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“El año pasado se suscribió un acuerdo a tres partes para que, cada uno, en el ámbito de sus competencias, haga lo necesario para materializar este nuevo edificio donde todos los operadores jurídicos podrán tener un nuevo espacio, con el equipamiento adecuado, donde podrán desarrollar su profesión con total seguridad”, ha explicado la concejala de Planeamiento y Disciplina Urbanística, Marina Vázquez
(Prensa Ayto Torremolinos) El pleno de la Corporación Municipal de Torremolinos ha aprobado hoy, por unanimidad, la reversión de los terrenos cedidos en su momento a la Junta de Andalucía para la construcción del Palacio de la Justicia, de modo que los mismos vuelvan a ser patrimonio del Ayuntamiento de Torremolinos.
Se trata del primer paso imprescindible para que el Ayuntamiento pueda ceder estos terrenos al cincuenta por ciento a la Junta de Andalucía y el otro cincuenta por ciento a la Diputación de Málaga, que serán quienes finalmente se encarguen de construir en el municipio la nueva sede judicial de Torremolinos-Benalmádena, tras el acuerdo firmado en diciembre del pasado año.
La concejala de Planeamiento y Disciplina Urbanística, Marina Vázquez, ha explicado que “el año pasado se suscribió un acuerdo a tres partes para que, cada uno, en el ámbito de sus competencias, haga lo necesario para materializar este nuevo edificio donde todos los operadores jurídicos podrán tener un nuevo espacio, con el equipamiento adecuado, donde podrán desarrollar su profesión con total seguridad”.
“Estamos dando pasos firmes y seguros, y por nuestra parte no quedará en el olvido este proyecto tan necesario para los ciudadanos de Torremolinos”, ha señalado la edil.
El nuevo edificio permitirá reubicar, en un único inmueble, todos los órganos jurisdiccionales existentes, implantar otros nuevos y prever espacio para las necesidades futuras.
Por otra parte, el pleno de diciembre también ha aprobado, por unanimidad, una moción declarativa presentada por PSOE e IU-Podemos para expresar el apoyo a las reivindicaciones del Personal Técnico de Integración Social (PTIS) de Andalucía, e instar a la Junta de Andalucía a que se amplíe la plantilla de profesionales que prestan atención a alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) y con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).