberá ser funcionario de carrera y tendrá la consideración de autoridad. La obstrucción a su labor y cualquier amenaza o injerencia a este personal también está tipificada como infracción en el régimen sancionador.
La Ley contra el fraude, la corrupción y protección de la persona denunciante fue aprobada por el Parlamento de Andalucía el pasado 9 de junio y en el mes de octubre fue nombrado por la Cámara el director de la Oficina contra el fraude, el magistrado en excedencia Ricardo Puyol, que actualmente se encuentra elaborando el Reglamento que diseñará las vías para denunciar, el procedimiento de investigación y la estructura de personal de este instrumento. La Ley ya prevé que cuente al menos con dos subdirecciones, una para las labores de inspección, investigación y sanción y otra para la prevención y protección del denunciante.
