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El Consejo de Transparencia de Andalucía ha determinado obligar a la dirección de la empresa municipal Puerto Deportivo de Andalucía, S.A. a entregar la documentación relativa a la contratación de un marinero a través de una empresa de trabajo temporal cuyo importe supone el doble de las retribuciones establecidas por el Convenio Colectivo para los marineros del Puerto.
Se da la circunstancia de que el marinero, contratado al margen de lo que establece el Convenio y los principios constitucionales, es pariente en primer grado de del delegado de personal de CCOO en el Puerto Deportivo e hijo de otra delegada del mismo sindicato en el Ayuntamiento de Marbella.
Por ello, el organismo autonómico andaluz dispone, tras desestimar las alegaciones presentadas por los representantes de la empresa municipal, dar un plazo de diez días para que se haga entrega a la representación sindical de SEPMA la siguiente documentación:
1.- Copia del contrato de trabajo celebrado por la empresa de trabajo temporal y la dirección del Puerto, así como del encargo de contratación realizado por la empresa.
2.- Identificación de la autoridad o miembro del órgano de gobierno de Puerto Deportivo de Marbella, S.A., que solicitó dicha contratación (celebrado bajo el mandato de la exdirectora general María Victoria Martín Lomeña).
3.- Situación contractual entre dicho empleado y la empresa o cualquier otro ente que justifique la prestación de servicios en calidad de marinero en nuestra entidad.
Tras la denuncia interpuesta por SEPMA, tenemos conocimiento de la convocatoria de proceso selectivo para ocupar plaza de marinero en el Puerto, procedimiento que es el que tendría que haber realizado en todo momento por la dirección, y que esperamos que sea transparente y justo.
En todo caso, SEPMA se reserva las acciones que en Derecho procedan si las autoridades de la sociedad mercantil no dan cumplimiento al mandato del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, porque es del todo punto injusto que se realicen contrataciones presuntamente fraudulentas, y que además beneficien a responsables sindicales que tienen que velar por el cumplimiento del convenio. Y, sobre todo, costando a las arcas municipales casi el doble de lo que cobra legalmente un marinero.
