El PP de Mijas advierte del pago de 600.000 euros a cuenta de un concierto para septiembre

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Mario Bravo critica que se incumple la ley al adelantar dinero sin tener justificado el retorno publicitario, tal y como exige un gasto en patrocinio

Por este motivo, hay un informe contrario del interventor, que se suma a los 1.458 del 2021, por valor de 30 millones de euros

(Nota de prensa PP Mijas) El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Mijas, Mario Bravo, ha denunciado públicamente que el equipo de gobierno, presidido por Josele González (PSOE), «sigue incumpliendo la normativa de contratación pública», por lo que recibe continuos reparos del interventor, que luego van al Tribunal de Cuentas «y que algún día tendrán consecuencias».

En concreto,  además de la compra de caramelos por miles de euros «a la empresa de siempre, de una conocida militante socialista», sin procedimiento de contratación alguno y que denunciaron portavoces de otros partidos, Bravo se ha centrado «en el escándalo que supone pagar por adelantado un patrocinio publicitario sin tener un informe que lo justifique». Según el concejal del PP, y tal y como figura en el expediente llevado al último pleno, el Ayuntamiento de Mijas contrató a la empresa que iba a justificar este gasto, y posteriormente rescindió el contrato, «por lo que el abono del patrocinio va en contra de la normativa», aclara. El asunto se agrava, según Bravo, porque justo en la tramitación de este expediente se ha destituido a la funcionaria encargada del mismo, «y se ha colocado a otro del departamento de Juventud sin que se aclaren los motivos».

Según resume Bravo, se adelantan a la empresa organizadora más de 600.000 euros en concepto de patrocinio, se sustituye al funcionario encargado de la tramitación,  se rescinde el contrato con la empresa independiente que iba a justificar este gasto, y se paga con el informe en contra de la intervención general. Este pago será enviado por la Intervención General al Tribunal de Cuentas, tal y como obliga la ley, «por lo que esperamos que se ponga fin a esta forma de actuación tan dañina para los intereses municipales», apostilla.