Unidas Podemos reclama a la Junta y a la Diputación que garanticen la continuidad del personal de atención social

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“No permitiremos que se suspensa la atención básica a muchas familias malagueñas, ni que se queden en la calle 18 profesionales por la negligencia de la Junta de Andalucía que no ha transferido todavía los fondos necesarios y por la falta de voluntad de la Diputación”


Gabinete Prensa Unidas Podemos Diputación de Málaga La confluencia de Izquierda Unida y Podemos en la Diputación Provincial de Málaga defenderá en el Pleno de mañana una iniciativa para “garantizar la continuidad del personal de refuerzo de los servicios sociales comunitarios que acaba contrato a final de mes y que realiza una función esencial de apoyo a la atención social y en competencias relativas a la Renta Mínima de Inserción Social en los municipios de la provincia de Málaga”.

La diputada portavoz de Unidas Podemos, Maribel González, explica que “no podemos permitir que se suspensa esta atención básica para muchas familias de la provincia de Málaga, ni que se queden en la calle las 18 profesionales por la negligencia de la Junta de Andalucía, que no ha transferido todavía los fondos necesarios, que en 2021 ascendieron a 1,2 millones de euros. Ni por la falta de determinación política de la Diputación, que tiene que exigir al gobierno de Moreno Bonilla (PP) las transferencias y, en cualquier caso, mientras llegan o no asumir el coste del servicio para no debilitar la red pública de atención social”.

González informa de que “las profesionales de refuerzo ya han sido comunicadas por el gobierno de Diputación de que sus contratos finalizan a final de mes porque no han recibido las transferencias autonómicas pertinentes. Esto va a acarrear la suspensión de la atención a las familias en situación de vulnerabilidad y para la inserción social y laboral”.

La portavoz de Unidas Podemos en la Diputación de Málaga denuncia que “se trata de un nuevo ataque al sistema público de atención social por parte del gobierno de Moreno Bonilla, que ha reducido de forma abismal, en más de un 60%, los fondos dedicados a la Renta Mínima de Inserción Social, que ha pasado de contar con 198 millones en 2018 a dotarse con tan solo 80 millones para 2022”.

Los acuerdos que completan la moción de la coalición de izquierdas son los relativos a “la solicitud de aumento del presupuesto de la Renta Mínima de Inserción Social y la modificación de los requisitos de acceso a ella para posibilitar prestaciones por encima del Ingreso Mínimo Vital”.