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El sector de la juguetería concentra el 29,5 por ciento de las falsificaciones intervenidas en la provincia malagueña
La mayor parte de las operaciones se desarrolló en establecimientos y naves, fábricas y almacenes
(Comunicación Subdelegación Gobierno España en Málaga) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad requisaron durante 2023 un total de 41.649 productos falsificados en la provincia de Málaga, donde se llevaron a cabo 182 operaciones que culminaron en la detención o investigación de 122 personas por delitos contra los derechos de propiedad industrial.
El mayor porcentaje de productos falsificados intervenidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad corresponde en Málaga al sector de la juguetería con 12.284 objetos intervenidos, lo que supone el 29,5% del total. Le siguen, por volumen, el sector de marroquinería y complementos, con 8.587 productos incautados y el textil, con 6.875 objetos intervenidos.
La mayor parte de las operaciones se llevaron a cabo en establecimientos y naves, fábricas y almacenes, requisándose respectivamente, 14.263 y 13.534 productos falsificados. Asimismo, se intervinieron 7.734 en lugares de venta ambulante legal.
Así se refleja en los datos anuales de las intervenciones y de la actividad contra la venta de falsificaciones, publicados este jueves por el Ministerio del Interior en el Portal Estadístico de Criminalidad, en su apartado Datos/Propiedad Industrial, y que recogen operaciones de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra, Mossos d’Esquadra y policías locales.
La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Industria y Turismo, ha agradecido la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en las operaciones de lucha contra las falsificaciones, incautación y retirada del mercado de los productos falsos.
Las infracciones a los derechos de propiedad industrial tienen “consecuencias nefastas para la economía y la sociedad, destruyen puestos de trabajos directos, y reducen la venta de los productos legítimos”, ha explicado la Oficina. Los productos falsificados suponen un riesgo para los consumidores, al eludir los controles de calidad y las normas de fabricación, así como los controles e inspecciones oportunos para su posterior comercialización de forma segura.
Los datos publicados resultan de gran valor en el diseño de acciones dirigidas a la sensibilización y concienciación de la población sobre los efectos negativos del consumo y adquisición de productos falsificados en nuestro país. Asimismo, la OEPM trabaja con un compromiso firme en la implementación de políticas públicas de protección de los derechos de propiedad industrial más eficaces y de lucha frente a su vulneración.
