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La subida de los precios de la vivienda sigue disparada. Un estudio de la Unión Europea (UE) ha calculado que se necesitarían -dedicando el 40% de los ingresos- de 25 a 35 para adquirir una vivienda mediana. Respecto al alquiler, el mismo estudio calcula que, dedicando un 40% de los ingresos solo sería posible alquilar un inmueble de entre 30 y 50 metros cuadrados. Pero la lucha de la gente crece, se extiende y se fortalece, desde Baleares a Canarias, de Barcelona a Madrid, de Málaga a Valencia, de Murcia a Gijón.
El salvaje encarecimiento de los precios de las viviendas -tanto para alquilar como para comprar- ha convertido a España en un país donde el acceso a la vivienda -la posibilidad de arrendar o comprar un inmueble digno- es uno de los problemas más graves para la población, situándose entre los países más desfavorecidos de la UE, como Polonia, Bulgaria, Rumanía y Grecia, todos ellos con un Producto Interior Bruto (PIB) muy inferior al español.
La vivienda como derecho está en peligro
Tal galopante subida está generando situaciones como que los precios para alquilar una vivienda se hayan elevado en un año un 7,4%; que existan los llamados ‘desahucios invisibles’ en Madrid y Barcelona, es decir, que 8 de cada 10 inquilinos se mudan a los 5 años por la subida del alquiler; que la oferta de habitaciones en pisos compartidos se haya disparado un 29%, y que un alquiler habitacional puede alcanzar los 500 euros; que las rentas medias por hogar solamente permitan alquilar 50 m² o comprar hipotecándose más de 25 años.
Y en 2025, el Ministerio de Vivienda prevé un alza de los precios del 5,9%, e incluso el Instituto Nacional de Estadística (INE) la eleva al 7,2%. Por ello, a pesar de contar con más ahorros y menos deudas, los hogares españoles tienen cada año que hacer un esfuerzo mayor para acceder a una vivienda. Porque, en España aun subiendo los salarios, los precios de los inmuebles y su alquiler escalan mucho más. A cierre del tercer trimestre del 2024, el porcentaje de los ingresos anuales de una familia necesarios para pagar las cuotas hipotecarias se situó en el 35,3% de la renta disponible media, un aumento de cinco puntos respecto a 2018 que era del 30%. El mencionado estudio -financiado por la UE y elaborado por el consorcio europeo de vivienda- lo expone con estadísticas.
Las luchas recorren la geografía española
La gravedad de falta de viviendas para la población que trabaja y vive en Baleares es cada vez más acuciante. Por ello, la plataforma Menys Turisme, Més Vida promovió una masiva manifestación contra la masificación turística el verano pasado. Este mes de febrero ha convocado una asamblea en Manacor para valorar colectivamente la situación y las fuerzas -después de la gran manifestación en verano y ante la pasividad del Govern balear- para continuar con las acciones de protesta ante el crecimiento turístico previsto para este año 2025 y ante el agravamiento del problema habitacional en Baleares.
Uno de los miembros del Sindicat d’Habitatge de Palma -uno de los colectivos integrante la plataforma Menys Turisme, Més Vida- Álvaro Alonso ha destacado que “los precios inaccesibles de la vivienda hace tiempo que dejaron de afectar únicamente a los jóvenes. Actualmente, cualquier persona de clase media y con experiencia laboral se las ve y se las desea para afrontar el pago habitacional. Solo basta darse una vuelta por Palma y comprobar cómo han crecido asentamientos de todo tipo.
Madrid se manifiesta
En los primeros días de febrero otra nueva protesta por la vivienda recorrió el centro de Madrid con un lema central -por una vivienda digna y sostenible- y una denuncia -no es un bien de mercado sino un derecho-, convocada por una plataforma, Hábitat 24, que unía a 40 colectivos, la manifestación exigía a las Administraciones Públicas todas las medidas necesarias para paliar la crisis habitacional fue un éxito de asistencia y de fuerza.
Los colectivos exigen un decálogo de acciones, muchas de ellas ya reclamadas el pasado octubre: imponer los topes de precios de la ley estatal de vivienda, aprobar una ley autonómica de vivienda que incluya la creación de un parque público no descalificable del 30%, un plan para la rehabilitación de inmuebles fuera de uso, el fin de los desalojos sin alternativa habitacional y la suspensión de las licencias de pisos turísticos.
Eduardo Madroñal Pedraza
