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Estar en paro ya no define si se es pobre o no. En 2021 se acentuó el incremento de las personas pobres que están trabajando. El porcentaje de población en riesgo de pobreza subió del 21% al 21,7%, lo que significa que 10.285.517 millones de personas viven en pobreza, con ingresos inferiores a 9.535€ anuales. Y aumenta la pobreza entre los hogares monoparentales. Las medidas del Gobierno ante la crisis sanitaria han evitado a un millón y medio de personas entrar en situación de pobreza. Pero España es el cuarto país en Europa con más personas en situación de pobreza y exclusión social.
Estas son las principales conclusiones del informe sobre el Estado de la Pobreza presentado el día 13 de octubre en la sala Clara Campoamor por EAPN-ES (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español) compuesta por 19 EAPN autonómicas y 20 entidades de ámbito estatal en España.
Y para desgranarlo hablamos con Xosé Cuns Traba, director de EAPN-ES en Galicia, que nos presenta el informe basado en la última Encuesta sobre Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) del año 2021. Y que es el primero que compara con el año anterior y por tanto recoge el impacto económico de la pandemia en las personas que viven en peligro de pobreza y exclusión social. Para ello utiliza tres criterios: riesgo de pobreza, carencia material y social extrema, y escaso horario de trabajo, con sus indicadores concretos cada uno.
Xosé Cuns destaca que “han aumentado en 380.000 las personas en tal situación, llegando a los 12 millones en toda España con la pandemia. Ha tenido una cierta efectividad las medidas sociales de apoyo -tanto estatales como autonómicos- a diferencia de la crisis de 2008 cuando se encarnizaron con los más vulnerables. Por ejemplo, en Galicia disminuyó levemente el número de personas con tales necesidades”.
Hay aspectos comunes con el informe FOESSA de Cáritas “en los resultados. El de Cáritas es cada cuatro años, no anual, pero utiliza su propia investigación que no tiene nada que envidiar a la del INE. Aborda también la vivienda, la inclusión social y sociolaboral, e incluso demuestra con datos la falsedad de que los pobres no quieren trabajar y solo recibir ayudas”.
Tres conclusiones. “Una, que se perpetúa la pobreza de las mujeres peor que la de los hombres. Empeora especialmente en familias con niños, es decir, tener un hijo en España es un factor de empobrecimiento, aunque suene vergonzoso. Si es una familia monoparental, destacadamente cuando es una madre -que pasa en el 80% de los casos-, llega al 53% en pobreza. España es el segundo país de la Unión Europea en pobreza infantil, debido a la escasa protección a la infancia de las familias monoparentales.
Dos, que el mantra de que el empleo es la salvación a todos los males y de la pobreza se ha demostrado que es falso. El empleo es necesario, pero nunca es suficiente. Tiene que ser un empleo digno y no precarizado. De hecho, ha aumentado del 3% al 17% el número de personas con trabajo que están en la pobreza.
Y tres, que el acceso a una vivienda digna es clave, y ahora es el principal obstáculo para que las personas puedan salir de la pobreza. Y es insoluble con el escaso parque de vivienda pública de alquiler existente en España”.
Y se ha añadido otro perfil de pobreza. “Además del ya hablado, de la mujer, ha aparecido en los últimos años la pobreza juvenil, jóvenes de 16 a 24 años. Su aumento se inicia con la crisis de 2008 pero se está agudizando desde hace 6 o 7 años. Por lo que, si no hay intervención pública decidida en educación y salud, nos encontraremos con que sus hijos y nietos también estén en la pobreza”.
Son necesarias medidas estructurales. “Con fondos estables, no asistenciales. Por ejemplo, el Ingreso Mínimo Vital. Como han sido y son las pensiones. Si no fuera por las pensiones públicas estaríamos hablando de un 50% de persona mayores de 65 años en riesgo de pobreza. Una propuesta que tenemos es la Renta Mínima Estatal.
Por ejemplo, en Galicia la Xunta puso en marcha con la pandemia la tarjeta básica, una de débito, para familias sin ningún otro ingreso, con la que pueden ir a comprar a cualquier tienda, farmacia, etc., como los demás, sin ningún problema de estigma. Su consecuencia ha sido la disminución de esas familias en situación de pobreza. Ahora tratamos de que esta medida se extienda a las otras comunidades y a nivel estatal”.
El obstáculo de la burocracia. “Pero todo este tipo de medidas tienen que organizarse con la mínima burocracia para el acceso a los servicios sociales, porque ahora es el principal obstáculo para acceder a las decididas por el gobierno. La gente que va a ese servicio público se encuentra que se culpabiliza con una burocratización absolutamente exhaustiva. Es un problema gravísimo que de hecho está llevando a que las medidas aprobadas por el gobierno no lleguen a la población que lo necesita y lo demanda”.
La inflación está aumentando la pobreza. “Aunque no tenemos datos oficiales, pero sí tenemos una percepción masiva de las organizaciones y personas que están trabajando con la población en riesgo de pobreza. El impacto de una de una inflación de más del 10% en alimentos y productos básicos está agravando las condiciones de vida no solo de la gente en riesgo de pobreza sino también de los trabajadores con ingresos bajos, que tienen problemas para pagar alquileres, y los gastos de luz y electricidad”.
Ante la necesidad de redistribuir la riqueza. “Estamos integrados en la Plataforma por una Justicia Fiscal. Somos conscientes que no se puede hablar de pobreza sin hablar de desigualdad. Las políticas contra la desigualdad tienen que implicar medidas fiscales.
En la Plataforma estamos con Gestha -el sindicato de técnicos de Hacienda- y otros sindicatos, y hemos denunciado que el 70% del fraude fiscal se concentra en grandes empresas y grandes patrimonios. Cada uno debe pagar sus impuestos. No olvidemos los datos de Oxfam Intermon y de Gestha de que la gente con ingresos medios y bajos tiene que pagar -que ya pagan muchos impuestos- una media de 980 euros de más para cubrir lo que pagan de menos las grandes empresas y grandes patrimonios”.
Se necesita porque “esto daña no solo a los trabajadores con ingresos medios y bajos sino también a las pequeñas y medianas empresas que tienen que pagar más que grandes empresas que pueden evadir. Este aspecto nunca podemos dejarlo. Nosotros nos centramos en la lucha contra la pobreza, pero no sería honesto hablar de esta lucha sin hablar de cómo combatir la desigualdad, si realmente queremos afrontar la reducción de la pobreza a medio y largo plazo.
