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- El Plan contempla medidas como el mantenimiento de la rebaja de impuestos en el recibo de la luz hasta el 30 de junio, o la limitación de la subida del precio del alquiler a un 2% como tope, que podrá repercutir a cerca de 400.000 hogares andaluces
- La prestación por ingreso mínimo vital (IMV), que beneficia a 324.271 personas en Andalucía, se incrementará un 15% hasta junio y aumentarán las personas beneficiarias del bono social eléctrico
- Se contemplan ayudas directas para 26.049 empresas del sector del transporte, para cerca de 325.000 agricultores ganaderos y para las 16 cofradías de pescadores de Andalucía
- Se aprueba una nueva línea de 10.000 millones en avales ICO, que han beneficiado en Andalucía hasta el momento a unas 108.972 empresas, y se extiende el plazo de vencimiento de préstamos y el plazo de carencia para los sectores más afectados
El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha informado hoy sobre sobre la repercusión que tendrá en Andalucía el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, aprobado el martes en Consejo de Ministros. Recogido en el Real Decreto-ley 6/2022 publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), este plan contempla medidas económicas, fiscales, laborales y sociales que alcanzan a la totalidad de la población, con una especial incidencia sobre en sectores que están siendo especialmente castigados por las consecuencias de la Guerra en Ucrania.
El Plan Nacional contempla para el conjunto de España la movilización de 16.000 millones de euros, de los que 6.000 millones se destinan a ayudas directas y rebajas de tipo fiscal y 10.000 millones a préstamos ICO. Pedro Fernández ha destacado que el paquete de medidas diseñado por el Gobierno de España se va a poner en marcha “de forma inmediata” y repercutirá en Andalucía “de manera muy positiva, ya que es la comunidad más poblada y por lo tanto con más población beneficiada”.
Asimismo, ha señalado que el objetivo de las medidas es “proteger a los sectores y ciudadanos más afectados, repartir de forma justa los efectos de la guerra y preservar al máximo la senda de crecimiento y creación de empleo ya iniciada”.
Medidas económicas y sociales
De entre las medidas económicas y sociales del plan, el delegado del Gobierno ha destacado la rebaja de 20 céntimos por cada litro de combustible, que va a suponer un ahorro en Andalucía de más de 307 millones de euros, va a tener un impacto directo para los más de 4,9 millones de conductores y conductoras de la comunidad, que cuenta con un parque móvil de 6,1 millones de vehículos, entre turismos (4,2 millones), furgonetas, camiones y autobuses (cerca de 900.000) y tractores (41.000).
Por otra parte, el Plan Nacional contempla el mantenimiento de la rebaja de impuestos en el recibo de la luz hasta el 30 de junio, con una reducción del IVA al 10%, del Impuesto de la Electricidad al 0,5% y la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica. La nueva norma contiene también una limitación extraordinaria de la actualización anual del alquiler de la vivienda habitual, impidiendo subidas superiores al 2%. Dicha limitación estará vigente hasta el próximo 30 de junio y va a repercutir a cerca de 400.000 hogares en Andalucía, lo que supone el 12,3% de viviendas de la comunidad.
Las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital (IMV), que en Andalucía ascienden a un total de 324.271, tendrán un incremento del 15% en las mensualidades de abril, mayo y junio de 2022. Este incremento también será de aplicación, en los mismos términos, a las solicitudes de esta prestación que hayan sido presentadas a la fecha de la entrada en vigor del Real Decreto-ley, pero no hayan sido resueltas, así como a aquellas que se presenten con posterioridad, siempre que los efectos de su reconocimiento no sean posteriores a 1 de junio de 2022.
Además, crecerá el número de andaluces y andaluzas que se benefician del bono social eléctrico, que repercute actualmente en Andalucía a unas 236.572 personas (dato de enero). La norma contempla la renovación automática del bono social. Los descuentos del 60% y el 70% para los consumidores vulnerables y los vulnerables severos se mantendrán hasta el 30 de junio.
Ayudas a sectores concretos
El Plan Nacional contiene también un paquete de incentivos para el sector del transporte, que movilizará en el país 450 millones en ayudas directas va a beneficiar en Andalucía a unas 26.049 empresas de este sector, incluidos los trabajadores autónomos. Estas ayudas se articulan en función del tipo de vehículo: 1.250 euros por camión, 900 euros por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por taxi, VTC o ambulancia.
Para el sector agrícola y ganadero se contemplan 362 millones de euros en ayudas directas que van a beneficiar a un total de 325.000 agricultores y ganaderos de la comunidad andaluza. El ahorro de 20 céntimos por litro de combustible para este sector podrá alcanzar en Andalucía los 20 millones de euros. Asimismo, la norma aumentará la superficie para el cultivo al eliminar la obligación de barbecho y flexibilizar la diversificación de cultivos para la plantación de legumbres y cereales.
En cuanto a la pesca, se destinan 68 millones en ayudas directas, que beneficiará a las 16 cofradías de pescadores andaluzas que agrupan alrededor de 700 embarcaciones. El ahorro en combustible supondrá un ahorro en el gasto mínimo de 16 millones de euros para el conjunto de la flota nacional, que también se va a ver exonerada durante seis meses de la tasa portuaria de pesca fresca. Las empresas acuícolas también estarán exentas de abonar el canon de explotación de bienes de dominio público hidráulico en este periodo. Además, en materia laboral, las empresas pesqueras podrán acogerse a un aplazamiento en las cuotas de la Seguridad Social.
Para las empresas del sector de la construcción, la nueva norma contempla la revisión excepcional de precios por la subida de materias primas y la energía en la obra pública, así como el aumento del límite máximo de revisión del 20% al 40% del presupuesto o la consideración de la fecha de referencia en la revisión de la fecha de presentación de la oferta.
Medidas laborales y fiscales
Con el objetivo de proteger el empleo del impacto de la guerra, en aquellas empresas beneficiarias de las ayudas directas previstas en el Real Decreto-ley, el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 30 de junio de 2022. El incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la ayuda recibida.
Asimismo, no podrán utilizar estas causas para realizar despidos las empresas que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos reguladas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público. En Andalucía, unos 576.318 trabajadores han estado protegidos por los ERTE desde abril de 2021, 18.926 trabajadores en el pasado mes de febrero.
El paquete de medidas establece una nueva línea de avales de créditos ICO por 10.000 millones de euros, que podrán solicitarse hasta el 31 de diciembre, para cubrir necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal del coste de la energía y los combustibles. Hasta el momento, en Andalucía se han beneficiado en Andalucía unas 108.972 empresas a las que se ha concedido 182.793 préstamos de este tipo.
Además, se extenderá el plazo de vencimiento de los préstamos avalados por el ICO y el plazo de carencia para los sectores más afectados. Los autónomos y pymes pertenecientes a los sectores agrícola, ganadero, pesquero y de transporte por carretera, especialmente afectados por el incremento de los costes energéticos, podrán solicitar una ampliación de seis meses del plazo de carencia o mediante una carencia adicional.
Colaboración institucional
Finalmente el delegado del Gobierno, Pedro Fernández, ha apelado a la colaboración institucional y ha mostrado su confianza en que la administración autonómica andaluza “pueda también adherirse a este esfuerzo normativo también en sus contratos de obras y servicios, ya que estas medidas, de momento solo afectan a los contratos celebrados con la Administración General del Estado”, ha señalado.
