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• Critica la premura con la que ha actuado la Administración, que el pasado viernes ya acabó con la actividad en las instalaciones momentos después de informar a los trabajadores y trasladar a los menores a otras provincias
Prensa CSIF.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, rechaza el cierre del Centro de Protección de Menores Virgen de la Esperanza de Torremolinos, dependiente de la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Málaga. Este servicio público cesó su actividad el pasado viernes, tras informarse ese mismo día a los trabajadores y a los menores acogidos del cierre “provisional” del mismo por “deficiencias estructurales”.
CSIF denuncia el malestar y la preocupación entre la plantilla de este centro, conformada por 45 trabajadores, tras el precipitado traslado a otras provincias de los 28 menores acogidos hasta ese momento y el cese de la actividad. La decisión, que fue comunicada verbalmente el pasado viernes por parte de la delegación territorial y del Servicio de Protección de Menores, ha sido adoptada de forma unilateral, sin negociar previamente con la representación legal de los trabajadores.
De hecho, a pesar de que el cierre ya se hizo efectivo, este martes se constituyó la comisión negociadora entre la Administración y las organizaciones sindicales, que debería detallar las circunstancias del cese de actividad y reubicación del personal afectado (educadores, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, cocineros, personal de limpieza y vigilantes de seguridad). Entre la plantilla hay varios trabajadores procedentes del también clausurado Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) San Francisco de Asís en Torremolinos.
Precisamente estas instalaciones, que la Junta de Andalucía cerró en 2021 de forma unilateral y sin el mínimo respeto a la parte social, podrían haber acogido la actividad del centro de menores Virgen de la Esperanza, evitando la supresión del servicio público y el desasosiego que han supuesto los traslados, tanto para los menores como para los profesionales.
Así lo reclamó CSIF el pasado viernes a la Administración, a la que recordó las diversas alternativas disponibles en la misma localidad de Torremolinos para garantizar la continuidad de este servicio público, entre ellas, la construcción de ampliación aledaña al centro de menores que fue abandonada poco antes de culminarse en 2006 sin llegar a ser utilizada.
Tanto el edificio del antiguo CIMI San Francisco de Asís como la ampliación del centro de menores Virgen de la Esperanza podrían haber acogido temporalmente este servicio público de protección de menores mientras se resuelve su situación estructural. La central sindical denuncia que por parte de la Administración ni si quiera se han valorado alternativas, sino que se ha optado por el cierre del centro y la supresión de este servicio público esencial.
Asimismo, CSIF manifiesta su desconfianza respecto al supuesto carácter “provisional” del cierre que ha defendido la Junta de Andalucía, especialmente teniendo en cuenta actuaciones precedentes, como el caso del Centro de Protección de Menores Nuestra Señora del Cobre, en Algeciras, que la Administración cerró también de forma provisional en 2019 por el deterioro de las instalaciones y cuya actividad no se ha retomado cuatro años después.
Desde el pasado viernes, el Centro de Protección de Menores Virgen de la Victoria de Torre del Mar es el único centro público de menores en la provincia de Málaga. CSIF denuncia que la Administración no ha aportado documentación que justifique este cierre, tras el que se ha extendido la incertidumbre tanto en el centro Virgen de la Victoria de Torre del Mar como en las residencias de mayores de titularidad pública de El Palo y Estepona.
En apenas unos meses la Administración autonómica está aniquilando servicios públicos destinados a colectivos vulnerables, actuando bajo un enfoque puramente mercantilista y negligente respecto a la prestación de los mismos hacia la población, y vulnerando la negociación colectiva. El cierre de este centro de menores se ha producido apenas días después del cese definitivo de la actividad de las residencias de tiempo libre en Andalucía, que prestaban un servicio orientado hacia los colectivos más desfavorecidos en todas las provincias.
