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El pleno suspende la ordenanza de transporte público para darle “un marco legal administrativo” que garantice la gratuidad de los autobuses urbanos y la prestación del servicio
- El edil de Hacienda ha subrayado la necesidad de abordar esta medida que estaba frenando la aprobación de los presupuestos para 2024, con un agujero que ya alcanza los 700.000 euros por aprobarse en Innoben el autobús gratuito a empadronados, sin pasar por pleno ni tener los informes vinculantes obligatorios, sin cumplir el procedimiento y que cuentan, además, con informe desfavorable de Intervención.
- El informe técnico llevado a pleno cita que “dicha forma de gestión (del gobierno anterior) plantea serias dudas jurídicas que precisan de su regularización”. Y sobre la decisión del anterior gobierno subraya que, “sin que conste procedimiento administrativo que ampare la no exacción de los ingresos de esta ordenanza”.
(Prensa Ayto Benalmádena) El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benalmádena ha dado luz verde hoy de urgencia a la suspensión de la ordenanza de transportes con el objetivo de darle un marco legal administrativo al servicio para que este pueda continuar prestándose en el municipio a beneficio de la ciudadanía. La urgencia llevada a este pleno ha sido fundamentada por el edil de Hacienda, José Miguel Muriel, quien ha subrayado que se trata de un asunto “importante”, que “nos lo hemos encontrado y exige regularizarlo y actualizarlo según ley, por una situación que hay que subsanar lo antes posible y que tiene condicionado sacar adelante los presupuestos de 2024”.
Muriel ha advertido durante su intervención que la “gratuidad del transporte público”, aprobada por el gobierno anterior, cuenta “con informes desfavorables de Intervención”. “Se está dando un servicio público gratuito que solo está aprobado en la empresa, pero el Ayuntamiento está obligado a cobrarlo”, recordó Muriel. “Esta situación, ha provocado que no exista expediente en la empresa, ni expediente en el Ayuntamiento con una ordenanza fiscal que dice que hay que cobrar a los usuarios del transporte público, toda vez que se está ofreciendo de forma gratuita a empadronados sin estar especificado en la ordenanza”.
Por ello, Muriel señaló que existe una “grave” contradicción porque “se firma algo en la empresa y la ordenanza fiscal dice lo contrario: que se siga cobrando la tarifa a todos los usuarios” provocándose un “desequilibrio financiero en la empresa responsable del transporte urbano”.
“Para nosotros ha sido una sorpresa porque tenemos que encontrarle viabilidad económica y jurídica, fue una medida electoral decir que sería gratuito el transporte público sin llevarlo a Junta General y sin modificar la ordenanza”, recordó Muriel.
“Lo primero que habría que haber hecho era un estudio económico garantizando la viabilidad de la gratuidad del transporte público para empadronados, pero no lo había, provocando un desequilibrio financiero de 700.000 euros”.
Por eso, añadió Muriel, “ahora tenemos que cambiar el plan normativo para cambiar la ordenanza fiscal y habrá que llevar al Plan Estratégico de Subvenciones porque se ha disparado el número de usuarios que utilizan el transporte público”. Con esta decisión en pleno, el equipo de gobierno quiere garantizar que se siga prestando el servicio dotándolo de un marco jurídico legal que, además permita, mejorar y ampliar el servicio, manteniendo su gratuidad y estudiando fórmulas para incrementar la movilidad sostenible.
Muriel recordó que “mantener la situación actual sin informes legales vinculantes no se contempla”, ya que “estaríamos incurriendo en la misma situación generada, el convenio es hasta el 31 de diciembre y tenemos que suspender esta ordenanza”, subrayó. “Esta situación va a generar un conflicto político porque este equipo de gobierno tendrá que tomar decisiones importantes por lo que nos hemos encontrado”.
El debate lo cerró el alcalde, Juan Antonio Lara, quien señaló que una empresa, en este caso Innoben, “no puede decidir por su cuenta y riesgo que no se cobre nada a empadronados, se tiene que aprobar en consejo de administración y dar cuenta al pleno”, cuestión que no se hizo, subrayó. “Estamos debatiendo el procedimiento, que al no pasar por pleno, pues se incumple el procedimiento”. “Se va a someter a información pública y una vez se dictamine podremos decidir lo que hacemos”, sentenció. La medida salió adelante con los votos a favor del equipo de gobierno del PP, la abstención de VOX e IU y el voto en contra del PSOE.
