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En la reunión, cerrada a la prensa, se han propuestos los nombres Villa del Guadalhorce, Villanueva del Guadalhorce y Pueblo Nuevo
Este sábado 22 de junio, a las 10:00 horas, el centro de mayores de Villafranco del Guadalhorce fue el escenario de una asamblea informativa convocada por el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande para abordar el cambio de nombre de la pedanía, en cumplimiento con la Ley de Memoria Democrática. Luis Guerrero, primer teniente de alcalde, defendió la exclusión de la prensa para permitir una mayor libertad de expresión entre los vecinos, una decisión también respaldada por Susana García, concejala de Villafranco. Esta última resaltó que «por respeto para que todos los vecinos y vecinas se expresaran libremente sin tener la coacción que algunos manifestaron que podían tener».
El alcalde Anthony Bermúdez justificó el proceso como una obligación legal y una medida para evitar sanciones, indicando los tres posibles nombres alternativos propuestos: Villa del Guadalhorce, Villanueva del Guadalhorce y Pueblo Nuevo. En sus declaraciones, hizo hincapié en que «la mayoría de los que han asistido a la asamblea son los que no están de acuerdo con cambiar el nombre», y aclaró que el cambio es por el reconocimiento de la figura de Franco como dictador.
A medida que los vecinos fueron saliendo de la asamblea, sus testimonios revelaron un profundo descontento y una sensación de haber sido ignorados en un proceso que consideran unilateral. María, vecina de toda la vida, expresó con vehemencia: «No quiero cambios, yo quiero que se llame Villafranco. Villafranco ya no es por la política ni por Franco». Este sentimiento fue compartido por Paco, quien manifestó que «aquí se está viviendo hoy una cosa en contra del pueblo porque sencillamente todos queremos seguir como estamos».
La reunión fue percibida por muchos como una imposición. Rocío denunció la falta de opciones y ‘el tono amenazante’ con el que se condujo la asamblea: «Esta reunión ha sido un imperativo, no nos han dado la elección a poder elegir si queremos cambiar o no el nombre. Nos vamos a reunir y organizarnos porque ya solo con el tono amenazante de que nos van a quitar subvenciones y de que nos van a poner multas te retienen un poco». Por su parte, Luisa María calificó lo sucedido como «vergonzoso», sugiriendo que los vecinos han sido engañados.
Ana Belén Ordóñez, segunda teniente de alcalde y concejala de Memoria Democrática, insistió en la necesidad de cumplir con la legalidad vigente y restó importancia a la representatividad de los asistentes, señalando que no todos los vecinos acudieron a la reunión: “No todos los vecinos de la pedanía han concurrido aquí hoy, habría poco más de cien vecinos y son muchos más, por lo que no podemos entender que lo que ha ocurrido aquí hoy represente a toda la pedanía”.
En contraste, hubo voces como la de Sebastián, que apoyaron el cambio, subrayando la necesidad de cumplir la ley y proponiendo alternativas como «Villa del Guadalhorce». Sin embargo, la mayoría de los testimonios reflejaron una oposición firme, fundamentada en una identidad local que trasciende la figura de Francisco Franco.
Teresa Sánchez Ramírez, concejala de Obras Públicas y Medio Ambiente, expresó una postura conciliadora y llamó a los vecinos a utilizar los mecanismos democráticos para modificar las leyes con las que no están de acuerdo. Subrayó que, aunque los vecinos tienen derecho a manifestar su descontento, el Ayuntamiento debe cumplir la ley para evitar consecuencias negativas, como la pérdida de subvenciones vitales para el municipio. Teresa Sánchez afirmó: «Los vecinos están en su derecho de manifestarse… Hoy por hoy, tenemos que cumplir las leyes y si no se cumplen tienen unas consecuencias. Nosotros como representantes públicos estamos obligados a cumplir la ley y los vecinos están en su derecho de articular los mecanismos legales y democráticos que estén a su alcance para cambiar lo que no les gusta.»
Luis Guerrero destacó que el Equipo de Gobierno ha convocado la asamblea para escuchar a los vecinos y dar la cara por su decisión, algo que no se hizo en 2016. Subrayó la importancia de cumplir con la Ley de Memoria Democrática, a pesar de la oposición ideológica o sentimental, y mencionó que el proceso de elección del nuevo nombre será consultivo y garantista. Guerrero insistió en que la ley debe aplicarse sin instrumentalizarse ideológicamente.
El Partido Popular no hizo declaraciones y por su parte, Antonio Jesús Fernández, concejal por VOX, lanzó duras críticas a la concejala de Memoria Democrática, acusándola de mentir sobre las consecuencias del incumplimiento de la ley. “Ha llegado a mentir, también, a los ciudadanos de Villafranco, diciéndoles que si no se cambia el nombre, el último tramo de la carretera que queda por arreglarse, no se va a poder arreglar porque no van a llegar las subvenciones. Eso es totalmente falso, primero porque la Ley de Memoria Democrática no tiene nada que ver con la subvención para el arreglo de la carretera. Y segundo, porque en Diputación todavía no está el proyecto terminado por este equipo de gobierno. Hay 4 millones de euros esperando a que este Ayuntamiento haga el informe, pase allí el proyecto y pueda darle vida a esta obra”, dijo el concejal de VOX.
La asamblea ha dejado al descubierto profundas divisiones en Villafranco del Guadalhorce y ha resaltado la complejidad de aplicar la Ley de Memoria Democrática en contextos locales.
