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- El alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, ha mostrado su satisfacción por la puesta en marcha de la actuación “que da respuesta a una importante demanda de la comunidad educativa”.
- El amianto es un material cuyo uso y comercialización están prohibidos en España desde el año 2002.
(Prensa Ayto Benalmádena) El alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, ha comprobado hoy el comienzo de los trabajos para eliminar la cubierta de amianto que hasta ahora se ha mantenido en el CEIP ‘Miguel Hernández’. Una actuación impulsada por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que cuenta con un presupuesto de 70.000 euros y que se enmarca en el objetivo de la Administración autonómica de retirar el amianto en los centros educativos, que deberá desaparecer totalmente para el año 2027, tal y como obliga la Unión Europea. El regidor municipal, que ha estado acompañado por la concejala de Educación, Lucía Yeves, ha mostrado su satisfacción por la puesta en marcha de los trabajos y ha agradecido a la Junta “que cumpla con otro de los compromisos contraídos con la comunidad educativa de Benalmádena, con la colocación de una nueva cubierta libre de amianto”.
“De forma previa, nuestros operarios han retirado el cableado de la zona así como también la han despejado de todos los obstáculos para que la empresa adjudicataria de los trabajos proceda a la retirada del amianto con todas las garantías y toda la seguridad”, ha expresado Yeves, que ha explicado que “el amianto es un material cuyo uso y comercialización están prohibidos en España desde el año 2002 y la retirada solamente puede ser realizada por una empresa inscrita en el RERA (Registro de Empresas por Riesgo con Amianto)”.
De esta forma, los trabajadores dedicados a esta labor deben estar formados en la retirada de amianto con la mínima dispersión posible de polvo; saber técnicas para eliminar estas partículas o la descontaminación de la estructura que sostenía las placas de fibrocemento. Estos profesionales deben ‘encapsular’ el material una vez lo han retirado para no provocar la propagación de partículas durante el transporte. Distintas empresas consultadas del sector señalan esta falta de empleados, pero inciden sobre todo en los retrasos que implica la burocracia con las administraciones para obtener todos los permisos.
