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La Diputación de Málaga avanza en la inclusión laboral de personas con síndrome de Down
El diputado de Recursos Humanos, Juande Villena, destaca el compromiso de la institución provincial para contribuir a la integración de personas con discapacidad intelectual
(Prensa Diputación) La Diputación de Málaga sigue dando pasos firmes para facilitar la integración real de personas con alguna discapacidad intelectual, convirtiéndose en institución pionera en la inclusión laboral de personas con síndrome de Down. Así, tras facilitar que jóvenes con esta discapacidad puedan realizar prácticas formativas en la institución provincial, se han formalizado, por primera vez, dos contratos de trabajo de jóvenes con síndrome de Down.
El diputado delegado de Recursos Humanos de la Diputación de Málaga, Juande Villena, explica que la institución suscribió en 2018 un convenio con la Asociación Provincial Síndrome de Down de Málaga con el principal objetivo de promover la inserción laboral de los jóvenes participantes a través de prácticas en la Diputación. Esto les ha permitido adquirir las habilidades sociolaborales necesarias para mejorar su acceso al mercado de trabajo normalizado.
En este sentido, Villena ha destacado que, dado el gran trabajo realizado por dos alumnos durante sus prácticas, concretamente uno en el Vivero Provincial y otro en Recursos Humanos, el citado convenio fue modificado para poder hacer efectiva su contratación en septiembre de 2021, contratos que se van a renovar este año.
Para el diputado de Recursos Humanos, esta es una clara muestra “del compromiso de la Diputación para contribuir a una integración real en el ámbito laboral de estas personas, que va más allá de la realización de prácticas de formación”.
Igualmente, Juande Villena ha indicado que, tal como establece la ley, en las ofertas de empleo público abiertas a toda la ciudadanía que próximamente convocará la Diputación de Málaga se incluirán plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental. “El espíritu de la ley es contribuir desde las administraciones públicas a generar un empleo estable y de calidad para estos colectivos y, por consiguiente, la posibilidad de facilitarles una integración plena en nuestra sociedad, que permita a su vez que todas estas familias tengan la tranquilidad y el respiro que se merecen”, ha indicado.
En este sentido, según lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y en la Ley 4/2017 de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad de Andalucía, en la oferta de empleo público de 2021 se fija un cupo no inferior al 10% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad. Dentro de este cupo, se reserva un porcentaje específico del 2% para personas con discapacidad intelectual y un 1% para personas con enfermedad mental. En todos los casos, tiene que acreditarse un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
