Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 8 segundos
«Se han amparado en justificaciones de suspensiones de pruebas diagnósticas a causa de la COVID_19 cuando lo que el gobierno de Moreno Bonilla siempre ha pretendido es enmascarar y camuflar una privatización encubierta de los servicios prestados desde la sanidad pública», critica el portavoz socialista en la Comisión Salud del Parlamento, Javier Carnero
(PSOE Málaga) El PSOE ha denunciado que, desde el inicio de la pandemia, el gobierno que preside Moreno Bonilla ha realizado contrataciones de emergencia con la sanidad privada en la provincia de Málaga que alcanzan un total de 28 millones de euros.
En rueda de prensa, su portavoz en la Comisión de Salud del Parlamento de Andalucía, Javier Carnero, ha criticado la actuación en materia sanitaria del ejecutivo andaluz señalando que «se han amparado en justificaciones de suspensiones de pruebas diagnósticas a causa de la COVID_19 cuando lo que el gobierno de Moreno Bonilla siempre ha pretendido es enmascarar y camuflar una privatización encubierta de los servicios prestados desde la sanidad pública»
A su juicio «queda fuera ya de toda duda razonable que la contratación de emergencia realizada por el gobierno de la Junta de Andalucía está más que en cuestión tanto por las formas como por el fondo de este tipo de contratación y por eso desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a solicitar la puesta en marcha de una comisión de investigación para que se investigue la contratación de emergencia durante los años 2021 y 2022, en el caso de que no se nos entregue toda la documentación que ha sido solicitada al gobierno».
El parlamentario socialista recalca que «nadie cuestiona la necesidad de acudir a dicho tipo de contratación, pero siempre y cuando se hiciese con un fin claro y evidente que era poder concurrir con rapidez a los mercados tanto nacionales como internacionales y de ese modo cubrir las necesidades más perentorias de material y suministros para luchar contra la COVID_19».
Así, ha subrayado, «a modo de ejemplo durante el año 2020 se hacen dos expedientes centralizados para estudios diagnósticos e intervenciones quirúrgicas que ascienden a algo más de 36 millones de euros, y se carecía de argumento alguno para que dichas contrataciones se hiciesen por emergencia. De nuevo en 2021 se realiza un expediente centralizado para ambas circunstancias y se duplica la cantidad pasando a ser de algo más de 70 millones; es decir, en total 106 millones para realizar contratos mediante el procedimiento de emergencia careciendo de la justificación de la misma, si bien finalmente las cuantías adjudicadas han ascendido a 176 millones de euros».
«Me gustaría recordar que el COVID_19 afectaba por igual a los enfermos ya se encontraran bajo el amparo de la sanidad pública o bajo tratamiento en la privada, por lo que se hace aún más incomprensible la justificación de dicha contratación de emergencia. Si se realizó para poder atender a las derivaciones previstas, el procedimiento debió ser el ordinario, por lo que no se entiende el uso de la contratación de emergencia ahora si lo que se pretendía era poder usar o mejor dicho abusar de dicho tipo de contratación para hurtar los controles pertinentes y poder aumentar las derivaciones este gobierno tendrá que dar las explicaciones oportunas», ha abundado.
«En definitiva, hoy día, dos años después del inicio de la pandemia seguimos sin entender el motivo por el que no se podían hacer pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas en la sanidad pública y sí se podían derivar a la sanidad privada», ha reiterado.
Por su parte, la concejala socialista en el Ayuntamiento de Málaga Carmen Martín ha rechazado la actuación del gobierno del PP y C’s en Andalucía en materia sanitaria. «Desde que están al frente de la Junta se ha incrementado en un 43% en un año para la externalización de la sanidad pública hacia la privada, con una inversión en la sanidad privada que ha crecido de 463 millones en 2021 a 662 millones en 2022, prácticamente 200 millones más en un solo ejercicio».
«Por otro lado, continúa la edil, se ha superado el récord de derivaciones de pacientes a la sanidad privada, tanto en el número de pacientes como en gasto, en intervenciones y en consulta de especialidades, algo que nunca antes había ocurrido. Me gustaría recordar que hace escasos meses la Consejería de Salud despidió a 8.000 profesionales sanitarios, muchos de ellos médicos y enfermeros especialistas, agravando una situación ya de por sí muy precaria teniendo en cuenta que desde el inicio de la pandemia se cerraron las urgencias del Hospital Civil, dejando sólo dos áreas de urgencias para el conjunto de la ciudad, así como el Área de Maternidad del hospital Clínico de Málaga, provocando el incremento en las listas de espera».
«Mientras tanto el consejero de Salud, el señor Aguirre, sigue visitando los hospitales privados, inaugurando nuevas instalaciones mientras que la sanidad pública continúa abandonada. En este sentido hace unos días tuvimos conocimiento de la firma de un convenio de 771 millones de euros con los hospitales Pascual, mientras que el Hospital de Málaga apenas recibe 9 millones de euros desde que decidieron la construcción del tercer hospital, que finalmente recibirá fondos europeos», ha insistido.
Por último, Martín ha abordado la contratación de profesionales sanitarios apuntando que «nos llama la atención que los contratos se vayan a alargar hasta finales de año cuando, curiosamente, estamos en un año electoral. Por desgracia, pese a los fondos recibidos del ejecutivo central, Andalucía es la comunidad autónoma que menos invierte en sanidad pública. En definitiva, está claro que la sanidad que el gobierno de Moreno Bonilla defiende no es precisamente la pública, sino la privada», ha concluido.
