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Jornada de encuentro y debate entre miembros de las secretarías de Política Social y Pensionistas del sindicato, junto a vecinos, otras organizaciones y agentes de la ciudad para analizar la compleja situación de la vivienda en Málaga, con unos precios alcistas e imparables que rompen cualquier media nacional en alquileres y ventas. Esta situación inasumible se da, además en un contexto de incremento de precios y de acoso inmobiliario en algunos barrios tradicionales y de renta antigua de la capital
(CCOO Málaga) Desde CCOO Málaga se he querido organizar hoy una jornada de charla y debate sobre urbanismo y acoso inmobiliario a personas mayores en Málaga. La sesión, que ha sido impulsada por las secretarías de Pensionistas y Política Social de CCOO Málaga, se ha centrado en el modelo urbanístico que se ha ido construyendo en la ciudad de Málaga en los últimos años.
Un modelo urbanístico basado en la especulación, totalmente excluyente y exclusivo, al quitar la oportunidad a una mayoría de personas de poder ejercer un derecho fundamental, como es el del acceso a una vivienda digna. Así lo recoge la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía. “Y que hasta el momento, en esta provincia, se ha quedado en una mera declaración de intenciones. En el año 2021, el 51% de las personas trabajadoras en Málaga han cobrado un salario medio por debajo del SMI. Y el 56% de las personas pensionistas, en cualquiera de sus modalidades ha cobrado una pensión por debajo del SMI. Esto quiere decir que sólo podría haber destinado un máximo de 280€ para el pago del alquiler o de la hipoteca, el 30% del salario neto, que es lo que se debe destinar a tal fin” señaló Inmaculada Sánchez, secretaria de Política Social y Migraciones de CCOO Málaga.
El precio medio del alquiler ronda en Málaga capital los 700€, una persona tendría que ganar un salario neto de 2.300 € ahora mismo para poder acceder al pago del alquiler de una vivienda. Algo totalmente desproporcionado y alejado de la realidad. El precio alcista del metro cuadrado, tanto de la vivienda en venta, como de la vivienda de alquiler, hace que el único recurso que tengan los malagueños y malagueña para independizarse o para acceder a una vivienda sean los alquileres sociales.
Y ahí es donde gobierno de la Junta de Andalucía tiene que poner el objetivo. Y hasta ahora no lo ha hecho. Destinar presupuesto y suelo público para construir viviendas dignas y adecuadas en régimen de alquiler social vaciaría la lista de 21.000 demandantes que hay actualmente en el Registro Municipal de la Vivienda de la capital.
El incremento del IPC, que está en Málaga en la actualidad en un 7,8%; y se espera que pueda llegar al 10% influenciado por el alza en los precios de la energía y los combustibles, no puede tomarse como referente para las subidas de los alquileres contratados, ya que haría aún más inasumible el uso de un alquiler.
Desde CCOO hacemos un llamamiento a la movilización que vamos a llevar a cabo ante la Subdelegación de Gobierno el próximo 23 de marzo para, exigir al Gobierno que tome medidas ante el desmedido incremento del IPC. El lema de la movilización va a ser CONTENER LOS PRECIOS, EVITAR LA POBREZA.
Acoso Inmobiliario
En esta sesión de encuentro y debate también ha salido la cuestión del acoso inmobiliario, que están sufriendo desde hace años diferentes grupos de vecinos por parte de tenedores de edificio. Las personas mayores, principalmente, que residen en barrios próximos al centro histórico, como el caso más reciente de las 50 familias de la Barriada del Perchel; o el de las 200 familias en Santa Julia, se dio en su momento en el Centro Histórico de la ciudad.
Y todas las víctimas de este mobbing inmobiliario suelen ser personas mayores con contratos de alquiler de renta antigua, dándose con la intención de desalojar a sus inquilinos y poder así utilizar las viviendas para venderlas o alquilarlas a precio de mercado, con un afán meramente especulativo. Los arrendatarios, en estas situaciones, se encuentran totalmente desprotegidos por parte de las instituciones competentes.
En este sentido, hemos podido escuchar cuál ha sido la respuesta del consistorio de la ciudad de Málaga ante la problemática del Perchel, en la que el alcalde entiende que la solución tiene que venir de la empresa; y en la que su responsable de Política Social, el concejal Francisco Pomares, afirmó que el gobierno municipal no podía pasar más allá del apoyo moral, ya que lo contrario sería incurrir en una ilegalidad y en una acción comunista.
Desde CCOO se le ha recordado al concejal que este caso es de calado social, y que su responsabilidad pasa por poner sobre la mesa todas las herramientas a su alcance para dar solución a una problemática con personas mayores vulnerables, que cobran pensiones mínimas. Hay que recordar que ya en el año 2006 se presentaron ante la Fiscalía de Málaga los dos primeros casos de acoso inmobiliario, elevados a dicha instancia por el Defensor del Ciudadano, Francisco Gutiérrez.
Precisamente, Francisco Gutiérrez fue otro de los intervinientes en esta jornada de debate, insistiendo “en que el modelo especulativo, en cuanto a la vivienda en Málaga capital, ha atraído a fondos de inversión, muy alejados de los modelos de promoción y construcción que se daban antes, que pisotean los derechos de los vecinos de la ciudad”.
