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El sindicato ha pedido a la Junta de Andalucía que paralice la orden, que supondría retirar las competencias en esta materia a los juzgados de Estepona y concentrar los procedimientos en Marbella, cuyos órganos judiciales están ya colapsados
(Comunicación CSIF) La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, muestra su absoluto rechazo al plan para comarcalizar los juzgados de violencia sobre la mujer de Estepona y Marbella, tal y como plantea la Administración autonómica por orden del Ministerio de Justicia. Esta medida supondría retirar las competencias en materia de Violencia de Género a los juzgados de Estepona para concentrar todos los procedimientos en Marbella, cuyos órganos judiciales ya están colapsados.
Así, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº 1 de Marbella está actualmente sobrepasado por la carga de trabajo, registrando casi diariamente actuaciones con detenidos que obligan a prolongar la jornada del personal funcionario para poder finalizar los procesos, tal y como viene recogido en la ley. CSIF denuncia que con los recursos actuales es materialmente imposible que se puedan tramitar durante la jornada establecida el volumen de procedimientos que se registran, especialmente teniendo en cuenta la cantidad y la urgencia que conlleva la tramitación de estos asuntos.
El aumento de los asuntos en el único Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Marbella ha sido constante en los últimos años, y se ha multiplicado debido al aumento de la población flotante y el turismo tras la pandemia. Esta sobrecarga, que no se ha visto acompañada de un aumento de los recursos, se evidencia en las desorbitadas cifras que se registran actualmente, con 500 diligencias urgentes, 480 diligencias previas, 50 exhortos y 150 asuntos civiles demandantes de violencia en lo que va de año. Si se comarcalizan las competencias, a estos números se sumarían los datos de Estepona, cuyos juzgados con competencias en materia de Violencia de Género registran este año cerca de 300 diligencias urgentes, más de 1.300 diligencias previas y 100 exhortos.
Para CSIF, la medida limitaría el derecho al acceso a la justicia de la población afectada, aumentando el colapso de los órganos judiciales y perjudicando a las víctimas de violencia de género. La central sindical subraya que la población de Marbella se triplica en períodos vacacionales, como verano, navidades y Semana Santa, pasando de 160.000 actuales a casi 500.000; al igual que ocurre en Estepona, que pasa de los 68.000 habitantes actuales a casi 200.000 en estas fechas. Cabe recordar que el partido judicial de Marbella se conforma de las poblaciones de Istán, Benahavís y Ojén, que suman otros 20.000 habitantes censados más; así como los 30.000 habitantes censados de Manilva, que se corresponden al partido judicial de Estepona.
Con el plan para comarcalizar las competencias de Estepona a Marbella, este órgano soportaría la carga de unos 278.000 habitantes censados y que pueden superar los 750.000 habitantes en bastantes períodos del año, para un único órgano que ya se encuentra saturado actualmente. Además, debido a la extensión del partido judicial de Estepona, que llega hasta la Barriada del Secadero (límite de la provincia de Cádiz), nos encontraríamos con víctimas de violencia de género que deberían desplazarse a más de 70 kilómetros de distancia con esta medida.
CSIF ha pedido a la Administración autonómica que tenga en cuenta igualmente la dificultad de las comunicaciones entre el partido judicial de Estepona y Marbella, cuyo recorrido por carretera –única posibilidad- en transporte privado puede alcanzar más de una hora debido a la saturación del tráfico, que se duplica en transporte público. Además, tanto las víctimas de violencia de género, como familiares y menores en estos procedimientos se verán perjudicados por la ubicación en Marbella del punto de encuentro familiar en la regulación de las visitas.
El sindicato recuerda el traslado de la Unidad de Violencia de Género Integral (UVIG) que había en Marbella a Málaga, donde ahora tendrán que desplazarse las personas afectadas en estos procedimientos (víctimas, hijos/as, padres y madres si son menores, etc.) para que se emitan los informes psicológicos, al tiempo que defiende que su vuelta facilitaría enormemente la tramitación, evitando gastos a las víctimas y dilación de los asuntos.
Por otro lado, además de perjudicar a las víctimas, la comarcalización de estos órganos también afectará a las plantillas especializadas de los juzgados afectados, que, ante la avalancha de asuntos, podrían optar por su traslado a otros órganos menos saturados. En este caso, la situación empeoraría aún más ya que Marbella tendría que afrontar el servicio con personal nuevo y no especializado, que rotaría constantemente en cada concurso de traslado o comisión de servicio, como ya está ocurriendo.
CSIF ha pedido a la Administración autonómica que paralice la orden para comarcalizar los juzgados de violencia sobre la mujer en Marbella, al tiempo que ha advertido de que deberá realizarse una valoración de los riesgos psicosociales a los que se exponen los trabajadores de los juzgados de Marbella ante esta nueva distribución de trabajo, que obviamente causará una sobrecarga laboral con consecuencias negativas sobre su salud.
Para la central sindical, la medida es un error que perjudicará tanto a usuarios como a trabajadores, por lo que insiste en la necesidad de que se mantenga la distribución actual, al tiempo que demanda un refuerzo de plantillas para poder responder a la sobrecarga actual con la celeridad y garantías que esta materia requiere.
