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- Estas actuaciones forman parte del Programa de Fomento de Empleo Agrario en su modalidad de Empleo Estable
- Los fondos permiten financiar la contratación por parte de los Ayuntamientos de trabajadores desempleados, preferentemente del sector agrario, para la ejecución de obras de interés general y social
El Gobierno de España destina 5,4 millones de euros a un total de 99 proyectos del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) 2024-2025 en su modalidad de Empleo Estable en 88 corporaciones locales de la provincia de Málaga.
Gracias a estos fondos los municipios podrán financiar la contratación de trabajadores desempleados, preferentemente del sector agrario, para la ejecución de obras de interés general y social.
El Programa de Fomento de Empleo Agrario se divide en dos programas específicos: el Programa de Garantía de Rentas, dotado con 15,7 millones de euros; y el Programa Generador de Empleo Estable, que cuenta con un presupuesto de 5,4 millones de euros.
Las cantidades del Programa de Empleo Estable se han aprobado en la reunión celebrada en la Subdelegación del Gobierno por la Comisión de Seguimiento de PFEA Málaga, que preside el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, y que está formada por representantes del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la administración autonómica y administraciones locales, sindicatos y organizaciones agrarias. En una reunión anterior ya se abordaron los proyectos del Programa de Garantía de Rentas, que suponen 15,7 millones de euros, lo que totaliza 21,1 millones de euros.
El PFEA es un programa que permite mejorar y crear nuevas infraestructuras en los municipios donde se desarrolla y, además, garantiza el empleo y rentas a los trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, en épocas fuera de campañas”, ha subrayado el subdelegado del Gobierno, Javier Salas.
En los últimos seis años, desde 2018 hasta 2024, la dotación presupuestaria para el PFEA se ha incrementado un 24%, ha destacado Javier Salas.
El subdelegado del Gobierno ha recordado que el Servicio Público de Empleo Estatal ha realizado un total de 16.858 contratos que han arrojado 308.940 jornales en la provincia de Málaga en el PFEA 2023-2024 que se está terminando de ejecutar”, ha indicado Javier Salas.
El Gobierno de España, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, aporta a través de estos 21,1 millones de euros el 65% de estos proyectos, que llegan a la práctica totalidad de municipios de la provincia. El resto de la financiación corresponde a las administraciones regional y local.
El PFEA es una herramienta importante para los municipios de la provincia de Málaga, sobre todo para los que tienen una actividad mayoritariamente agrícola, cuyo objetivo es mantener el empleo de los trabajadores del campo malagueño durante la época de paro en el campo.
Se trata de actuaciones diversas fundamentalmente de reparación y modernización de infraestructuras urbanas de servicios, culturales, deportivas y agrarias, así como medioambientales y forestales o la puesta en marcha de instalaciones para actividades productivas.
Reducción de jornadas y brecha digital
Este programa está encuadrado dentro de las Políticas Activas de Empleo que gestiona el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Andalucía. Se determinó en 2022 con el Real Decreto 4/2022 y posteriormente con el Real Decreto 18/2022 de 18 de octubre la reducción del número de jornadas reales cotizadas para acceder a la renta agraria a favor de los trabajadores y trabajadoras eventuales agrarios deberá ser igual o superior a 20 y 10 jornadas cotizadas, respectivamente, considerándose acreditado las 35 jornadas cotizadas que históricamente eran necesarias para acceder a la renta agraria.
Es el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) quien destina créditos con cargo a sus presupuestos anuales para subvencionar los costes salariales y de cotización empresarial de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, contratados por las corporaciones locales. Estas contrataciones deben tener por objeto la ejecución de proyectos de interés general y social, siempre que sean competencia de las corporaciones locales y que sean ejecutados en régimen de administración directa o en régimen de adjudicación.
