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La cuarta parte del presupuesto de la institución provincial del año pasado se ha distribuido entre las entidades locales
Francisco Salado lamenta que el Gobierno central no haya concretado aún la liquidación de la Participación en los Ingresos del Estado de 2023 ni la actualización de 2025, estimadas en torno a 50 millones de euros, lo que ha impedido planificar más inversiones en la provincia
(Prensa Diputación) La Diputación de Málaga ha transferido durante el año pasado 118,8 millones de euros a los 103 municipios y las dos entidades locales autónomas de la provincia. Son cantidades que se han repartido a través de la Concertación, de los planes de asistencia económica municipal, de actuaciones del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), así como de subvenciones directas para la ejecución de proyectos planteados por los municipios.
El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha resaltado que esos casi 119 millones de euros suponen que la cuarta parte del presupuesto de la institución provincial de 2024 se ha repartido entre las entidades locales de la provincia.
«Es una muestra clara de que somos la administración más inversora en los municipios, de nuestra defensa de la autonomía local y de nuestro apoyo a los pueblos y ciudades de la provincia, que se traduce en inversiones y en actuaciones que contribuyen a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes», ha recalcado.
Salado ha explicado que los 86 municipios menores de 20.000 habitantes y las dos entidades locales autónomas (Bobadilla Estación y Estación de Gaucín-El Colmenar) han recibido 91,1 millones de euros, lo que supone un 76,5% de las transferencias totales.
«Esto refleja -ha añadido- que estamos volcados con los pueblos más pequeños de la provincia, que son nuestra prioridad y que nos centramos en su mejora, pero sin olvidar tampoco al resto de municipios, porque todos los proyectos que se acometen en todas las localidades de la provincia acaban beneficiando a toda la ciudadanía, vivan en los pueblos más pequeños o en ciudades con más habitantes».
Francisco Salado destaca que los casi 119 millones de euros se han distribuido principalmente a través de la Concertación (para las localidades menores de 20.000 habitantes) y de los cuatro planes de asistencia económica municipal con los que la Diputación inyecta liquidez y recursos económicos a todos los municipios, así como de las aportaciones del PFEA.
También, buena parte de esa cantidad se ha repartido a través de subvenciones directas concedidas a los ayuntamientos que han presentado proyectos relacionados, por ejemplo, con el Corredor Verde del Guadalhorce, con actuaciones urgentes relacionadas con el abastecimiento y distribución de agua potable, con proyectos medioambientales y con la mejora de equipamientos.
Retraso en el reparto de la PIE
Francisco Salado ha indicado que las transferencias a los municipios podrían haber sido aún mayores y, sobre todo, que ya podrían estar preparándose nuevas inyecciones económicas de este año a los municipios si el Gobierno central cumpliera sus obligaciones.
En este sentido, ha apuntado que el Ministerio de Hacienda aún no ha concretado la cuantía de la liquidación de 2023 de la Participación de los Ingresos del Estado (PIE), un recurso financiero del Estado destinado a las administraciones locales. «La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene que esmerarse y centrarse en sus obligaciones, porque este retraso en la liquidación de la PIE perjudica negativamente a los municipios», ha lamentado.
Igualmente, Salado también se ha referido a que tampoco hay constancia sobre cuál será la actualización de la PIE para 2025, lo que ha impedido incluir en el presupuesto de la Diputación de este año esa previsión.
«Ese retraso en la liquidación y esa falta de actualización de la PIE supone un montante muy importante, en torno a 50 millones euros. No podemos estar preparando más transferencias a los ayuntamientos ni planificando más inversiones por culpa de esa dejación del Gobierno central, que vuelve a demostrar su incapacidad, lo que al final va en detrimento de la ciudadanía», ha insistido.
