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Morillas: “Es fundamental desplegar tres medidas: la declaración de zonas tensionadas para limitar el precio de los alquileres, el aumento del parque de viviendas públicas en régimen de alquiler y la intervención en la actividad desbordada del mercado del alquiler turístico”
Prensa IU Málaga.- La coordinadora provincial de Izquierda Unida, Toni Morillas, fija como “la política pública preferente para 2024 la garantía del derecho efectivo a la vivienda para toda la población malagueña”. Para cumplir este objetivo llama a “poner en marcha tres medidas: la declaración de zonas tensionadas para limitar el precio de los alquileres, el aumento del parque de viviendas públicas en régimen de alquiler y la intervención en la actividad desbordada del mercado del alquiler turístico”.
Morillas explica que “acabamos de conocer un nuevo dato con el que nuestra provincia vuelve a batir un nuevo récord: la subida del 13% de los alquileres, con lo que ya el precio medio se sitúa en los 1.100 euros para una vivienda de 80m2. Qué trabajador o qué trabajadora puede permitirse pagar estos alquileres”.
“Es fundamental que se declare a Málaga, la capital, pero también otras ciudades costeras como Marbella, Rincón de la Victoria o Fuengirola, ciudades tensionadas conforme a la ley estatal de la Vivienda, de manera que se puedan brindar herramientas para limitar el precio del alquiler y frenar la actual escalada”, propone Morillas.
En segundo lugar, la coordinadora de IU reclama “un compromiso por parte de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España para dedicar fondos a la promoción de vivienda pública y a la rehabilitación del actual parque de viviendas. Para que haya una apuesta valiente y contemos con vivienda pública de alquiler suficiente para atender la demanda existente”.
En tercer lugar, Morillas insta a que “el decreto para regular las viviendas turísticas que está preparando la Junta de Andalucía, sea una norma que ofrezca herramientas que permitan una intervención efectiva en el mercado del alquiler turístico y que, mientras tanto, los ayuntamientos hagan uso de los mecanismos de los que ya disponen para inspeccionar las viviendas en situación de fraude y para hacer uso de las medidas que existen en los planes urbanísticos y que permiten establecer moratorias en las zonas saturadas”.