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Hoteleros de Málaga provincia apoyan el anuncio de posibles acciones legales ante la entrada en vigor del nuevo Registro de Viajeros y la falta de respuesta del Gobierno.
El sector considera que la normativa supone un grave perjuicio para viajeros y establecimientos.
(Comunicación AEHCOS) Al hilo del anuncio realizado por la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT en relación al posible inicio de acciones legales contra el Real Decreto933/2021 sobre el Registro de Viajeros, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 2 de diciembre, desde el sector hotelero y de alojamientos turísticos de la provincia de Málaga se quiere hacer púbico su apoyo y colaboración para emprender dichas medidas ante la falta de respuestas por parte del Gobierno y el impacto negativo que esta normativa supondrá para el sector hotelero y los propios viajeros.
El sector denuncia que el Ejecutivo ha ignorado todas las peticiones de diálogo y aclaración, tanto de CEHAT como de asociaciones turísticas internacionales. A pesar de las reiteradas advertencias sobre las graves repercusiones que tendrá este reglamento, el Gobierno no ha ofrecido soluciones ni ha emitido la prometida Orden Ministerial para aclarar su implementación.
Una normativa con impacto directo sobre viajeros y empresarios para el conjunto del sector, el nuevo reglamento no solo afecta negativamente a los turistas internacionales, sino también a los ciudadanos españoles que hacen uso de hoteles y alojamientos en sus desplazamientos dentro del país. Estos deberán enfrentarse a trámites administrativos más complejos y tediosos, comprometiendo su experiencia de alojamiento.
Además, los hoteleros mantienen que se ven obligados a cumplir con una normativa confusa y desproporcionada y que vulnera varias directivas europeas relacionadas con la protección de datos y los sistemas de pago. El incumplimiento de esta normativa europea puede acarrear importantes multas a las empresas muy superiores a las propias sanciones por no cumplir el Real Decreto del Ministerio del Interior, exponiéndose a sanciones de hasta 30.000 euros si no logran adaptarse a tiempo.
Se denuncia, que esta falta de claridad genera una inseguridad jurídica inaceptable para un sector que representa más del 12% del PIB español y es clave para la economía del país.
El silencio del Gobierno deja al sector sin alternativas Desde la reunión mantenida con el Ministerio del Interior el pasado 4 de octubre, desde la Organización que representa al conjunto del sector hotelero a nivel nacional y donde están integradas las asociaciones provinciales entre las que se encuenta AEHCOS, no ha recibido ninguna comunicación oficial ni avances concretos en las prometidas aclaraciones.
Asimismo, el Gobierno no ha emitido la Orden Ministerial comprometida para detallar los procedimientos necesarios, dejando a los hoteleros en una situación de indefensión a menos de una semana de la entrada en vigor del decreto.
Resulta sorprendente que tras meses solicitando diálogo y propuestas concretas para garantizar la seguridad jurídica y la viabilidad del sector, el sector no haya recibido ninguna respuesta. De esta forma resulta inevitable que, ante esta falta de voluntad política, el sector se vea obligado a plantear vías legales para proteger tanto a los empresarios como a los viajeros. Acciones legales para defender al sector y a los viajeros Como consecuencia de todo ello, las organizaciones representantes del sector están trabajando con expertos legales para evaluar las opciones judiciales disponibles, con el objetivo de impugnar la normativa por su impacto desproporcionado y su incompatibilidad con las directivas europeas.
Consideramos que estas acciones son necesarias para defender los derechos de los viajeros y garantizar un entorno regulatorio equilibrado y justo para los establecimientos turísticos. A juicio del sector, España no puede permitirse que una normativa tan lesiva entre en vigor sin que se hayan resuelto sus múltiples defectos, por lo que no dejaremos de luchar para garantizar que nuestro sector y nuestros viajeros reciban el respeto y la protección que merecen.
No obstante, el sector reitera su compromiso de colaborar con las autoridades españolas y europeas en la búsqueda de soluciones que garanticen la seguridad sin comprometer la operatividad del sector, antes de la entrada en vigor de esta normativa.
