Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 46 segundos
Estimado Sr. Espadas, en su calidad de Secretario General del PSOE en Andalucía, nos dirigimos a Ud. con el conocimiento que nos da haber compartido varias reuniones a través de CAEPAT (coordinadora andaluza del personal público en abuso de temporalidad), en las que compartimos posturas y llegamos a plantearnos superar conjuntamente todos los obstáculos para que la estabilización de ese personal fuera una realidad. Pero, lamentablemente, ha llegado a nuestro conocimiento los requerimientos emitidos a diversas Entidades Locales malagueñas a instancias de la Delegación del Gobierno en Andalucía, que cuestionan la legalidad de los procesos de estabilización del personal de las Administraciones Públicas en situación de abuso por temporalidad en la Provincia de Málaga, basados en la Ley 20/2021.
Nos dirigimos a Vd., con todo respeto, no para poner en valor el contenido de dichos requerimientos, cuya fundamentación obvia la Ley 20/2021, de 28 diciembre 2021, ni para destacar la ausencia de fundamentos en la doctrina jurisprudencial que avala estos procesos extraordinarios (Sentencias del Tribunal Constitucional 67/1989, 12/1999, entre otras), expresamente recogida en el propio preámbulo de la Ley 20/2021, ley que Vds. mismos han legislado.
Como tampoco es motivo de este escrito el hecho de que quienes emiten estos requerimientos: el Sr. Delegado del Gobierno de España en Andalucía y el Sr. Subdelegado del Gobierno en Málaga, no hagan valer el objeto último de la Ley 20/2021, norma que el propio Parlamento de España, a impulso de la ministra Montero (PSOE) legisló hace escasos ocho meses antes de emitir estos requerimientos. Parece deliberada la intención de no garantizar la aplicación de la Directiva 70/1999/CE (de estabilidad en el empleo) al personal de la Administración en abuso por temporalidad. Como también resulta obvio que se omita en sus fundamentos que se está ante un proceso extraordinario, único y excepcional, que permite exceptuar la aplicación del Art. 23.2. de la CE (según la citada doctrina del Tribunal Constitucional).
El motivo de esta comunicación es dar cumplido conocimiento al PSOE-A, que Vd. preside, del proceder de los representantes del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía, concretamente del Sr. Delegado del Gobierno (Sr. Pedro Fernández Peñalver) y el Sr. Subdelegado del Gobierno en Málaga (Sr. Francisco Javier Salas Ruiz), los cuales han desempeñado cargos de importancia en el PSOE. Proceder que implica vaciar de contenido el objeto de la Ley: “la estabilidad del personal en abuso de temporalidad”.
Llama la atención poderosamente que el Sr. Delegado del Gobierno en Andalucía entienda la legalidad de unos procesos y solo actúe en contra de otros, en nuestra Andalucía, requiriéndoles su reforma o anulación, cuando coinciden sustancialmente, no existiendo, objetivamente, motivo para este desigual y arbitrario tratamiento. Es más, dichos requerimientos, a juicio del abogado del Estado en excedencia, D. Javier Arauz, atentan contra la autonomía local, constitucionalmente garantizada, el derecho a la negociación colectiva, y contra el Derecho comunitario y la propia ley. Solo con consultar el diario de sesiones se puede comprender la voluntad del legislativo.
Es lógico pensar que el resultado inicial de estos requerimientos desestabiliza a los empleados públicos y sus familias, atenta contra los legítimos acuerdos que libremente han pactado con sus corporaciones locales y ahonda más en el maltrato a las víctimas de abuso.
Circunstancias, todas ellas, que no deben resultar del todo ajenas al propio Delegado del Gobierno en Andalucía ya que se han dado por buenas en otras provincias.
Sr. Espadas, la justicia social no puede aplicarse cuando se administra un trato manifiestamente diferente al dispensado a otros ciudadanos en similares circunstancias.
Este Sindicato seguirá defendiendo los procesos de estabilización del personal en abuso, basados en la Ley 20/2021 y en la Directiva 1999/70/CE, de estabilidad en el empleo. Y los seguirá defendiendo, junto a nuestros compañeros de Andalucía en las calles, en los Juzgados y Tribunales, y en las urnas.
Sr. Espadas, como Secretario General del PSOE en Andalucía, tome Vd. cartas en este asunto y colabore en el cumplimiento de los compromisos aludidos en el inicio de este escrito, garantizando que predomine la voluntad del legislador, subsanando la discriminación y arbitrariedad surgida de estos requerimientos. No se puede interferir en el legítimo derecho a la negociación colectiva de aquellos trabajadores que libre y legítimamente han negociado sus procesos de estabilización, tan legales como aquellos otros que ya se han publicado en otros territorios de la geografía andaluza, con mejor trato por parte del Delegado del Gobierno en Andalucía que el dispensado a los trabajadores de la provincia de Málaga.
Dada la gravedad de los hechos, esta solución debe ser urgente y definitoria, no solo por los trabajadores que llevan en muchos casos más de 20 años en situación de fraude en la contratación y que no se merecen este trato discriminatorio por parte del Delegado del Gobierno de España en Andalucía, sino por garantizar el principio de igualdad de trato ante la Ley.
Un mismo Delegado del Gobierno y dos soluciones diferentes no es admisible en Democracia.
FIRMADO
Sindicato de Empleados Públicos de Málaga “SEPMA”
