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- La central sindical ha insistido en la necesidad urgente del reconocimiento como agentes de la autoridad para el personal de Instituciones Penitenciarias, ante el aumento de las agresiones
- Ha mostrado su preocupación por la pérdida de poder adquisitivo del colectivo, así como por la alta temporalidad en las administraciones públicas, estancada en el 30%
(Nota de prensa CSIF) La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, primera fuerza sindical en las administraciones públicas, ha trasladado este viernes al PSOE de Málaga sus propuestas para la mejora de las condiciones laborales del colectivo de empleados públicos. La central sindical ha planteado la necesidad de que el Gobierno central apruebe cuanto antes una subida salarial justa para los empleados públicos, así como una oferta pública adecuada y sin tasa de reposición y la aplicación de las 35 horas semanales para todas las administraciones, entre otras cuestiones.
En el encuentro, celebrado en la sede provincial del sindicato, han participado el presidente de CSIF Málaga, Francisco Javier Domínguez; la vicepresidenta, Isabel García; la secretaria general del sindicato, Carmen Alguacil; el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar; el secretario de Organización, José Bernal; la secretaria coordinadora del Área Políticas del Estado del Bienestar y Derechos de la Ciudadanía, Estefanía Martín; y la secretaria de Sanidad, Carmen Martín.
CSIF, como primer sindicato en las administraciones públicas, ha trasladado un conjunto de reivindicaciones que considera que deben abordarse “de forma prioritaria” en el ámbito de la negociación colectiva a nivel nacional. Entre ellas, el presidente provincial de CSIF Málaga, ha subrayado la necesidad de que “el Gobierno apruebe por decreto la subida salarial del 0,5% pendiente, tal y como hizo en 2020 y 2024, así como el pasado mes de marzo con el personal militar”, y ha recordado que los salarios del colectivo “también tienen que actualizarse conforme al IPC para frenar la pérdida de poder adquisitivo”.
Ha pedido que se reactive la negociación de una nueva oferta de empleo público para 2025 eliminando la tasa de reposición; de la jornada laboral de 35 horas; la equiparación salarial entre las distintas administraciones; la mejora de las condiciones de jubilación del Régimen General y Clases Pasivas y la regulación de la jubilación parcial; y la adecuación de los grupos profesionales en el conjunto de administraciones, entre otras.
Igualmente, la central sindical ha mostrado su preocupación por la alta tasa de temporalidad en las Administraciones Públicas, que está estancada en el 30%, “muy por encima del límite del 8% de interinidad acordado con Bruselas” y recogido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. “Aunque se han creado plazas, las administraciones no han dejado de crear nuevas plazas temporales por sus necesidades de personal”, ha puntualizado Domínguez, que ha lamentado que siga vigente la tasa de reposición (el límite que se establece en los Presupuestos a la reposición de efectivos jubilados), lo que se une a la ausencia de Presupuestos Generales del Estado.
Por ello, CSIF reclama que se negocie una nueva oferta de empleo público sin tasa de reposición, que permita hacer frente al envejecimiento de las plantillas: más del 60% de los empleados públicos tiene más de 50 años y en la próxima década se podría jubilar cerca del 30% de la plantilla actual de la Administración General del Estado, lo que nos situaría en una situación de colapso si no se adoptan medidas urgentes.
Más seguridad y garantías para el personal de IIPP
Con el objetivo de promover una mejora de la seguridad en las prisiones ante el aumento de las agresiones al personal Instituciones Penitenciarias, CSIF ha insistido, entre otros asuntos, en la “necesidad urgente, tras varios aplazamientos, del reconocimiento como agentes de la autoridad para todos los trabajadores, así como que se incluyan los principios de veracidad e indemnidad, además de ofrecer la cobertura jurídica necesaria al colectivo”.
Estas medidas tienen que ir acompañadas de más recursos materiales y humanos. Se necesita la actualización de los medios coercitivos acordes a la realidad actual, la implementación de los dispositivos TASER para situaciones controladas y excepcionales y de forma totalmente regulada.
El sindicato también reivindica que se actualice el Protocolo Específico de Actuación Frente a las Agresiones en los Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social (PEAFA); la equiparación salarial del colectivo de trabajadores de Instituciones Penitenciarias a las comunidades autónomas que tienen las competencias transferidas; una correcta clasificación de los internos y el análisis de las agresiones; la actualización de la catalogación de las infracciones disciplinarias cometidas por la población reclusa que datan del RP 1981; y una formación continua para el personal de estos centros.
